José Bretón carteándose con un escritor para confesar el asesinato de sus dos hijos, Ana Julia preparando un documental desde la cárcel sobre el asesinato del pequeño Gabriel y Miguel Carcaño manejando una tablet y móvil como si estuviera en su casa. Estas imágenes, que parecerían inverosímiles para muchos ciudadanos, reflejan una realidad cada vez más común en las cárceles españolas: la percepción de que algunos asesinos conviven con una serie de comodidades impensables frente al daño irreparable que causaron. ¿Hasta qué punto el sistema penitenciario está ofreciendo privilegios injustificados?
Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos pequeños en 2011, ha estado recientemente de actualidad por El odio, un polémico libro de Luisgé Martín que, por ahora, no ha visto la luz. Durante dos años, el asesino estuvo carteándose con el escritor para ofrecer datos sobre sus atrocidades. Resulta inquietante que alguien capaz de matar a sus dos hijos de una forma tan brutal disponga de los medios para emprender una obra literaria a través de terceros. Un libro como forma de perpetuar el daño sobre Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los pequeños asesinados por su padre.
Ana Julia Quezada, responsable del asesinato del pequeño Gabriel Cruz en 2018, tampoco ha pasado desapercibida. Se ha sabido que trabajaba en un documental sobre su vida. Con hasta cuatro móviles parece que habría contado en prisión para realizar grabaciones del interior para un documental por el que esperaba cobrar 300.000 euros y en el que para nada iba a reflejar arrepentimiento alguno. Para conseguir los dispositivos, Quezada habría ofrecido favores sexuales a trabajadores de la prisión en la que se encuentra.
Y otro caso más. Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, ha sido otro de los nombres que vuelve a estar en boca de todos por sus privilegios en la cárcel, desde móvil, tablet y conexión wifi hasta más de 120 cajetillas de tabaco. Aunque el uso de tecnología no está prohibido si se ajusta a ciertos fines educativos o de reinserción, la pregunta persiste: ¿es razonable que alguien que ha cambiado para siempre la vida de una familia pueda disfrutar de privilegios que muchas personas en libertad no tienen? La línea entre rehabilitación y favores se vuelve borrosa.
No son casos aislados
Los casos no son aislados. En varias cárceles del país, se permite que algunos internos participen en talleres de escritura, producción audiovisual o manejo de tecnología, bajo el argumento de fomentar la reinserción. Sin embargo, cuando la tecnología y privilegios son usadas por autores de crímenes especialmente crueles, el discurso choca frontalmente con el sentimiento de una parte importante de la sociedad, que considera estas situaciones como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.
En un contexto donde la ciudadanía exige mayor justicia, transparencia y reparación, estos episodios abren un debate urgente sobre los límites de los derechos de los presos y la función real de las instituciones penitenciarias. ¿Qué está pasando en algunas cárceles? ¿Quiénes controlan a esos trabajadores que ofrecen privilegios a cambio de otro tipo de favores?