El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que establece un mecanismo de cobertura para propietarios frente a posibles impagos de rentas en contratos de alquiler dirigidos a jóvenes y personas vulnerables. La medida, que será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a estos colectivos.
Para acceder a esta cobertura, los arrendadores deberán cumplir ciertos requisitos: formalizar contratos de alquiler con menores de 35 años o personas consideradas vulnerables según la normativa autonómica, cobrar rentas que no superen el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria y sus actualizaciones, y suscribir con el arrendatario un compromiso relativo al aval del alquiler conforme al modelo aprobado por la Administración. Las comunidades autónomas podrán establecer criterios adicionales para la gestión de estos avales.
La cobertura incluirá compensaciones por el impago de rentas, posibles daños a la vivienda y los costes de suministros pendientes. Los beneficiarios serán los arrendadores que cumplan con sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como las comunidades autónomas que hayan suscrito un seguro con los propietarios.
No hay presupuesto aprobado
El real decreto indica que la línea presupuestaria destinada a esta medida aún no ha sido aprobada ni se ha detallado el importe disponible. La cobertura estará limitada a contratos vigentes a 30 de enero de 2025 y las comunidades deberán remitir información semestral al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre las coberturas aplicadas.
El Gobierno ha defendido esta iniciativa como un instrumento de garantía para los propietarios y un incentivo para que los jóvenes y las personas vulnerables accedan a la vivienda. La medida fue anunciada previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como respuesta a demandas políticas que solicitaban apoyo frente a posibles impagos en arrendamientos a colectivos vulnerables.