Habrá movilizaciones de los trabajadores de Renfe y Adif por el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. Los comités de empresa de estas compañías se oponen a cualquier decisión que suponga la segregación de los servicios que prestan las empresas públicas estatales, tomando como decisión unánime la paralización del ferrocarril en todo el Estado.
Los comités generales de empresa del Grupo Renfe (Semaf, UGT, CCOO, CGT y SF) y de ADIF (CCOO, UGT, CGT, SCF Y SF) acuerdan por unanimidad llevar a cabo movilizaciones en contra de la segregación que viene derivada del acuerdo entre PSOE y ERC, y frente a la privatización encubierta de la sociedad Renfe Mercancías.
La privatización de Renfe Mercancías, otorgando a una sociedad privada los vehículos nuevos, los servicios y contratos de servicio, junto con la segregación de las empresas Renfe y Adif motivadas por la transferencia de Rodalies y el traspaso de las infraestructuras ferroviarias, sacando buena parte de las líneas de la RFIG, cediendo al personal y generando duplicidades de gasto, suponen decisiones equivocadas y deficientes para el erario público, el derecho de las personas trabajadoras y el funcionamiento del sistema ferroviario, critican los comités. Por ello, convocan paros de 24 horas los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre.
Los comités temen que con el traspaso de Rodalies, venga una segregación de dos empresas públicas que puede afectar a unos 4.000 trabajadores de las dos compañías en Cataluña. Unos 2.500 empleados en Renfe y otros 1.500 en Adif.
“Los trabajadores quieren seguir perteneciendo a las empresas. No nos oponemos al traspaso, sino a que eso suponga una segregación de las empresas públicas. Queremos que no conlleve que se desliguen del grupo Renfe y Adif, queremos una negociación”, asegura Pepa Páez, secretaria general de ferroviario de CCOO, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles, con presencia de los sindicatos con representación.
Los sindicatos piden al Gobierno la creación de una mesa de diálogo con los altos representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como ocurrió en 2010. “Las condiciones laborales, el marco jurídico, el convenio colectivo se van a vulnerar con una segregación de dos empresas. Queremos que se garantice que los trabajadores estén protegidos y formen parte del mismo grupo empresarial, los actuales y los que entren. A día de hoy no tenemos nada encima de la mesa”, señala Diego Martín, secretario general del sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf).
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