Ni gente sin casa ni casas sin gente. Durante un tiempo éste fue el lema de los movimientos antidesahucios. Ese grito de guerra se oía casi a diario, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica destrozaron la vida de muchas personas.
Pero como casi todo en esta vida, el movimiento fue llamando cada vez menos la atención. La recuperación económica en cierta medida y el hecho de que las entidades bancarias, salvadas con dinero público, fuesen parte del problema, provocaron que los desahucios comenzaran a ser cada vez menos noticia. El movimiento okupa también contribuyó en parte a ello.
Aunque seguían sucediéndose a un menor ritmo, apareció de repente en 2020 un virus que llamó a la conciencia. El covid trajo algo bueno. La pandemia echó el freno a los desahucios en España, que fueron paralizados. Era inhumano echar a la gente de sus casas con un virus tan terrorífico en la calle. Pero ya están de vuelta. Las cosas de recuperar la denominada “normalidad”.
La crisis del ladrillo, los impagos de las hipotecas y las okupaciones crearon un mercado inmobiliario donde las entidades bancarias comenzaron a cargarse de las llamadas viviendas tóxicas.
Como los bancos querían quitarse el problema de encima, éste ha acabado en manos de fondos buitres. Los inmuebles y créditos de alto riesgo en manos de entidades bancarias y del banco malo son apetitosos, porque la rentabilidad puede ser alta y a corto plazo. Los inversores extranjeros han visto mucha rentabilidad en el ladrillo tóxico de España.
En El Puerto de Santa María se estima que existen más de 150 viviendas tóxicas. Detrás de este número hay personas, con historias y circunstancias muy diferentes.
Una de esas historias lleva el nombre de la familia de Adrián Gutiérrez (45 años) y Jessica Mª López (37). Con cuatro hijos, llevaban tres años viviendo en un piso de una entidad bancaria, con el que tenían un contrato de alquiler. Un alquiler social de 210 euros que pagaban religiosamente, hasta que desde agosto de 2020, les han dejado de cobrar. “Nosotros queremos pagar y tenemos el dinero en la cuenta, pero no nos dejan, se niegan a cobrarnos”. Esto ocurre desde hace ahora algo más de un año.
La entidad bancaria, Banco Sabadell, vendió el inmueble a fondos buitres (Sabadell vendió el 100% del capital social de la promotora Solvia Desarrollos Inmobiliarios (SDIN) y un conjunto de activos inmobiliarios, mayoritariamente suelos para promociones urbanísticas, a una entidad controlada por la firma estadounidense Oaktree Capital Management en 2019) y a los inversores extranjeros ya no les interesa el dinero del alquiler. Quieren la propiedad, una vivienda de dos dormitorios situada en el bloque de pisos de la Avenida de Sanlúcar, número 27. Allí vive esta pareja junto a sus hijos de 15, 8, 7 y 4 años.
De momento no hay orden de desalojo, porque la citación para celebrar un juicio oral los primeros días de octubre se retrasará después de que hayan solicitado un abogado de oficio. “Sabemos que solo estamos ganando algo más de tiempo, pero que al final nos acabarán echando”.
La cuestión es que éste no es el típico desahucio en el que los inquilinos ocupan una vivienda o no pagan el alquiler. “Nosotros siempre hemos pagado durante tres años, pero ahora no nos quieren coger el dinero”. Es más, incluso han recibido la visita de intermediarios que les ofrecen cantidades para que abandonen el piso. Empezaron por 1.500 euros. La última oferta ha sido de 4.500 euros. Todo por evitar pasar por los tribunales y “ahorrarse el papeleo”.
“Pero nosotros no queremos dinero si no tenemos una vivienda que alquilar”, afirman Adrián. De hecho, “esa persona que vino a hacer fotos al piso como intermediario, pudo comprobar que mantenemos perfectamente la vivienda que nosotros hemos amueblado. Incluso nos preguntó si aceptaríamos que nos subieran el alquiler, algo que aceptamos”.
