El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde a un nuevo decreto que regula la selección, el nombramiento y el cese del personal funcionario interino de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. La norma sustituye a la vigente desde hace una década y nace con un objetivo claro: agilizar las bolsas de empleo y mejorar la cobertura de bajas, refuerzos y vacantes en juzgados y servicios de medicina forense.
Una de las principales novedades del texto es la digitalización completa del procedimiento. El nuevo sistema permitirá a los aspirantes incorporar sus méritos de manera permanente y telemática, sin necesidad de volver a presentar la misma documentación cada vez que se convoque una bolsa. Además, en el caso de los interinos sin experiencia previa suficiente, se podrá exigir una formación obligatoria sobre el sistema de gestión procesal, especialmente durante el periodo de prácticas.
Para ello, el decreto establece la obligatoriedad de presentar solicitudes y documentación de forma telemática. En colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA), la Junta trabaja en la creación de un currículum digital en el que quedará almacenada toda la información acreditativa. Los méritos baremados en la anterior bolsa de 2019 se transferirán automáticamente a este nuevo sistema, facilitando así la transición.
La constitución de las bolsas también se acelerará gracias a la simplificación de trámites. Las listas de admitidos y excluidos se publicarán junto a la baremación provisional, lo que permitirá acortar plazos. El decreto fija un máximo de tres meses para convocar las bolsas tras la finalización de los procesos selectivos y un tope de seis meses desde el inicio del procedimiento hasta la publicación de las listas definitivas.
Cada provincia contará con una bolsa por cada uno de los cuerpos generales de Justicia —Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial— y otra específica para el Cuerpo de Médicos Forenses. En todas ellas se reservará un 10% de las vacantes para personas con discapacidad, incluyendo cupos específicos para discapacidad intelectual y enfermedad mental. Los criterios de selección y ordenación han sido negociados con los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Justicia.
El decreto concreta los requisitos de acceso según el cuerpo y establece un sistema de prácticas remuneradas para quienes cuenten con menos experiencia. Durante ese periodo, se podrá exigir la superación de pruebas vinculadas a la formación procesal. La baremación contempla hasta 90 puntos por experiencia, además de valorar pruebas superadas, titulaciones y formación específica.
Por último, los aspirantes podrán inscribirse en varias bolsas y provincias, aunque tras la publicación de los listados definitivos deberán elegir una única opción. En caso contrario, la Administración asignará de oficio aquella en la que tengan mejor posición.
