Seis personas serán juzgadas este lunes 3 de noviembre en la Audiencia Provincial de Castellón por su presunta implicación en los abusos sexuales cometidos contra menores dentro de la denominada secta del Tío Toni, desmantelada en Vistabella del Maestrazgo. El proceso judicial se centrará en esclarecer los hechos ocurridos en el seno de este grupo pseudorreligioso que, según la investigación, funcionó durante décadas bajo el liderazgo de un hombre que afirmaba poseer “poderes sanadores”.
El juicio, inicialmente previsto para el pasado abril, fue aplazado a petición de la Fiscalía, que consideró insuficientes las cuatro sesiones programadas. Ahora, el tribunal ha fijado trece jornadas de vista oral, en las que declararán decenas de testigos y peritos. La causa se reabre tras años de investigaciones sobre un entramado que combinaba el aislamiento, la manipulación emocional y rituales de carácter sexual presentados falsamente como terapias espirituales.
Un líder que murió en prisión
El grupo fue fundado en 1990 por el conocido como Tío Toni y su esposa. Según la Fiscalía, ambos captaban seguidores, especialmente mujeres con problemas personales o de salud, a las que ofrecían “terapias sanadoras de corte espiritual”. Sin embargo, detrás de ese discurso se escondían prácticas abusivas que, con el tiempo, derivaron en ritos sexuales. El líder, de 64 años, falleció en 2022 en prisión provisional, en el centro penitenciario de Castellón I, donde cumplía medida cautelar junto a otros dos miembros del grupo.
Durante el operativo policial que desmanteló la secta, en marzo de 2022, los agentes de la Policía Nacional liberaron a doce personas, entre ellas varios menores, que vivían con el líder en una masía aislada de la sierra de Castellón. Los informes señalan que la comunidad había crecido con los años gracias a la incorporación de acólitos y sus familias, que aportaban sus sueldos y recursos económicos al mantenimiento del grupo.
En su entorno más cercano, el Tío Toni era considerado una figura paternal. Entregaba regalos caros a los niños y organizaba fiestas, ganándose su confianza y admiración. Sin embargo, a medida que las víctimas alcanzaban la adolescencia, eran introducidas en prácticas sexuales justificadas dentro de la supuesta doctrina espiritual del grupo.
Nueve delitos de abusos sexuales a menores
La Fiscalía sostiene que los acusados aprovecharon el aislamiento geográfico, el miedo psicológico y los valores impuestos dentro de la comunidad para normalizar comportamientos sexuales inadecuados. Las víctimas, que tenían entre 12 y 17 años, habrían sufrido abusos continuados y otras formas de manipulación bajo la influencia del líder y su entorno más próximo.
En total, la acusación pública atribuye a los seis procesados –cinco mujeres y un hombre– nueve delitos de abusos sexuales continuados contra menores, además de un delito de asociación ilícita por su participación activa en la estructura de la secta. El Ministerio Fiscal considera que existía un reparto de funciones entre los miembros del grupo, algunos de los cuales colaboraban directamente en las actividades o en el control de las víctimas.
La Generalitat Valenciana asumió la tutela de dos de las víctimas tras su liberación, después de que el juzgado decretara la suspensión de la patria potestad a quienes la ostentaban en ese momento. El proceso judicial, que se prevé largo y complejo, tratará de determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados y de ofrecer justicia a las personas afectadas por uno de los casos de abuso sectario más graves registrados en la Comunidad Valenciana.