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Margalida, de 87 años, gana la batalla judicial contra dos inmobiliarias que querían desahuciarla y evita un nuevo 'caso Maricarmen'

Un Juzgado de Palma rechaza el desahucio solicitado por las sociedades propietarias del edificio, que alegaban retrasos en el pago de un alquiler de renta antigua

  • Margalida, de 87 años, llegando al Juzgado de Palma.

Margalida, una mujer de 87 años que lleva viviendo más de seis décadas en el mismo piso de Palma de Mallorca, podrá continuar en su hogar. El Juzgado de Primera Instancia número 1 ha desestimado la demanda de dos sociedades inmobiliarias que pretendían extinguir su contrato de alquiler de renta antigua y desahuciarla por retrasos en el pago de varias mensualidades. Su caso recuerda al de Maricarmen, de 87 años, quien falleció poco despues de ser desahuciada en Madrid.

La resolución, que todavía no es firme, también condena a las empresas propietarias a pagar las costas judiciales. El magistrado considera que los retrasos estuvieron condicionados por circunstancias personales extraordinarias y que no existió un incumplimiento suficientemente grave para justificar la expulsión de la inquilina.

Más de 60 años en la misma vivienda y un alquiler firmado en 1963

La historia de Margalida con su casa del barrio de Pere Garau comenzó en 1963, cuando su marido firmó un contrato de arrendamiento por 13.200 pesetas anuales. Tras el fallecimiento de este en 2008, ella asumió la titularidad del alquiler. Durante décadas, los pagos se realizaron agrupados, generalmente una vez al año, sin que los anteriores propietarios pusieran objeciones relevantes.

La situación cambió en marzo de 2021, cuando las sociedades Choper Balear SL y Camí Balear 2020 SL adquirieron el inmueble. Los nuevos propietarios reclamaron después el pago mensual y, en julio de 2025, presentaron una demanda por supuestos incumplimientos reiterados.

Dos cánceres y una caída que le provocó graves lesiones

La sentencia recoge que Margalida atravesó importantes problemas de salud durante 2023 y 2024. Fue sometida a tratamientos oncológicos, incluida una mastectomía, y sufrió posteriormente una caída que le provocó lesiones vertebrales y la obligó a trasladarse temporalmente a casa de su hijo.

El juez señala que estas circunstancias dificultaron su adaptación al nuevo sistema de cobro y que no quedó acreditado que se le hubiera comunicado correctamente el cambio de periodicidad. También destaca que tanto ella como su hijo abonaron las cantidades reclamadas sin oposición, incluso antes de que se presentara la demanda judicial.

El magistrado concluye que los hechos constituyen "una situación excepcional" y que los retrasos no pueden considerarse un incumplimiento esencial del contrato. Tampoco aprecia que las sociedades hayan demostrado un perjuicio económico efectivo.

"Quería morir en su casa, en su barrio"

La abogada de Margalida, Aina Díaz, había denunciado además distintas actuaciones de los propietarios, como la retirada del telefonillo y del nombre de la mujer del buzón, así como irregularidades relacionadas con el suministro de agua. La sentencia no entra a valorar estas acusaciones de posible acoso inmobiliario.

Según explicó la letrada, la voluntad de la octogenaria siempre fue regresar al lugar donde había pasado prácticamente toda su vida. "Quería morir en su casa, en su barrio, donde se siente segura y conoce a todo el mundo", relató Díaz.

Margalida, una mujer de 87 años que lleva viviendo más de seis décadas en el mismo piso de Palma de Mallorca, podrá continuar en su hogar. El Juzgado de Primera Instancia número 1 ha desestimado la demanda de dos sociedades inmobiliarias que pretendían extinguir su contrato de alquiler de renta antigua y desahuciarla por retrasos en el pago de varias mensualidades. Su caso recuerda al de Maricarmen, de 87 años, quien falleció poco despues de ser desahuciada en Madrid.

La resolución, que todavía no es firme, también condena a las empresas propietarias a pagar las costas judiciales. El magistrado considera que los retrasos estuvieron condicionados por circunstancias personales extraordinarias y que no existió un incumplimiento suficientemente grave para justificar la expulsión de la inquilina.

Más de 60 años en la misma vivienda y un alquiler firmado en 1963

La historia de Margalida con su casa del barrio de Pere Garau comenzó en 1963, cuando su marido firmó un contrato de arrendamiento por 13.200 pesetas anuales. Tras el fallecimiento de este en 2008, ella asumió la titularidad del alquiler. Durante décadas, los pagos se realizaron agrupados, generalmente una vez al año, sin que los anteriores propietarios pusieran objeciones relevantes.

La situación cambió en marzo de 2021, cuando las sociedades Choper Balear SL y Camí Balear 2020 SL adquirieron el inmueble. Los nuevos propietarios reclamaron después el pago mensual y, en julio de 2025, presentaron una demanda por supuestos incumplimientos reiterados.

Dos cánceres y una caída que le provocó graves lesiones

La sentencia recoge que Margalida atravesó importantes problemas de salud durante 2023 y 2024. Fue sometida a tratamientos oncológicos, incluida una mastectomía, y sufrió posteriormente una caída que le provocó lesiones vertebrales y la obligó a trasladarse temporalmente a casa de su hijo.

El juez señala que estas circunstancias dificultaron su adaptación al nuevo sistema de cobro y que no quedó acreditado que se le hubiera comunicado correctamente el cambio de periodicidad. También destaca que tanto ella como su hijo abonaron las cantidades reclamadas sin oposición, incluso antes de que se presentara la demanda judicial.

El magistrado concluye que los hechos constituyen "una situación excepcional" y que los retrasos no pueden considerarse un incumplimiento esencial del contrato. Tampoco aprecia que las sociedades hayan demostrado un perjuicio económico efectivo.

"Quería morir en su casa, en su barrio"

La abogada de Margalida, Aina Díaz, había denunciado además distintas actuaciones de los propietarios, como la retirada del telefonillo y del nombre de la mujer del buzón, así como irregularidades relacionadas con el suministro de agua. La sentencia no entra a valorar estas acusaciones de posible acoso inmobiliario.

Según explicó la letrada, la voluntad de la octogenaria siempre fue regresar al lugar donde había pasado prácticamente toda su vida. "Quería morir en su casa, en su barrio, donde se siente segura y conoce a todo el mundo", relató Díaz.

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