Las organizaciones que defienden el sistema público de pensiones en Andalucía han mostrado su rechazo a las cantidades previstas en los Presupuestos de la Junta para 2027, especialmente al incremento del complemento autonómico destinado a las personas que reciben pensiones no contributivas. Según sus cálculos, la subida se quedará en apenas 69 céntimos mensuales, una cifra que consideran insuficiente para mejorar la situación económica de los pensionistas con menores ingresos.
El Movimiento Andaluz en Defensa del Sistema Público de Pensiones (MADPP) y la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coanpe-Coespe) reclaman al Gobierno andaluz que aproveche la tramitación presupuestaria para aumentar estas ayudas y reducir las listas de espera tanto en pensiones como en dependencia.
Las organizaciones plantean destinar 100,7 millones de euros adicionales al complemento autonómico, tomando como referencia la reducción presupuestaria experimentada por la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía desde 2020.
De 13,72 a 14,40 euros al mes: la subida que critican los pensionistas
Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que carecen de recursos suficientes y que no han cotizado o no reúnen el periodo mínimo exigido para acceder a una pensión contributiva. Según los datos recogidos por el movimiento pensionista, su cuantía en 2026 asciende a 628,20 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 8.803,20 euros anuales.
A esta cantidad se suma en Andalucía un complemento autonómico que actualmente alcanza los 192,04 euros anuales, unos 13,72 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. El proyecto presupuestario de 2027 contempla un incremento del 5% en la partida destinada a estas ayudas, hasta alcanzar 20.573.531 euros, con una estimación de 102.031 personas beneficiarias.
Según los cálculos de las organizaciones, el complemento pasaría a situarse en 201,64 euros al año, unos 14,40 euros mensuales.
Los colectivos consideran que la subida resulta especialmente escasa para quienes perciben las prestaciones más bajas del sistema y aseguran que Andalucía tiene el complemento más reducido entre las comunidades autónomas que ofrecen esta ayuda.
Reclaman utilizar 100 millones para mejorar las pensiones más bajas
Madpp y Coanpe plantean una alternativa presupuestaria basada en la evolución de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa). Según explican, en 2020 esta prestación contaba con una dotación de 135.747.971,43 euros, mientras que el proyecto de Presupuestos de 2027 prevé destinarle 35 millones.
Las organizaciones relacionan esta disminución con la implantación del Ingreso Mínimo Vital, financiado por el Gobierno central, al que han pasado a acogerse muchas personas que anteriormente solicitaban la prestación autonómica.
A partir de esa diferencia, que cifran en 100.747.971 euros, sostienen que la Junta dispone de margen para reforzar las pensiones no contributivas. Su propuesta consiste en repartir esa cantidad entre los 102.031 perceptores estimados, lo que supondría, según sus cálculos, 987,43 euros adicionales al año por persona, equivalentes a unos 70,53 euros mensuales en 14 pagas.
El movimiento pensionista exige que esta cantidad se incorpore a las ayudas autonómicas para avanzar hacia una situación en la que ninguna pensión quede por debajo del umbral de pobreza.
Siete meses de espera para una pensión que debería resolverse en tres
Las críticas no se limitan a las cuantías económicas. Los colectivos denuncian que las solicitudes de pensiones no contributivas tardan alrededor de siete meses en resolverse en Andalucía, cuando el plazo máximo legal que señalan es de 90 días.
Por este motivo, reclaman a la Consejería de Inclusión Social un plan de choque que permita reforzar las plantillas encargadas de tramitar los expedientes y reducir las demoras.
Su petición es que los procedimientos vuelvan a resolverse dentro de los tres meses establecidos legalmente, evitando que las personas solicitantes deban esperar durante periodos prolongados para conocer si tienen derecho a la prestación.
Más residencias públicas y menos listas de espera en dependencia
El segundo gran bloque de reivindicaciones está relacionado con la atención a las personas dependientes.
Las organizaciones sostienen, basándose en los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayores demoras en la resolución de expedientes y que dedica menos gasto por beneficiario que el resto.
Ante esta situación, exigen que los presupuestos de 2027 contemplen un aumento de la aportación autonómica hasta alcanzar, según su propuesta, una financiación equivalente al 50% que atribuyen al Gobierno central.
También reclaman que los fondos estatales destinados a dependencia se utilicen exclusivamente para esta finalidad y que se ponga en marcha un plan urgente para reducir los tiempos de resolución hasta el máximo legal de 180 días.
Los pensionistas piden, además, que los límites mensuales de nuevas incorporaciones al sistema no provoquen demoras adicionales.
Otra de sus reivindicaciones es la ampliación progresiva de las residencias y centros de día públicos, especialmente en las zonas rurales, donde consideran que la falta de plazas obliga a numerosas familias a recurrir a centros privados y asumir un importante esfuerzo económico.
Las organizaciones insisten en que la atención a la dependencia debe garantizarse como un derecho y no quedar condicionada por las dificultades económicas de las personas afectadas.
Con estas propuestas, el movimiento pensionista pretende que la tramitación de los Presupuestos andaluces de 2027 incorpore mayores recursos para las personas con pensiones más bajas y para quienes necesitan atención por su situación de dependencia.
