Con el titular de la cartera autonómica, Javier Imbroda, desaparecido, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, expresó este pasado martes que defiende el "perfecto derecho" de los padres a no llevar a los niños a clase en la compleja vuelta al cole en tiempos de covid.
A preguntas de los periodistas en Sevilla acerca de la vuelta a las aulas en septiembre y sobre los padres que amagan con no llevar a los pequeños a clase por inseguridad, Marín ha explicado que la obligación del Gobierno andaluz "es velar por la seguridad de todos los alumnos, los profesores y los profesionales, y todos los recursos se están poniendo encima de la mesa", si bien entiende que él mismo, como padre que es, "soy que el que tengo la última palabra a la hora de decidir si mi hijo va al cole o no, y eso es respetable".
La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, no ha tardado en replicarle y, tras la reunión de la Comisión General de la Conferencia de Educación, ha señalado que Andalucía ha pedido al Ministerio de Educación y Formación Profesional que tiene que dejar claro que la no asistencia a los centros educativos "no es un opción en la enseñanza básica", al tiempo que asegura que "ha quedado de manifiesto" que la incorporación a las aulas "se va a hacer con presencialidad".
UGT, por su parte, ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para retrasar el comienzo de curso escolar "si no se garantiza la seguridad de alumnos y personal educativo". En un comunicado, se ha preguntado qué va a pasar con el inicio de curso cuando "ya se deberían estar preparando los centros para acoger al alumnado", lo que "hace pensar que la Consejería de Educación pretende llevar a cabo el inicio de curso, en su fecha y de manera presencial, aunque la comunidad educativa aún no ha sido informada al respecto".
Señala que este miércoles "todas las miradas estarán puestas" en la Mesa Sectorial de Educación, donde representantes de la Consejería y de otros sindicatos, abordarán el inicio de curso. "Las decisiones que allí se tomen, no afectarán solo al sector educativo: el riesgo de contagios en las aulas y la cuarentena que tendrían que pasar los padres y familiares de los alumnos, tendría una incidencia directa en el resto de sectores productivos", manifiesta.
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