Elena Fernández se levanta todos los días a las 6:45 horas para irse a trabajar a un pueblo de la provincia de Sevilla al que tarda una media hora en llegar desde su casa. A las 7:30 horas sale cada mañana después de preparar la casa por encima, prepararle el bocadillo a sus dos hijos, quitar algún plato de la cena que se quedó en el fregadero la noche antes y tomarse un café con leche sin tostada a la velocidad de la luz. A las 8:00, Elena está ya en el instituto donde trabaja como monitora de integración social para comenzar su tarea diaria que complementa con un trabajo por la tarde. No regresa a casa hasta las 19:30 horas, 12 horas fuera de casa para poder sobrevivir.
El cometido de Elena, como el de las 1.300 personas -en su gran mayoría mujeres- que desempeñan esta labor en los colegios e institutos públicos andaluces, es vital para los alumnos con diversidad funcional. Elena hace de todo: cambia pañales a alumnos que no controlan su esfínter, lleva a las aulas a los niños y niñas en silla de ruedas, da clases de apoyo al alumnado con necesidades especiales, recoge vómitos, hacer guardias en el recreo y se encarga de que las personas con espectro autista tengan a punto sus pizarras visuales.
Elena, con dos hijos a su cargo, tiene un salario mensual de 860 euros por ser la mujer que permite que los niños y niñas con algún tipo de discapacidad física o intelectual tengan derecho a una educación lo más igualitaria posible que el resto de sus compañeros.
Desde que entra hasta que sale a las 14:30 horas, esta psicóloga, que no se puede poner enferma porque la empresa que la tiene subcontratada no le paga los días que no acude al instituto aunque lleve un parte médico que justifique la ausencia, no da abasto para atender a un alumno con parálisis cerebral, dos con espina bífida y otro con trastorno del espectro autista. Y eso siempre que el director del instituto no la reclame para ninguna otra actividad. “Nosotras somos chicas para todo”, se queja la monitora, que tiene un contrato de 30 horas a la semana.
Contratos de 25 y 30 horas
La trabajadora social Patricia Cuadrado trabaja desde hace un año en un colegio de educación primaria con un contrato de 25 horas a la semana. Hace las mismas funciones que Elena, pero todavía cobra menos porque las monitoras de los colegios tienen contratos con cinco horas menos a la semana que las de los institutos.
El salario de Patricia es de 714 euros al mes, al que hay que descontarle el transporte diario, 80 euros. Limpio de polvo y paja, unos 634 euros por hacerle seguimiento y acompañamiento en las necesidades higiénicas, educativas, sociales y de ocio de los niños y niñas con diversidad funcional de un colegio de primaria de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.
Hace un año, Patricia se negó a ponerle una sonda a una niña con espina bífida para que pudiera hacer pipí en el pañal. Como castigo, fue cambiada de centro en el mismo día. “Esas funciones, como la de poner insulina a los niños, las deben realizar profesionales sanitarios, así lo dice el convenio. Los padres y madres de alumnos deben saber que la Junta está permitiendo que monitores, que no tenemos ni idea de enfermería, hagamos tareas propias de una enfermera”, se despacha a gusto esta mujer que es una de la monitoras que ha comenzado a organizar a este colectivo para acabar con la precariedad pagada con dinero público.
Más de 1.000 monitoras privatizadas desde 2007
Patricia y Elena son dos de las más de 1.000 monitoras de integración social privatizadas por la Junta de Andalucía y contratadas por empresas que se hacen de oro a costa de la precariedad, la ansiedad y las noches sin dormir de estas mujeres que, en su gran mayoría, para poder llegar a fin de mes tienen que tener otro trabajo por la tarde con el que complementar el salario.
En concreto, Elena y Patricia están contratadas por la Fundación Samur, que es la empresa privada con quien la Agencia Pública de Educación y Formación, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, ha licitado este cometido fundamental para el normal funcionamiento de los centros educativos. Se da además la circunstancia de que las monitoras privatizadas realizan sus labores junto a monitores que son personal laboral de la Junta. Mientras una monitora cobra de media unos 800 euros al mes, el personal laboral recibe unos 1.300 euros de salario. Unos 500 euros por el mismo trabajo que en ocasiones se realiza en el mismo centro educativo.
