La Junta ha puesto en marcha el expediente de 12,3 millones de euros para contratar 85 plazas residenciales destinadas a menores tutelados con problemas de conducta. Este servicio de atención especializada busca favorecer la reparación psicológica, la integración social y la normalización de comportamientos en jóvenes bajo protección de la Junta.
La contratación, que dependerá de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, está diseñada bajo la modalidad de intervención terapéutica. Estas plazas se repartirán en cinco lotes: 24 en Almería, 16 en Cádiz, 24 en Córdoba y 22 en Málaga. El contrato tendrá una duración de 24 meses, con inicio previsto el 1 de abril de 2026, y su financiación se dividirá en tres anualidades hasta alcanzar la cifra total aprobada.
Este servicio se prestará mediante concierto social y se llevará a cabo en centros de protección de menores específicamente preparados para aplicar programas terapéuticos a jóvenes con conductas disruptivas, disociales o transgresoras de normas sociales y derechos de terceros. La intervención se aplicará siempre que exista una valoración psicológica especializada que lo justifique y cuando lo exijan sus necesidades de protección.
Los centros tendrán carácter regional y un elevado nivel de especialización, dado que se orientan a menores con problemas específicos de salud mental derivados de situaciones de grave adversidad. Dichas dificultades exceden las capacidades de los recursos provinciales existentes en materia de intervención terapéutica.
Cuándo interviene la Junta
El acogimiento residencial en estos dispositivos solo se aplicará cuando no existan recursos alternativos y deberá ser autorizado por el juzgado de Primera Instancia correspondiente. Su finalidad es proporcionar al menor un entorno adecuado que contribuya a su educación, la normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando sea viable y el desarrollo armónico de su personalidad, siempre dentro de un proyecto educativo estructurado.