El Gobierno trabaja en la implantación de la Prestación Universal por Crianza, una ayuda económica que proporcionaría 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años a las familias residentes en España Con un máximo de 2.400 euros anuales por menor, la medida nace con la intención de paliar el impacto económico que la inflación ha provocado en los hogares, especialmente en aquellos con niños a su cargo. Esta prestación se dirige a cubrir necesidades básicas como alimentación, ropa o material escolar, en un contexto económico que sigue tensionando los presupuestos familiares.
Impulsada desde la formación Sumar, la iniciativa pretende convertirse en uno de los ejes de la lucha contra la pobreza infantil. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió con firmeza la medida, señalando que “es algo sencillamente inasumible, inaceptable que la cuarta economía de la zona euro conviva con un índice de pobreza y exclusión social como los que presenta este país”.
Requisitos, compatibilidades y fecha prevista
Para acceder a la ayuda, será necesario residir legalmente en España y estar empadronado en un municipio del territorio nacional, sin que se prevean más restricciones, al tratarse de una medida de carácter supuestamente universal. Sin embargo, han surgido ciertas dudas tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien afirmó que otras ayudas como las de gafas y lentillas se otorgarán por edad y no por renta, lo que ha generado cierta polémica sobre la verdadera universalidad de la nueva prestación.
De momento, el Gobierno mantiene que esta ayuda será compatible con otras ya existentes, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el Complemento de Ayuda para la Infancia. La previsión es que la medida se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, aunque estos aún no han sido aprobados debido a la falta de apoyos parlamentarios. Mientras tanto, se recomienda a las familias interesadas preparar la documentación básica, entre la que se incluye el DNI de los progenitores, el certificado de empadronamiento y el libro de familia.
Busca reducir las cifras de exclusión social y pobreza infantil
Aunque el objetivo del Ejecutivo es que la ayuda entre en vigor antes de que finalice el año, a día de hoy, en junio de 2025, continúan prorrogados los PGE de 2023. Esta situación mantiene en el aire la fecha exacta de activación de la prestación, que dependerá en gran medida de los acuerdos presupuestarios que se logren en los próximos meses.
Las vías para tramitar la solicitud todavía no se han concretado, pero todo apunta a que se habilitarán canales telemáticos y presenciales, como ya ocurre con otras prestaciones similares. Hasta entonces, las familias con hijos menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33%, o mayores con una discapacidad del 65% o más, pueden seguir accediendo a las ayudas actualmente en vigor.
La Prestación Universal por Crianza representa una de las propuestas sociales más ambiciosas del actual mandato, con la que el Gobierno busca reducir las cifras de exclusión social y pobreza infantil, una realidad que afecta a miles de hogares en España y que, de acuerdo con los datos oficiales, ha empeorado en los últimos años pese a las medidas económicas aplicadas.