El precio de la luz debe abaratarse en España y Portugal a partir de mediados de la semana que viene. La llamada excepción ibérica para rebajar el coste de la energía recibió este pasado miércoles el espaldarazo de la Comisión Europea, entre el reconocimiento de la comisaria Ursula von der Leyen de que el mercado eléctrico actual "ya no funciona", de ahí que pida reformarlo.
De momento, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya publica este jueves una Orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que fija en el 14 de junio la entrada en vigor de la llamada fórmula ibérica, ni 24 horas después de que, aunque con retraso, fuese autorizada por la Comisión Europea.
Esta medida supone el establecimiento con carácter urgente y temporal de un mecanismo de ajuste para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista mediante la limitación del precio del gas. La fecha de inicio de este mecanismo de ajuste se ha fijado en el 14 de junio y en dicha fecha los agentes internalizarán la cuantía unitaria del ajuste para la casación del mercado diario que se realice para el día siguiente, 15 de junio.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró este pasado miércoles que este mecanismo "va a ser igual" en España y Portugal.
Ribera recordó que este tope al gas de una media de 48 euros por megavatio hora (MWh) durante un año para la generación de electricidad, permitirá un ahorro a los consumidores españoles de entre el 15% y el 20% de lo pagado en ausencia del mecanismo.
Según la Comisión Europea, la medida implica un ayuda estatal de 8.400 millones de euros —6.300 millones para España y 2.100 millones, para Portugal— destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (Mibel) mediante la reducción de los costes de entrada de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.
Ribera, que reconoció que la aprobación final ha resultado un ejercicio "complicado y técnicamente difícil", valoró que la decisión formalmente adoptada por la Comisión Europea respalda "sin ningún tipo de cambio lo publicado en el Real Decreto-Ley".
De esta manera, aplaudió que la luz verde a este mecanismo supone "una muy buena noticia" y es "compatible con todos los tratados".
"Se trata de una medida excepcional, en un tiempo excepcional y que va a permitir contar con un nivel de protección hasta el 31 de mayo de 2023 mucho mayor al de otros consumidores europeos", dijo.
Comentarios