El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la próxima aprobación de un real decreto ley que incluirá medidas urgentes destinadas a regular el mercado del alquiler en España. Según ha explicado, estas iniciativas buscarán incentivar a los propietarios que mantengan los precios de sus arrendamientos, así como poner freno a los abusos en los contratos de temporada y en el alquiler de habitaciones.
Entre las medidas previstas, se contempla una bonificación fiscal completa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos arrendadores que renueven los contratos sin incrementar el precio del alquiler. Esta compensación se calcula para equilibrar lo que los propietarios dejarían de ingresar si optaran por subir la renta, con el objetivo de favorecer la estabilidad en los precios para los inquilinos.
El Gobierno también prevé limitar los contratos de alquiler de temporada con el fin de evitar su uso fraudulento. Se establecerán condiciones estrictas para este tipo de arrendamientos, acompañadas de un régimen sancionador que buscará garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger a los consumidores frente a posibles abusos.
En el ámbito del alquiler de habitaciones, la iniciativa apunta a que la renta total de las habitaciones no pueda superar el valor del contrato de la vivienda completa. Esta medida busca evitar la explotación de los espacios habitacionales y garantizar un reparto más equitativo de los ingresos obtenidos por los arrendadores.
Los mecanismos de control
Asimismo, en las denominadas zonas tensionadas, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es más alta, se aplicarán los mecanismos de control establecidos en la Ley de Vivienda. Estas medidas buscan asegurar que los precios se mantengan dentro de parámetros razonables y se respeten los derechos de los inquilinos.
El anuncio de Sánchez se produjo en el acto de demolición de los primeros edificios del antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, donde el presidente destacó la importancia de estas reformas para fomentar la protección del arrendatario y evitar prácticas abusivas en el mercado de la vivienda. El Ejecutivo prevé que el real decreto ley entre en vigor en las próximas semanas.