La Junta de Andalucía está desmantelando, progresivamente, el antiguo Hotel Ávila de Jerez, situado en la calle del mismo nombre, y reconvertido en centro de menores en septiembre de 2018. Los migrantes menores de edad que acogen las instalaciones desde entonces están siendo reubicados en otros centros de localidades cercanas, como Chipiona, Chiclana o Sanlúcar, según ha podido saber lavozdelsur.es.
El centro de menores cuenta con 42 plazas, aunque ha habido momentos en los que ha acogido a más de 70 jóvenes llegados al país, procedentes de África. "Sabíamos que lo iban a cerrar", apuntan fuentes de la Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez, "pero no que fuera tan pronto". El Hotel Ávila, de momento, mantiene a varios menores en la segunda planta del edificio, aunque al menos la mitad de los que estaban residiendo en ella han sido trasladados a otras poblaciones.
"Si efectivamente el centro de la calle Ávila va a ser trasladado, nos alegramos si eso va a suponer una mejora en las condiciones de acogida de los menores, pues hasta ahora, no ha sido así. Recordamos, no obstante, que muchos de esos chicos tenían ya cierto nivel de arraigo en la ciudad: cursando estudios, jugando en equipos deportivos, y esperamos que ese traslado no interrumpa ese pequeño camino de inserción e integración que se había logrado", señalan desde la Red de Apoyo a Inmigrantes.
Los colectivos sociales de la ciudad temen que sea el paso previo al cierre definitivo de las instalaciones, aunque fuentes consultadas por lavozdelsur.es destacan que se trata de un traslado a otra ubicación, se desconoce si en la misma ciudad o a otra población. La Junta de Andalucía, en declaraciones a este periódico, asegura que está trasladando a los jóvenes, ya que “este centro comenzó como un dispositivo de emergencia para llegada masivas de menores inmigrantes“. Con esta medida, la Junta asegura que pretende “facilitar la integración de los menores en la comunidad”, a través del “desglose del centro de Jerez en dos unidades de más reducido tamaño”.
La Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez espera que "el traslado no interrumpa ese pequeño camino de inserción e integración que se había logrado"
Desde que en 2017 se embargara a la familia Pacheco, anterior propietaria del inmueble, y pasara a manos de la Junta de Andalucía al no poder hacer frente al pago del impuesto de sucesiones, el Hotel Ávila ha sido foco de numerosas polémicas. La última, la detención de la directora del centro y de dos monitoras por, supuestamente, abandonar a menores a su suerte para que dejaran las instalaciones y se fueran a otras localidades, incurriendo así en un presunto delito de abandono de menores.
La Policía Nacional, ante estos hechos, detuvo a estas tres trabajadoras por “desentenderse de los cuidados” de los menores migrantes y “obligarlos a viajar solos hacia otras provincias” para, supuestamente, desprenderse así de los jóvenes más conflictivos facilitándoles billetes de tren o autobús hasta Sevilla, "sin procurarles medios de subsistencia y abandonándolos a su suerte". La Junta abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido en el renombrado como Hogar El Molinillo, gestionado por el grupo Anide.
Adelante Andalucía, tras las detenciones, pidió explicaciones al Gobierno andaluz por la “extrema gravedad” de los hechos, e incluso llegó a pedir la dimisión del delegado territorial de Políticas Sociales, Miguel Andreu. “Si la Junta no actúa, será cómplice y culpable de lo que le pase a los menores”, dijo José Ignacio García, coportavoz de la coalición de izquierdas. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, también recriminó al Ejecutivo andaluz que no realizara inspecciones para detectar estos abusos. “Es raro que lo detecte una investigación policial y no los inspectores de la Junta. Aún esperamos la respuesta de la Junta de Andalucía a lo ocurrido”, dijo.
El PP jerezano respondió a las palabras de la regidora socialista criticando su “hipocresía y cinismo”, ya que el concejal popular Antonio Montero criticó que quisieran “achacar unos hechos concretos a la acción de un Gobierno, el de la Junta de Andalucía, que intenta día a día reconducir la situación heredada por un PSOE que no dotó a los menores de recursos para su correcta tutela y que ahora quiere hacer política de bajo nivel a costa de ellos".
La Junta de Andalucía, que acondicionó el antiguo Hotel Ávila para acoger a menores tras el desbordamiento del centro Manuel de Falla, se defendió diciendo que era la “primera interesada en aclarar lo sucedido” y que “desde la Delegación Territorial de Cádiz se ha actuado con diligencia y se ha incrementado el seguimiento a este centro”. Además, a esta institución “no había llegado ninguna queja o denuncia previa en relación a este centro”. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta señaló entonces, tras las detenciones de la directora y monitoras del centro, que la “prioridad es el bienestar de los menores”, y que la asistencia a los jóvenes migrantes estaba “más que garantizada”.
Quejas al Defensor del Pueblo Andaluz
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) denunció en su momento la situación de los menores acogidos en el antiguo Hotel Ávila, e incluso llegó a interponer una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, la Fiscalía de menores y la extinta Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía del anterior Gobierno socialista.
“La legislación internacional obliga a la protección de la infancia sin distinguir su nacionalidad y en los últimos meses hemos sido testigos de una continua dejadez de las funciones de la Junta de Andalucía, que sigue externalizando servicios en empresas o instituciones que claramente no se preocupan por la calidad del servicio tanto como por obtener beneficios económicos”, se quejaba la Apdha en octubre de 2018, antes de las elecciones andaluzas.
La Apdha acusó al Gobierno de Susana Díaz de olvidar que “son niños y niñas que se han jugado la vida en pro de un futuro, han deshumanizado a estos niños y niñas como si fuesen mercancías que se puedan colocar en uno u otro lugar”. “La solución —para la asociación— no parte por poner parches, sino por establecer políticas y medidas que pongan en el centro el respeto por los derechos humanos y la protección de los niños y las niñas, ya que el problema en la gestión de la migración es una cuestión estructural”.
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