Las organizaciones que defienden el sistema público de pensiones en Andalucía han mostrado su rechazo a las cantidades previstas en los Presupuestos de la Junta para 2027, especialmente al incremento del complemento autonómico destinado a las personas que reciben pensiones no contributivas. Según sus cálculos, la subida se quedará en apenas 69 céntimos mensuales, una cifra que consideran insuficiente para mejorar la situación económica de los pensionistas con menores ingresos.
El Movimiento Andaluz en Defensa del Sistema Público de Pensiones (MADPP) y la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coanpe-Coespe) reclaman al Gobierno andaluz que aproveche la tramitación presupuestaria para aumentar estas ayudas y reducir las listas de espera tanto en pensiones como en dependencia.
Las organizaciones plantean destinar 100,7 millones de euros adicionales al complemento autonómico, tomando como referencia la reducción presupuestaria experimentada por la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía desde 2020.
De 13,72 a 14,40 euros al mes: la subida que critican los pensionistas
Las pensiones no contributivas están destinadas a personas que carecen de recursos suficientes y que no han cotizado o no reúnen el periodo mínimo exigido para acceder a una pensión contributiva. Según los datos recogidos por el movimiento pensionista, su cuantía en 2026 asciende a 628,20 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 8.803,20 euros anuales.
A esta cantidad se suma en Andalucía un complemento autonómico que actualmente alcanza los 192,04 euros anuales, unos 13,72 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. El proyecto presupuestario de 2027 contempla un incremento del 5% en la partida destinada a estas ayudas, hasta alcanzar 20.573.531 euros, con una estimación de 102.031 personas beneficiarias.
Según los cálculos de las organizaciones, el complemento pasaría a situarse en 201,64 euros al año, unos 14,40 euros mensuales.
Los colectivos consideran que la subida resulta especialmente escasa para quienes perciben las prestaciones más bajas del sistema y aseguran que Andalucía tiene el complemento más reducido entre las comunidades autónomas que ofrecen esta ayuda.
Reclaman utilizar 100 millones para mejorar las pensiones más bajas
Madpp y Coanpe plantean una alternativa presupuestaria basada en la evolución de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa). Según explican, en 2020 esta prestación contaba con una dotación de 135.747.971,43 euros, mientras que el proyecto de Presupuestos de 2027 prevé destinarle 35 millones.
Las organizaciones relacionan esta disminución con la implantación del Ingreso Mínimo Vital, financiado por el Gobierno central, al que han pasado a acogerse muchas personas que anteriormente solicitaban la prestación autonómica.
A partir de esa diferencia, que cifran en 100.747.971 euros, sostienen que la Junta dispone de margen para reforzar las pensiones no contributivas. Su propuesta consiste en repartir esa cantidad entre los 102.031 perceptores estimados, lo que supondría, según sus cálculos, 987,43 euros adicionales al año por persona, equivalentes a unos 70,53 euros mensuales en 14 pagas.
El movimiento pensionista exige que esta cantidad se incorpore a las ayudas autonómicas para avanzar hacia una situación en la que ninguna pensión quede por debajo del umbral de pobreza.
Siete meses de espera para una pensión que debería resolverse en tres
Las críticas no se limitan a las cuantías económicas. Los colectivos denuncian que las solicitudes de pensiones no contributivas tardan alrededor de siete meses en resolverse en Andalucía, cuando el plazo máximo legal que señalan es de 90 días.
Por este motivo, reclaman a la Consejería de Inclusión Social un plan de choque que permita reforzar las plantillas encargadas de tramitar los expedientes y reducir las demoras.
Su petición es que los procedimientos vuelvan a resolverse dentro de los tres meses establecidos legalmente, evitando que las personas solicitantes deban esperar durante periodos prolongados para conocer si tienen derecho a la prestación.
Más residencias públicas y menos listas de espera en dependencia
El segundo gran bloque de reivindicaciones está relacionado con la atención a las personas dependientes.
Las organizaciones sostienen, basándose en los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayores demoras en la resolución de expedientes y que dedica menos gasto por beneficiario que el resto.
Ante esta situación, exigen que los presupuestos de 2027 contemplen un aumento de la aportación autonómica hasta alcanzar, según su propuesta, una financiación equivalente al 50% que atribuyen al Gobierno central.
También reclaman que los fondos estatales destinados a dependencia se utilicen exclusivamente para esta finalidad y que se ponga en marcha un plan urgente para reducir los tiempos de resolución hasta el máximo legal de 180 días.
Los pensionistas piden, además, que los límites mensuales de nuevas incorporaciones al sistema no provoquen demoras adicionales.
Otra de sus reivindicaciones es la ampliación progresiva de las residencias y centros de día públicos, especialmente en las zonas rurales, donde consideran que la falta de plazas obliga a numerosas familias a recurrir a centros privados y asumir un importante esfuerzo económico.
Las organizaciones insisten en que la atención a la dependencia debe garantizarse como un derecho y no quedar condicionada por las dificultades económicas de las personas afectadas.
Con estas propuestas, el movimiento pensionista pretende que la tramitación de los Presupuestos andaluces de 2027 incorpore mayores recursos para las personas con pensiones más bajas y para quienes necesitan atención por su situación de dependencia.
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