La delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz confirma la muerte por envenenamiento del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) en la finca Zanona (término municipal de Los Barrios) dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.
A raíz de la denuncia efectuada por Agaden-Ecologistas en Acción el pasado día 21 de octubre solicitando información sobre la puesta de cebos envenenados en la finca Zanona de Los Barrios, una carta de la delegación confirma la sospecha de los ecologistas. El macho de dos años reintroducido de Andujar falleció por ingerir veneno. El Águila imperial ibérica está catalogada en la catálogo andaluz de flora y fauna amenazada como una especie en peligro de extinción (EN).
Esta especie ha sido reintroducida en esta zona del Parque Natural de Los Alcornocales, que linda con los terrenos de la antigua laguna de La Janda, con un notable gasto de dinero publico de la Junta de Andalucía, incluso extrayendo ejemplares jóvenes de de la zona de Sierra Morena –como ha sido este el caso del envenenamiento—, donde tampoco está la población de águilas imperiales ibéricas consolidada.
También se confirman la muerte de un meloncillo y dos cuervos por la ingesta del veneno llamado Aldicarb, apuntan desde Ecologistas. El aldicarb es un compuesto químico de la familia de los carbamatos del que existen muchas referencias como insecticidas, acaricidas y nematicidas. Este producto se puede usar para matar ésta u otra especie, pero su capacidad es tal que no entiende de límites y hace estragos en el medio, según las mismas fuentes, que indican que es una máquina que mata indiscriminadamente.
Las autoridades prohibieron hace ya años su uso e incluso su tenencia, aunque este último caso y otros conocidos demuestren que todavía hay un mercado negro bastante activo gracias a su poder de destrucción, incluido el medio ambiente. Paralelamente y como medida cautelar la delegación ha suspendido el coto de caza de la citada finca durante diez meses.
El uso de veneno está tipificada como delito en el artículo 336 del Código Penal y sancionable en vía administrativa, según el artículo 75.7 de la Ley 8/2003 de Conservación de la Fauna y la Flora Silvestres de Andalucía. En este último caso, las multas pueden oscilar entre los 60.101,22 y los 300.506,05 euros, además de poder imponerse otras sanciones accesorias como la suspensión o inhabilitación de la actividad cinegética por un período de tiempo comprendido entre los cinco años y un día y los 10 años, así como la ocupación de los medios empleados y de las piezas obtenidas.
Ante estos graves hechos desde Agaden-Ecologistas en Acción valoran positivamente la actuación de todas las personas que han intervenido en el operativo de esta investigación, pero dan un “tirón de orejas” a aquellas personas que han intentado ocultar este grave hecho que ha salido a la luz pública gracias a la denuncia ambiental. La suspensión de diez meses le parece ridícula a los ecologistas, que solicitan que se aplique la legislación y se imponga la sanción máxima que dicta la Ley. Además, alertan de que el veneno utilizado puede pasar a la cadena humana, el tema es suficientemente grave, ya que en la finca también se cazan anátidas y han podido ser contaminadas.
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