Casi un mes después de que lavozdelsur.es desvelara las pésimas condiciones de las que se encuentran las dependencias oficiales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en el puerto de Algeciras, y el depósito judicial anexo, la Junta de Andalucía -administración competente en la materia- ha reaccionado hoy, a través del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, tras una pregunta del grupo parlamentario Vox.
Seis días después de la publicación de la noticia el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, se reunió con la secretaria provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), alertando del riesgo de incendio “con motores llenos de gasolina”, al tiempo que ha denunciado las “muchas deficiencias” que rodean estas instalaciones y que suponen un “grave peligro para la seguridad de los vecinos de la zona”.
En su intervención ante la Comisión de Justicia el representante del Ejecutivo andaluz ha situado la responsabilidad en el ámbito judicial afirmando que la actuación de la Junta es "a demanda o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la autoridad judicial, nosotros no podemos decidir, tenemos que poner a disposición, pero para eso, que está a puesto a disposición, quienes tienen las competencias, quienes incautan un vehículo o determinan su depósito, tienen que solicitarlo".
La AUGC, sindicato mayoritario en la Benemérita, denunció el pasado 7 de septiembre a través de este diario que las dependencias oficiales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en el puerto de Algeciras, “se han convertido en un auténtico vertedero donde se acumulan centenares de motores y embarcaciones arrumbadas unas sobre otras, las cuales mantienen en su interior diversos combustibles, líquidos inflamables y agua corrompida que, además de ser un peligro real de incendio para el puerto, supone un deterioro grave medioambiental para la ciudad, por no hablar de la proliferación de roedores e insectos”.
El sindicato mostró en fotos el caótico aspecto del depósito judicial con embarcaciones de todo tipo y motores amontonadas sin orden producto de intervenciones antidroga y otras administrativas. Nieto ha explicado hoy que la administración andaluza puso en marcha ese depósito con capacidad para recibir narcolanchas, “pero solo se puede hacer si lo ordenan los jueces o si lo llevan la Policía o la Guardia Civil, no podemos obligar a que depositen allí los vehículos antes de que lo decida la autoridad judicial".
José Antonio Nieto ha asegurado que el Gobierno andaluz conoce de la problemática en esta zona de la provincia y que por eso la administración autonómica ha invertido 797.000 euros en ese depósito "y de momento no hay ningún reproche que se pueda a hacer a ese servicio cuando se utiliza adecuadamente".
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento y diputado por Cádiz, Manuel Gavira, explica que “se da la circunstancia de que, según el pliego de condiciones de la Junta, la empresa adjudicataria del servicio de recogida, transporte, depósito y custodia de los vehículos y embarcaciones considerados efectos judiciales no está obligada a contar con instalaciones de custodia en la provincia de Cádiz, punto que, a juicio de Vox, debe solventarse a la hora de sacar a licitación un nuevo pliego para este servicio".
El portavoz de Vox ha señalado hoy que reconoce que son múltiples las administraciones y los cuerpos funcionariales que interactúan, "pero hacen que esa loza burocrática convierta esto en un problema muy importante y hace falta también aquí un salto cualitativo respecto a la custodia temporal de los bienes incautados".
AUGC ha denunciado repetidamente que los integrantes del Servicio Marítimo padecen estas insanas circunstancias de forma directa, pese a que estos no son riesgos laborales intrínsecos a su profesión. “Pero si ya la situación es preocupante, se está volviendo aún más lamentable, ya que, como la arribada de embarcaciones a estas dependencias utilizadas para el narcotráfico, contrabando e inmigración irregular es continua, la acumulación es tal que, físicamente llegan a impedir, por falta de espacio, el propio atraque de las patrulleras de la Guardia Civil”.
Según un portavoz de la AUGC, “la solución que adopta la Guardia Civil para subsanar esta circunstancia es contratar puntualmente un servicio externo de grúa para sacar del agua las decenas de embarcaciones y depositarlas de cualquiera manera, amontonadas en tierra”.
“Pero como no se contrata personal especializado para ello, son los propios guardias civiles del Servicio Marítimo a los que se les ordena realizar todas las maniobras de anclaje en el agua de las citadas embarcaciones con bridas o eslingas, subirlas a una considerable altura para depositarlas, desembridar las sujeciones y finalmente, depositarlas”. “Debiendo tener que moverse los guardias civiles entre los montones de barcas, las cuales carecen de estabilidad y que, por tanto, podrían derrumbarse sobre este personal”.
“Si queda claro que esta no es una tarea que deben realizar los guardias civiles, es más preocupante aún, puesto que mientras las mismas se ejecutan, impide a las tripulaciones de este Servicio Marítimo cumplir sus propias funciones policiales” aseguran desde la AUGC.
Estas maniobras se realizaron por última vez los últimos días de agosto llegándose a extraer del agua diecisiete embarcaciones, “debiendo recordar que en esos días se estaban produciendo la llegada de incontables embarcaciones con inmigrantes a las costas de la comarca ante las que, como también ha denunciado AUGC, la Guardia Civil se hallaba desbordada como para, además, como se denuncia, se detraigan más efectivos en labores que no corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
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