Porque Adrián, a pesar de tener una incapacidad del 38% por una lesión en la espalda se busca la vida por su familia y junto al salario social reúne la cantidad suficiente para ofrecer algo digno a sus hijos. “No se me caen los anillos por salir a buscar dinero, y lo mismo hago chapuces que salgo a vender pescado si hace falta”. La cuestión es que, con la ayuda que reciben a través del alquiler social del Ayuntamiento, “hemos propuesto pagar por el piso hasta 400 euros, pero la propiedad no quiere”.
Jessica, que trabajan limpiando casas, es quien peor lo lleva. “Sufro de tensión alta, y no quiero verme en la calle, sobre todo por mis hijos”. Los más pequeños estudian en el CEIP Sagrado Corazón. La mayor, adolescente, en el IES Mar de Cádiz.
Solo piden que “nos den una casa alternativa, seguro que el fondo buitre tiene muchas casas vacías; o que nos dejen donde estamos incluso pagando algo más”.
El mercado del alquiler en El Puerto de Santa María está muy complicado. La mayor parte de viviendas disponibles solo ofrecen alquileres durante la época escolar. Los meses de verano son muy rentables en un destino turístico como el portuense. Y lo poco que hay, además, “es muy caro”.
Ellos tienen claro que “si encontramos algo que pudiéramos pagar nos íbamos mañana mismo, porque no queremos hacer pasar a nuestros hijos por un desahucio, porque es un trauma que marca para toda la vida”.
Adrián y Jessica saben de lo que hablan. Hace unos años, antes de llegar al piso del que ahora los quieren expulsar, se vieron obligados a okupar una casa vacía en Montes de Oca. “Me compré un barco de trasmallo y me fueron muy mal las cosas. De pronto, lo perdimos todo y tras 10 años viviendo de alquiler, no teníamos nada”.
Después de estar durmiendo 15 días en la calle, decidieron entrar en una casa vacía en la citada zona. “Los niños eran pequeños y yo tenía que cargar garrafas de agua para bañarlos”.
Un tiempo estuvieron así, hasta que un día los desalojaron. Pero entonces, llegaron a un acuerdo con la entidad bancaria titular de aquella vivienda, el Banco Sabadell, para mudarse al piso de la Avenida de Sanlúcar y firmar un contrato con un precio mensual equivalente al alquiler social (210 euros).
“El Puerto se ha puesto de tal forma que solo alquilan las viviendas a los americanos (en alusión a los militares trasladados a la Base de Rota) y a funcionarios. Cuando vas a una inmobiliaria y les dices que el Ayuntamiento va a pagar la mitad del alquiler, no quieren”.
La cosa es que “nosotros no queremos okupar, porque es algo que hicimos en su momento por necesidad, pero ahora podemos pagar. Sin embargo, es la única opción que dan con este tipo de desahucios, te ponen en tal situación que te invitan a dar una patada en la puerta de alguna casa”.
Después de un año buscando alguna opción para alquilar, desde que en agosto de 2020 la propiedad les negase el pago de la mensualidad, comienza la cuenta atrás para que “tarde o temprano el juez ordene el desalojo y nos desahucie”.
“No queremos que nos empujen a un gueto, que nos obliguen a pagar a gente que se dedica a dar la patada a una puerta para que te metas en un piso en barrios donde más del 40% de las viviendas, que pertenecen a fondos buitres, están okupadas y se destinan a actividades ilícitas”. En el imaginario colectivo se presenta rápidamente la barriada de Los Milagros, donde hay proyectada una rehabilitación integral con fondos europeos. “Vamos a arreglar las viviendas a los fondos buitre con dinero público”, comenta a lavozdelsur.es una fuente que conoce cómo se gestiona el mercado inmobiliario en los barrios más desfavorecidos.
Teniendo en cuenta que en la localidad portuense las viviendas tóxicas superan el centenar y medio, la oleada de desahucios puede ser importante en los próximos tiempos.
Adrián y Jessica saben cómo acabará su historia, pero todavía esperan que alguien permita cerrar con un final feliz este capítulo de la vida de una familia portuense en la que hay cuatro menores por medio. Ellos están dispuestos a pagar hasta 400 euros, "sumando el alquiler social y otra parte que ponemos nosotros", exponen por si alguien con una vivienda disponible atiende su llamada. “Si hace falta, me planto en la puerta del alcalde”, afirma desesperada ella.
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