El día 6 de abril, un grupo de científicos llevó la alarma sobre la emergencia climática y ecológica al Congreso de los Diputados, tiñendo la entrada con zumo de remolacha y humo de colores. Con esta acción, integrantes de Rebelión Científica denunciaban la inacción de los gobiernos frente a la crisis climática.
Una movilización que fue cortada por lo sano. La Brigada Antiterrorista incluso llegó a actuar y fueron detenidas 14 personas acusadas de "delito de daños a las instituciones del Estado".
La ambientóloga Marga García Pallarés fue una de las detenidas. "Soy una de las personas acusadas por 'daños' y 'contra las instituciones del Estado'. Soy una de las miles que exigen acción climática".
Marta entiende que su detención y la del resto de compañeras y compañeros no fue un hecho aislado. "Es parte de una estrategia más amplia de criminalización de la protesta y de intimidación de los movimientos sociales".
"¿Qué le pasa a una sociedad que criminaliza a científicas y activistas por llamar la atención de lo que realmente importa, la crisis climática y energética, mientras los verdaderos criminales campan a sus anchas?", se pregunta.
Pero, a pesar de ese intento de frenarles, tiene claro que "nos podrán intimidar, nos podrán multar, nos podrán detener, nos podrán tachar de terroristas... ¡Pero no nos podrán parar!".