Desde 2007, la Junta de Andalucía ha ido privatizado este servicio mientras tiene paralizada la bolsa de empleo de monitores de integración, según denuncian la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía. “Mientras personas tituladas en Integración Social esperan en las bolsas de vacantes, la Junta sigue privatizando el servicio con más centros públicos”, denuncia esta entidad.
Según los colectivos de monitoras privatizadas, que realizan sus funciones en 900 centros educativos públicos andaluces, el número de profesionales privatizados "casi duplica" al personal laboral. Unas 1.300 monitoras privadas frente a unas 700 con condiciones de trabajo dignas es el cálculo que hace el colectivo de monitoras privatizadas. Lejos de disminuir la privatización, el número de monitores que son personal laboral cada vez es menor porque a medida que se van produciendo bajas se sustituyen por personal precario contratado directamente por las empresas privadas.
Troceo de contratos
Otra de las quejas de las monitoras privatizadas es que la Junta de Andalucía ha troceado los contratos con las empresas privadas: “Por provincias, por comarcas y hasta por centros”, señala Patricia Cuadrado, quien lamenta que este tipo de contratación pública “por lotes” lo que conlleva es que sea casi imposible la unidad de los trabajadores para defender sus derechos y también le hace mucho más difícil a la Inspección de Trabajo la persecución del fraude.
En total, lo que la Junta ha gastado en privatizar este servicio en toda la comunidad autónoma ascienda a más de 11 millones de euros. Por cada hora de trabajo, la Consejería de Educación le le paga a la empresa privada 14,80 euros, mientras que las monitoras privatizadas reciben 4,75 euros por cada hora de trabajo. O lo que es lo mismo, las empresas privadas se quedan con más de la mitad del dinero que la Junta destina al servicio de atención a la diversidad en la educación pública andaluza. En otras palabras, de los 11 millones que la Junta paga por el servicio, las empresas privadas, que "no ponen ni las toallitas que se usan en los centros", denuncian las trabajadoras, se han embolsado 7,3 millones sólo en el último año.
Un negocio redondo del que se quejan amargamente hasta los directores de los centros públicos: “Las empresas nunca vienen a mi colegio a supervisar a sus trabajadoras, se lo llevan todo limpio de polvo y paja mientras que las monitoras tiene que tomar pastillas para soportar los dolores musculares de cargar y mover a niños y niñas que pesan 30 y 40 kilos”, manifiesta Luisa, nombre ficticio de la directora de un colegio público de un barrio periférico de la capital andaluza.
La Inspección de Trabajo se está personando en los centros y sancionando a las empresas por “cesión ilegal de trabajadores”, que está derivando en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligue a la Junta a incorporar a las monitoras privatizadas al cuerpo de personal laboral. Así ha ocurrido ya en la provincia Málaga con varias trabajadoras y desde CCOO esperan que progresivamente la justicia condene a la Junta a integrar al completo este servicio fundamental para la calidad de la educación pública.
En verano al paro
Patricia, Jessica, Rocío o Elena, que se han reunido con Comisiones Obreras para trasladarles las quejas del colectivo y organizar una respuesta conjunta para dignificar sus condiciones laborales, se quejan también de que, a pesar de que la Junta contrata por 12 meses, las empresas privadas despiden a las trabajadoras en verano para que el salario de verano lo pague el INEM en lugar de la empresa. Para las trabajadoras, ir al paro significa que en verano cobran un 70% menos de su salario. “Yo hay meses de verano que cobro 500 euros”, dice Patricia. “Pues yo ha habido años que he cobrado 330 euros”, dice Jessica al otro lado de la mesa.
“Las empresas privadas se están forrando mientras nosotras hay meses que no tenemos ni para pagar el alquiler”, apostilla Jessica, una joven de 34 años que recuerda que hay compañeras que han sido agredidas por alumnado con algún tipo de enfermedad mental sin que las empresas privadas las hayan llamado para ver cómo se encuentran.
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