Más de 70 despedidas por la Junta que no paran de ganar juicios: "Algunas llevaban 25 años en esas escuelas infantiles"

Trabajadoras en cuatro provincias andaluzas y cinco centros perdieron su empleo cuando estos pasaron a manos públicas. Desde entonces luchan por recuperar sus puestos con la Justicia dándoles la razón

Trabajadoras despedidas de las escuelas infantiles con el presidente de la Junta Moreno Bonilla
Trabajadoras despedidas de las escuelas infantiles con el presidente de la Junta Moreno Bonilla

Elena y sus 72 compañeras eran, hasta hace un año, trabajadoras en cinco escuelas infantiles de Sevilla, Almería, Torrox en Málaga, Chipiona y La Línea de la Concepción. Entre ellas hay educadoras, limpiadoras y cocineras, y ya con la administración socialista les llegaron noticias inquietantes: un informe del Tribunal de Cuentas emplazaba a que el 31 de julio de 2019 estas escuelas debían pasar a gestión directa por parte de la Junta ya que ofrecen un servicio íntegro.

El equipo de Gobierno intentó solucionar la papeleta en con una moratoria de un año. Pero por medio de Comisiones Obreras les informaron al poco tiempo de que la Junta no había encontrado el modo legal de llevarlo a cabo, por lo que el verano de 2019, cuando llegaba la hora de la verdad se veían sin trabajo y casi desamparadas. Las 73 afectadas habían confiado en que, tras muchos años en esos centros y como les pasaba con los distintos adjudicatarios de las concesiones concertadas a esas escuelas, serían contratadas de forma regular. No fue así.

Han sido sustituidas por otras trabajadoras que han alcanzado la plaza, de momento interina a la espera de oposiciones, mediante la bolsa de trabajo. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, les dedica siempre unas palabras cuando se refieren a la opción de recuperar sus puestos: “Mérito, igualdad y capacidad“. Al despido, se ha unido la gravedad de la situación impuesta por el covid, que también ha llevado a que se pierdan puestos de trabajo en este sector. “Tengo compañeras que llevaban trabajando en sus centros más de 25 años y lo están pasando muy mal”. Elena, que rehusa dar su apellido porque solo quiere ser una simple portavoz de la causa de las 73, pide sobre todo celeridad en el proceso. “Ha pasado ya un año y los juicios se suspenden con lo del covid… y se nos está haciendo muy lento. Solo nos queda presionarlos, perseguirlos a todos lados”.

En todo este tiempo, han tenido también buenas noticias, como están siendo las resoluciones de los juicios de compañeras ya celebrados. Excepto las de la escuela de La Línea, el resto ha recurrido a la justicia por privado, y de las 12 sentencias, tres han determinado que son despidos nulos y las nueve restantes que son improcedentes. “De los tres casos nulos, hoy nos hemos enterado de que ya se ha puesto en contacto con ellas la Consejería y mañana deben incorporarse a trabajar”. En el caso de los improcedentes, la Junta ha tramitado un recurso firme y tienen notificación de otros dos, lo que parece tensar más la cuerda con la Administración. A pesar de ello, se agarran a las palabras del consejero Bendodo. “Nos ha dicho personalmente que ya no se van a recurrir más sentencias porque ha visto que todas las estamos ganando”. En cuanto a las posibilidades que se ofrecen tras las sentencias, lo tiene claro. “Queremos que se opte por la readmisión, no queremos indemnización”.

Pide que la Administración dé un paso al frente viendo cuál es la tónica con la que se están resolviendo los juicios y así no alargar más este asunto. “En algunas provincias los juicios están programados para una fecha muy lejana todavía, deberían solucionarlo de forma más rápida y no nos lleven a estar años esperando”. Adelante Andalucía registró una PNL sobre una mesa de trabajo, pero tampoco se ha puesto el consejero manos a la obra de momento. Precisamente a él lo persiguen a donde pueden para obtener respuestas. “Nos hemos convertido en la pesadilla de Imbroda. A donde va, allí estamos, pero ahora con esta situación nos lo encontramos menos. Pero cuando lo vemos le decimos que todas las sentencias nos dan la razón”. Muchas de las 73 han podido empezar a trabajar en otro lado, pero no dan por perdido su puesto en la escuela infantil en la que llevaban años. “Muchas han tenido que buscar otra cosa porque no se pueden permitir estar sin trabajar, encima ya estamos cobrando el 50% de la prestación y tampoco teníamos un sueldo alto”.

“Nosotras en ningún momento queremos que nos metan de forma ilegal ni por la cara. Pedimos lo que la misma Justicia nos está diciendo, que no debimos ser despedidas”, aclara la portavoz. Sin embargo, no es su intención desterrar a las ahora trabajadoras en esas escuelas. “Lo ideal sería que nos readmitieran y mantuvieran en los puestos actuales a las compañeras que han entrado por nosotras”. Tiene claro que si el error lo ha cometido la Administración, sea el color político que sea, lo deben solucionar sin que pague el eslabón más débil de la cadena, las trabajadoras, sean ellas 73 o las que ocupan ahora su lugar. Y por ello empatiza. “Para ellas todo esto ha debido ser difícil también. Se necesita un tiempo para llevarlo bien. Entraron en septiembre a centros muy grandes a trabajar, el mío por ejemplo son 148 alumnos y 2.000 metros cuadrados; sin conocer a los niños, a las demás compañeras, a las familias…”.

Todo este asunto ha desembocado en otro problema, muchas familias han acabado cambiando a sus hijos de centro al ver que no seguían ellas. “Son niños de 0 a 3 años, muy vulnerables, y las familias eligen mucho por el boca a oído, porque un hermano, un primo o un vecino estuvo aquí y lo tratamos bien…”. Pone el acento también en el impacto que supone para unos niños tan pequeños entrar en la escuela en septiembre y ver que no estaban las trabajadoras de siempre. “Es que además han cambiado a toda la plantilla, esos niños entraron y no conocían absolutamente a nadie. Si ya es a esas edades difícil para ellos las primeras semanas, imagina sin conocer a ninguna empleada del centro”. Y de las familias de esos alumnos se muestra contenta por el apoyo de ellas que han recibido.

En toda esta travesía, no solo han abordado a Imbroda para pedirle explicaciones, también al mismísimo presidente Moreno Bonilla. “Ya nos conoce, y la verdad es que siempre se para y habla con nosotras. Nos dice que está pendiente de nuestro asunto, que esperemos, que no puede acelerar el proceso porque sería prevaricar y que es la justicia quien debe decidir, que él no puede hacer nada”. Moreno Bonilla se parapeta en una justicia lenta que no para de dar la razón a unas trabajadoras que necesitan una solución rápida. Y, sobre todo, que temen que se alargue y el proceso vaya juicio tras juicio. El PSOE volverá a llevar su caso al Parlamento, pero el verano y la actual situación política y sanitaria no parece ser la mejor para que tengan cerca el final de esta pesadilla.

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