“En dos días he tenido que llevarme catorce años de mi vida. Los mismos catorce años que me han echado a mí encima. He perdido las ganas de vivir”, cuenta Rocío Becerra, vecina de La Colonia en Sanlúcar de Barrameda. Lleva 48 horas esperando a que vengan a derrumbar su casa. Muchos vecinos y amigos han acudido a apoyar a esta familia de siete miembros, entre ellos un bebé de 18 meses, que no saben dónde pasarán esta noche. La razón: una multa de hace once años por estar en una ubicación protegida, aunque desde su casa no se llega ni a divisar las marismas en el paisaje.
Rocío, antigua camaronera de la Plaza de Abastos de Sanlúcar y su marido Manuel Gálvez, son una familia humilde que heredó este terreno por parte del padre de ella. Fue lo que le dejó y es lo que le quitan ahora. “Anoche dormimos en colchones en el suelo porque ya habíamos deshabitado toda la casa. Pusimos cartones para tapar la ventana y dormimos con el colchón a ras del suelo”, cuenta visiblemente cansada.
Desde el martes, sus amigos y su familia no se mueven del sitio. Rocío cree que están esperando a que se vayan de la casa para que comiencen la demolición: "Ha venido un Policía en un coche de paisano y ha visto toda la gente que hay aquí. Por eso no han venido para hacer la demolición. Están esperando a que la gente se aburra y se vaya. Pero aquí sigue habiendo gente, han perdido el trabajo para venir aquí a apoyarme, pero quieren cogerme desprevenida”. De todos sus vecinos, ella es la única que se enfrenta a esta situación.
Desde el 24 de febrero de 2010 tienen una sentencia del juzgado de lo penal número 5 de Cádiz que recoge que es una edificación ilegal y tienen una orden de demolición. “Hace unos tres meses llegó una orden del Juzgado pidiendo al Ayuntamiento de Sanlúcar que, si no accedían al derribo de la casa, incurriría en un delito de desobediencia judicial”, cuenta José Manuel Castillo, abogado de la familia.
Becerra se lamenta. Lleva semanas sin dormir y esta noche ya no tendrán ni agua ni luz. Han pedido una ayuda de vivienda municipal, pero lo único que le han ofrecido es un alquiler de 400 euros durante un mes para los siete miembros de la familia. “Búscame un alquiler por ese dinero porque yo no lo encuentro. Yo he invertido mucho en mi casa durante muchos años y ahora me echan como un perro. ¿Qué daño estoy haciendo yo aquí?”, se resigna Rocío.
Castillo está haciendo todo lo que puede para que la demolición no vaya adelante. Presentó un recurso de última instancia apelando a la posible consolidación el día de mañana de la casa, porque a su alrededor hay viviendas con las mismas características, pero también apeló al arraigo social: “Hay una sentencia muy parecida en un juzgado de Málaga, de un juzgado. Donde a través de la fiscalía se le pedía una vivienda decente para la familia que se le iba a demoler la casa porque había un menor y se le anuló la sentencia. En este caso la fiscalía no ha optado por ese criterio. Dice que no está suficiente razonada esa necesidad social. El Ayuntamiento lo que va a hacer es cumplir la sentencia”.
No solo está la sentencia por el juzgado si no que, para colmo de la mala suerte, hay un error que les hace estar multados también por el Ayuntamiento. La sentencia por la que se ha ordenado el derribo de la casa es para Manuel Gálvez, marido de Rocío Becerra. Esta orden viene impuesta por la delegación de Costas. Sin embargo, existe una multa por infracción urbanística hacia José Manuel Gálvez Becerra, hijo de ambos, por un valor de 141.000 euros. El abogado apunta que “es un error municipal y que irá a juicio”.
“A mi hijo le han denunciado por el terreno los de Urbanismo y a mi marido por la casa por otro sitio, por la Demarcación de Costas de Cádiz. Los abogados dicen que es imposible que haya dos denuncias. Pero ahora mi hijo está en paro, porque todo lo que gana se lo quitarían por esta multa. Él no tiene terrenos ni tiene nada. Yo estoy quitando el dinero de mi pensión para pagarle el abogado”, protesta Rocío. Está arropada por su familia. Su cuñada, que vive con ella, está a su lado. Becerra la señala: “Dónde voy a ir con ella si está enferma”.
Además, fueron estafados porque fueron asesorados por una mujer que se hacía pasar por abogada, explica Castillo a lavozdelsur.es. La Audiencia Provincial condenó a una mujer por falsificar resoluciones urbanísticas. “Cobró el dinero por los servicios y no realizó ningún trabajo y falsificó las sentencias de esta familia”. Se dan, por tanto, dos paradojas, dice Castillo: “Fueron estafadas por una persona que se hacía pasar por abogada y también han sufrido el despiste de una infracción municipal que multó al hijo de familia”. Este medio ha contactado con la delegación de Urbanismo de Sanlúcar para recabar su versión de los hechos, sin éxito.
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