Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha culminado con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la defraudación masiva del IVA en la compraventa de dispositivos electrónicos. Bajo el nombre de Backmobile, la investigación ha permitido detener a 15 personas y decomisar 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y 75 vehículos. El fraude estimado podría superar los 20 millones de euros.
La red, que comenzó su actividad en 2019, operaba a través de un entramado de más de 20 sociedades mercantiles distribuidas por todo el territorio nacional. Según los investigadores, esta compleja estructura fue diseñada específicamente para esquivar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), utilizando tiendas de telefonía móvil como parte del sistema de blanqueo.
Esquema fraudulento y mercancía fantasma
El grupo criminal desarrolló una estrategia basada en el aprovisionamiento de móviles importados y en la adquisición de terminales, aprovechando promociones en grandes superficies. Posteriormente, se realizaban múltiples reventas encadenadas entre sociedades del mismo entramado, dificultando así el rastro de la mercancía.
Para justificar estas operaciones ficticias, simulaban envíos de teléfonos móviles mediante empresas de paquetería. No obstante, las cajas contenían madera o botellas de agua, con un peso idéntico al declarado en las facturas. Esta táctica buscaba engañar a las autoridades y “justificar la venta y entrega de los terminales”, tal como ha sido confirmado durante la investigación.
Los dispositivos eran finalmente vendidos como reacondicionados, tanto en el mercado nacional –mediante el uso indebido del Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)– como en otros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico. La aplicación sistemática de estos métodos permitía ofrecer precios muy por debajo del mercado, acaparando la competencia y generando grandes beneficios.
Durante la investigación, se llevó a cabo un exhaustivo análisis económico-patrimonial que reveló cómo los líderes de la organización destinaban buena parte de sus ganancias ilícitas a la compra de inmuebles en diversas provincias. Han sido bloqueadas 146 propiedades y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos mediante estas actividades.
La fase de explotación de la operación se realizó a finales del mes pasado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Málaga. Se llevaron a cabo 23 registros en domicilios y , según los datos facilitados por los investigadores, los detenidos se distribuían en Málaga (cinco), Valencia (cinco), Madrid (dos), Sevilla (uno), Cádiz (uno) y Barcelona (uno), con intervenciones que confirman el alcance nacional de esta red de delincuencia económica organizada.