La Junta revisará las políticas activas de empleo: más de la mitad de los andaluces está en paro o es precario

El Ejecutivo de PP y Cs se propone combatir la alta tasa de temporalidad y el subempleo que padece el mercado de trabajo en la comunidad

La consejera Rocío Blanco y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento, en una imagen de archivo
La consejera Rocío Blanco y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento, en una imagen de archivo

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo someterá a evaluación y revisión las políticas activas de empleo que se han venido ejecutando hasta el momento, así como las convocatorias activas, con el objetivo de medir los resultados obtenidos por estas políticas y diseñar nuevos incentivos con los que se pretende combatir la precariedad laboral y la alta tasa de temporalidad que padece el mercado de trabajo andaluz.

Así lo ha manifestado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante una comparecencia parlamentaria en la que ha expuesto las líneas generales de actuación de su departamento en la presente legislatura. Blanco ha explicado que en torno al 53% de la población activa andaluza se encuentra en situación de desempleo, subempleo o precariedad, y ha insistido en la apuesta del Gobierno andaluz por el desarrollo de políticas activas de empleo que tengan la finalidad de fomentar empleo de calidad. Blanco se ha comprometido a apoyar de manera decidida la creación de empleo estable en sectores estratégicos como el industrial y el sector servicios, de alto valor añadido, así como los proyectos de emprendedores con alto potencial de crecimiento.

Para ello, se diseñarán nuevos incentivos que fomenten la contratación indefinida y que eviten los efectos indeseados de los puestos en marcha hasta el momento, como que se produzcan despidos cuando se deja de recibir el incentivo o que provoque el efecto de la sustitución de estos trabajadores por otros con relación laboral preexistente. La consejera de Empleo ha explicado que el objetivo es "diseñar mejor estas políticas para ser más eficientes" y que se priorice en su aplicación a los colectivos con especiales dificultades de reinserción.

La consejera de Empleo también ha señalado como una medida fundamental de su departamento la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, para que se convierta en un servicio eficaz que acompañe a los desempleados en su búsqueda de empleo. El nuevo modelo de gestión de este organismo, según ha detallado Blanco, se centrará en la atención individualizada a los demandantes de empleo y las empresas, y la puesta en marcha de una herramienta de perfilado estadístico que facilite a los gestores y orientadores del SAE indicadores individuales de empleabilidad con los que diseñar planes profesionales para cada desempleado.

Para conseguir estos objetivos, la consejera ha garantizado que mantendrá una voluntad clara de diálogo, entendimiento y colaboración con los sectores implicados en la empleabilidad.

Apoyo al emprendimiento

Blanco se ha referido también el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, iniciado recientemente por su departamento, y que incluye ayudas autonómicas que permiten a los nuevos trabajadores autónomos pagar en los dos primeros años una cuota de 60 euros mensuales, y cuotas súper reducidas para jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural, que pagarían en el mismo periodo solo 30 euros. El nuevo programa podría beneficiar a más de 5.000 trabajadores autónomos al año.

En materia de formación profesional para el empleo, la responsable andaluza apuesta por sentar los pilares de un nuevo sistema de formación para el empleo que adecue la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral y que contemple la dualidad de la formación y el trabajo.

La consejera de Empleo ha destacado que la formación para el empleo es la principal política activa de empleo y un instrumento básico para el acceso al mercado laboral, de ahí que una de las principales medidas a emprender será la adaptación de las políticas activas de empleo a las demandas del mercado de trabajo, mediante la creación de un sistema que permita su constante revisión, y abrir la formación profesional a los sectores productivos con el fin de suprimir las brechas entre las necesidades del mercado y la planificación de la oferta formativa.

Otra de las medidas que se pondrán en marcha será incrementar la implantación de la formación profesional dual, especialmente en el sector industrial y en los entornos rurales, y el fortalecimiento de los instrumentos de detección y retención del talento, especialmente entre la población más joven.

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