El 22 de mayo comienzan una huelga indefinida los funcionarios de Justicia, que piden al Gobierno central que se sienten a negociar una mejora de los salarios. El comité de huelga emplaza al Ministerio de Justicia, al de Hacienda y Función Pública y también expresamente al presidente del Gobierno a hacerles llegar una propuesta dentro de ese plazo "para evitar el colapso absoluto en la Administración de Justicia".
"Hemos decidido endurecer las medidas y habrá huelga indefinida en la Administración de Justicia si el Ministerio no pone encima de la mesa una propuesta económica. Tienen diez días", anuncia Javier Jordán, presidente nacional de Justicia del sindicato CSIF y miembro del comité de huelga, en el que se están STAJ, CCOO y UGT. Los jueces y fiscales cobran entre 4.200 y 4.800 euros mensuales. El Gobierno propone una subida de entre 350 y 490 euros más al mes, aunque la consideran insuficiente.
Los funcionarios de Justicia acuerdan "endurecer" su postura de paros parciales diarios y de jornada completa puntuales que comenzaron el pasado 17 de abril de forma indefinida para reclamar mejoras salariales, advirtiendo ahora de que pasarán a hacer una huelga total. Cada día de paro obliga a suspender unos cinco millones de actuaciones procedimentales.
"Los juicios es difícil de calcular pero hablamos de decenas de miles todos los días", sobre todo los martes, miércoles y jueves, que es cuando más vistas se acumulan, ha puntualizado, avisando de que pueden ser "fácilmente unos 20.000 juicios los que se están suspendiendo, si no son más".
Los jueces de categorías más bajas cobran 4.000 euros al mes. Les parece poco.
— Joaquín Urias (@jpurias) May 10, 2023
El Ministerio propone subirles 450 euros más al mes. Les parece poco.
No se consideran a sí mismos funcionarios.
No tienen derecho a la huelga pero van a paralizar la justicia porque quieren más dinero https://t.co/BION2Lf18w
Para CSIF, esta situación tiene un "único responsable" y es "el Gobierno de España, que se niega a negociar, a poner encima de la mesa una propuesta económica como sí ha hecho con los Letrados" de la Administración de Justicia (LAJ), cuya huelga se prolongó dos meses, "y está haciendo con jueces y fiscales" para que no la lleven a cabo a partir del día 16, ha sostenido.
El comité no descarta realizar una "gran" manifestación el próximo 25 de mayo en las calles de Madrid que irá desde la sede del Ministerio de Justicia hasta la del Ministerio de Hacienda, así como recordar sus reivindicaciones a los ministros en los actos a los que asistan "a lo largo y ancho del país".
El anuncio de huelga está provocando todo tipo de reacciones. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, quien fuera letrado del Tribunal Constitucional, ha comentado el asunto en sus redes sociales. "Los jueces de categorías más bajas cobran 4.000 euros al mes. Les parece poco. El Ministerio propone subirles 450 euros más al mes. Les parece poco. No se consideran a sí mismos funcionarios. No tienen derecho a la huelga pero van a paralizar la justicia porque quieren más dinero", asegura.
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, asegura que la oferta de 46 millones de euros que puso sobre la mesa el equipo de Pilar Llop para evitar la huelga —lo que representaría hasta unos 490 euros al mes— "sigue siendo inaceptable" aunque mejore en dos millones la propuesta inicial.
La oferta inicial de unos 44 millones de euros representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%, critican las asociaciones de jueces y fiscales que están negociando mejoras con el Ministerio.
La oferta de unos 46 millones se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 —como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales—, y hasta 490 euros para el Grupo 2 —fiscales de segunda categoría— y 450 euros para el Grupo 3 —fiscales de tercera categoría—.
Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ya lograron que el Gobierno destinara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones y amenazan con una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.
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