“Ya perdí todo lo que tenía que perder…”, responde Mari Ángeles González cuando se le pregunta, al inicio de la entrevista, si no le importa que aparezca su nombre y su cara en las fotografías. Nada menos que a sus cinco hijos se refiere, de 27, 20, 18, 15 y tres años. “Escucho la sirena de los colegios o a niños jugar en el parque y no puedo mirar…”, agrega.
Hace 20 años que Mari Ángeles González, una vecina de Jerez, lleva luchando para recuperar a sus hijas. Su vida está plagada de baches, de dificultades que ha ido sorteando, pero que no la dejan levantar cabeza. “Me siento desprotegida, esto no es protección de menores, es una dictadura”, comenta durante una conversación en la que no puede evitar derramar lágrimas.
Hay que echar la vista dos décadas atrás para comenzar a entender el inicio de los problemas de Mari Ángeles. Con una pareja anterior tuvo a sus primeras hijas. La mayor apenas tenía siete años cuando le retiraron la custodia. La madre jerezana, que fue víctima de violencia de género, se vio en la calle con sus hijas, sin ingresos ni ayudas, y con el padre ausente.
“Fui al albergue a pedir ayuda, y la ayuda que me dieron fue quitarme a mis niñas”, expresa Mari Ángeles sollozando. Ahí empezó su calvario. Las pequeñas, desde entonces, alternaron estancias en centros de menores con etapas con familiares. La hija mayor se fue a Mallorca con unos tíos suyos. Con las dos menores estuvo en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. “Me dieron que no podían ayudarme, que denunciara”, recuerda.
La vida de Mari Ángeles se derrumbó cuando, tras acudir a un albergue, le comunicaron que se iban a llevar a sus hijas —la segunda y la tercera— a centros de menores. “Ellas era lo único que tenía, perdí la vida”, dice. “Nos mantenía el padre de ella —dice, señalando a Soraya, la tercera, que la acompaña en la entrevista—, que trabajaba en un mercadillo sin contrato, pero estaba enfermo”, relata.
En un cumpleaños de Soraya, siendo pequeña, que le celebraron unos amigos de Mari Ángeles, la madre jerezana conoció a un hombre con el que comenzó una relación, fruto de la cual nació su cuarto hijo, Eliú, que ahora tiene 15 años. “Con este hombre estuve bastante bien, teníamos estabilidad, éramos felices…”, recuerda.
Hasta que llegó el juicio por violencia de género tras la denuncia que puso al padre de sus hijas mayores. “Su familia me machacaba psicológicamente, me decían que no me quería nadie. Yo no veía más allá de mi nariz, entré en una depresión. En el juicio dije que había vuelto con él por hacerle un favor a los padres, pero no era verdad. Me convencieron de que me iban a ayudar, pero no fue así”, apunta.
Durante casi tres años estuvo cobrando la renta activa de inserción (RAI) que le correspondía por ser víctima de violencia de género, pero ninguna ayuda recibió de su ex familia política. Ese día, el del juicio, también quiso hacer las paces con una de las tías de sus niñas, a la que invitó a una barbacoa en su casa. “Vino con su novio y se fue con el que era mi pareja”, dice. Un nuevo bache en su vida.
Con el paso de los años, con otra pareja distinta, un techo bajo el que vivir y un trabajo estable, Mari Ángeles González volvió a quedarse embarazada. Habiendo pasado trece años desde que le retiraron la custodia de sus niñas, nunca pensó que podría volver a vivir lo mismo con la pequeña de las cinco, que tiene ahora tres años. Pero le pasó.
“Con 16 días me la quitaron, me dicen que no estoy capacitada para criarla”, cuenta Mari Ángeles. “No me han hecho un seguimiento, pero mi vida ha cambiado mucho en estos años”, se queja. "Me la quitaron por supuestas denuncias que han puesto mis hijas, pero nunca he visto esas denuncias". "El padre de mi bebé y yo nos hemos separado por el sufrimiento, por el dolor que hemos pasado”, cuenta la madre jerezana.
Durante unos meses, la pequeña estuvo viviendo con unos tíos de su expareja. "No habían tenido hijos pero habían criado a sus sobrinos, los vieron aptos y les entregamos a la niña", recuerda. Entonces, podía ver a su hija pequeña una hora a la semana. Soraya, la tercera hija de Mari Ángeles, veía media hora al mes a su hermana. "Pero fueron engañados, a los 18 meses les quitaron a la niña", relata la madre. Ahora se encuentra con una familia en preadopción, el paso previo a la adopción.
"Esto es un negocio. Por cada niño que tutelan les dan 60.000 euros. Nosotros los trabajadores pagamos nuestro propio infierno", relata González. "Cuando cumplen 18 años regresan a su familia con mucho amor-odio, porque no entienden lo que ha pasado". Soraya, que acompaña a su madre en la entrevista, estuvo varios años en centros de menores, aunque se escapaba siempre que podía. "No he delinquido para que me tuvieran encerrada, yo les decía que o con mi madre o nada", cuenta ella.
Dentro del centro de menores, Soraya cuenta que vivió situaciones de todo tipo. "Te castigan sin comer, te empastillan, el tabaco está prohibido pero entra de todo —tabaco, navaja, drogas—, te metían en la bañera con agua fría, un libro en la mano y la ropa más incómoda que tuvieras... Además, hay mucho machismo, no te dejan dormir en camiseta porque entraban los educadores y nos miraban", dice. A ella, cuenta, le decían que su madre era "una petarda", que "no estaba bien de la cabeza y nunca había querido responsabilidades".
Soraya, dentro de un centro de menores, se quedó embarazada de otro chico interno. Ella asegura que la obligaron a abortar. "Me escapé para irme con la familia del chaval que iba a ser el padre porque tenía miedo", relata. Pero finalmente, terminó abortando por las presiones. "Tres días antes de abortar me recibió la directora del centro, que estaba embarazada, y una compañera me dijo que le tocara la barriga... Ella dijo que no, que yo ya tenía el mío, pero por poco tiempo", recuerda. "A mi hijo lo quería, ya le tenía nombre y todo, había visto ropa, la cuna, el carro... Pero si eres hija de la Mari no tienes derecho a nada, porque es una petarda", suelta.
La hija mayor de Mari Ángeles, que ahora tiene 27 años, tampoco tiene hijos "por miedo". "Mis hijas viven acojonadas, siempre recordando el pasado, porque lo han pasado muy mal". El día que se llevaron a su hija menor, coincidió con la muerte del hermano de Mari Ángeles. "Y después dicen que no estoy bien, pero llevo una mochila muy grande, siempre luchando sola", recalca, que se arrepiente de haber pedido ayuda, en su día, a los servicios sociales. "El Estado nos está destruyendo, hacen copia y pega de los informes para quitar niños". La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que regula la protección de menores tutelados, consultada por lavozdelsur.es, prefiere no hacer declaraciones sobre este asunto, al encontrarse judicializado.
La Asociación Nacional del Menor Tutelado, una entidad sin ánimo de lucro, que lucha contra lo que creen que es "un genocidio viviente de lesa humanidad", cifra en 60.000 los menores tutelados por la Administración en todo el país. En Andalucía, unos 3.700 según datos de 2021 aportados por la Junta. "La Administración no necesita una orden de un juzgado para ir a una guardería, un colegio o un hospital y llevarse a los niños. En el caso de los recién nacidos, hay madres que no llegan ni a ver a sus hijos", contaba hace unos meses a lavozdelsur.es Pepe Maldonado, presidente de la asociación.
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