El marido de Virginia lleva muchos años preso. “Y no ha matado nadie”, aclara ella. “Si llega a matar está siete u ocho años y sale…”, agrega con sorna. Ahora está en el módulo 3 del centro penitenciario Puerto III, esquivando como puede un posible contagio de coronavirus. Ella, en el último vis a vis, a mediados de enero, le dejó mascarillas, que es una de las pocas medidas de prevención que utilizan en la cárcel. En ésta hay un módulo aislado, el 11, tras los positivos detectados en los últimos días. Y las familias tienen miedo. Piden que se hagan pruebas y un cribado masivo para los internos y funcionarios.
"Privados de libertad, pero no de Sanidad", gritan al unísono la treintena de mujeres, madres, hermanas, mujeres o primas, que se concentran en Puerto III, pidiendo medidas para los internos. "Arriba, arriba, arriba, arriba todas a luchar, si nos roban el futuro la que vamos a liar", gritan luego, con entonación de cántico futbolero. "Vacunas y PCR para todos los internos", piden en las pancartas que portan, ante la atenta mirada de agentes de Policía Nacional que custodian la concentración, celebrada junto a la parada de autobús de la cárcel.
"Dentro es un caos. No hay control, por eso pedimos un cribado", cuenta Virginia a lavozdelsur.es. "Están privados de libertad, pero no de Sanidad. Ellos tienen familia aquí fuera", agrega. La última vez que habló con su marido fue el pasado sábado. "Las criaturas tienen miedo, es normal. En el módulo 3, donde está mi marido, está la cosa mejor, pero los funcionarios entran y salen y pueden contagiarse", se queja. "Luchamos por ellos y por los funcionarios. Para que les hagan pruebas y les pongan la vacuna", dice Virginia. "No estamos pidiendo gran cosa".
"La gente habla de los internos como si les pagaran la estancia", añade Virginia. Hay mucha desinformación sobre la vida en las cárceles. "Mi marido come porque le ingreso dinero, ve la tele porque se la he comprado (220 euros cuesta), se viste porque le compro la ropa, se ducha porque le doy para comprarse champú, habla por teléfono porque le pago las llamadas... Ahí dentro le ponen un plato de comida y un kit de higiene al mes. Esto es una hipoteca, tenemos que pagarlo todo", explica. Ella tiene marcada en rojo una fecha en el calendario: abril de 2022. Ese mes su marido saldrá de la cárcel, aunque antes espera que le concedan el tercer grado.
Como Yolanda, la mujer de otro interno, que saldrá a finales de 2020. "Estoy ya desesperada", dice a lavozdelsur.es. "Y encima nos toca esta papeleta... Deberían dar mascarillas y más información". "No entiendo por qué no les hacen pruebas", dice Yolanda. "¿Sólo les hacen pruebas a los que están graves... y con los asintomáticos qué pasa?", se pregunta. Ella le entregó alguna mascarilla a su marido en el último vis a vis, aunque también le da en los paquetes que les pueden entregar, dos cada mes, pero "tienen que estar diez días en cuarentena". "¿Cuántas tengo que darle para que tenga siempre?", apunta.
Las familiares de internos, que han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz, a Instituciones Penitenciarias o a la Subdelegación del Gobierno, están pensando hasta en endurecer las protestas. "Si no me escuchan me vengo y hago huelga de hambre", dice muy decidida Pepi Macías, mujer de un interno y una de las portavoces de las concentradas. "Nos cortaron las visitas, está claro que el virus lo meten los funcionarios, por eso pedimos un cribado masivo", explica. Su marido está en el módulo donde hay un centenar de presos aislados, aunque no le han hecho la prueba. "Los respiraderos cerrados y doble mascarilla. Eso es todo".
José Ignacio García y Ángela Aguilera, parlamentarios andaluces, junto al concejal jerezano Ángel Cardiel y el portuense Alejandro Gutiérrez, apoyan las reivindicaciones de estas familiares. “Cuando la Junta de Andalucía no interviene, cuando no lo hace la Administración central, la sociedad civil se tiene que organizar”, señala Aguilera, quien asegura que la senadora Pilar González, de Adelante Andalucía, pedirá "una información exhaustiva de las medidas y protocolos que desde Instituciones Penitenciarias están llevando a cabo para el control del covid en las cárceles".
"Hay que visibilizar una situación a la que nadie le está poniendo luz y es cómo se está viviendo la pandemia en las prisiones. Los presos y las presas son los olvidados de los olvidados y aunque estén privados de libertad, no se nos puede olvidar que no están privados de derechos”, sostiene García, quien entiende que "el Servicio Andaluz de Salud tiene que intervenir en esta situación y velar por la salud de los presos y de las presas", y debe realizar un cribado masivo entre los internos y funcionarios.
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