PP, Vox y Junts tumban los dos decretos de vivienda y asestan al Gobierno una de las grandes derrotas de la legislatura 
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La respuesta del Sindicato de Inquilinas no se ha hecho esperar después de que el Congreso haya rechazado este viernes el primer decreto de vivienda del Gobierno por 178 votos frente a 172. El texto, tumbado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, incluía medidas como la prórroga de los alquileres, límites a las rentas, restricciones a la compra por parte de fondos y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos.
La organización ha reaccionado con un contundente mensaje: "Nos han derogado lo que ganamos en la calle". En su comunicado, sostiene que el rechazo parlamentario deja sin efecto las medidas que, a su juicio, debían reforzar la protección de los inquilinos. Entre ellas menciona la protección frente a los desahucios de familias vulnerables, la regulación de los alquileres por habitaciones, los límites a las subidas de las rentas y la posibilidad de prorrogar los contratos de arrendamiento.
El Sindicato de Inquilinas ha vinculado además la derrota del decreto con el denominado "decreto Maricarmen", en referencia a las medidas reclamadas tras el desahucio de una mujer de 87 años. La organización reclama ahora contratos indefinidos, una bajada de los precios de la vivienda, la recuperación de pisos en manos de fondos y bancos, el fin de los desahucios y un aumento de la vivienda pública. Su reacción llega en plena movilización por el acceso a la vivienda, con más de medio centenar de protestas previstas este fin de semana en distintos puntos de España.
Las manifestaciones en Andalucía
En Andalucía, las movilizaciones tendrán presencia en ocho municipios. Este viernes, Sevilla acogerá una protesta a las 19.00 horas en las Setas de la Encarnación. El sábado están previstas concentraciones en Cádiz, a las 12.00 horas en la Plaza San Antonio; Granada, a las 19.00 en la Plaza Isabel la Católica; Jerez, a las 12.00 en la Plaza del Arenal; Málaga, a las 19.00 en la Plaza de la Constitución; y Huelva, a las 12.00 frente a la Subdelegación del Gobierno. El domingo será el turno de Almería, a las 11.00 en la Puerta de Purchena, y Córdoba, a las 19.00 en la Plaza de la Costa del Sol.
El colectivo ha anunciado que estas protestas serán el punto de partida de un proceso para convocar una huelga general, bajo el lema "Nosotras paramos el país". La propuesta pasa por crear comités de huelga unitarios en ciudades y pueblos, sumar otras movilizaciones sociales y coordinar las distintas huelgas de empresa o sector. La Confederación plantea que la vivienda sea el eje de esa futura convocatoria, aunque también pretende incorporar otras reivindicaciones sociales.
El rechazo del Congreso se produce después de un debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había pedido a Junts que apoyara el decreto o se abstuviera para permitir su tramitación posterior como proyecto de ley. El Gobierno había logrado previamente el respaldo de Sumar, Podemos y ERC para los dos textos. El segundo decreto, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, también estaba pendiente de la votación parlamentaria y contaba con la oposición anunciada de varios grupos.
La respuesta del Sindicato de Inquilinas no se ha hecho esperar después de que el Congreso haya rechazado este viernes el primer decreto de vivienda del Gobierno por 178 votos frente a 172. El texto, tumbado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, incluía medidas como la prórroga de los alquileres, límites a las rentas, restricciones a la compra por parte de fondos y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos.
La organización ha reaccionado con un contundente mensaje: "Nos han derogado lo que ganamos en la calle". En su comunicado, sostiene que el rechazo parlamentario deja sin efecto las medidas que, a su juicio, debían reforzar la protección de los inquilinos. Entre ellas menciona la protección frente a los desahucios de familias vulnerables, la regulación de los alquileres por habitaciones, los límites a las subidas de las rentas y la posibilidad de prorrogar los contratos de arrendamiento.
El Sindicato de Inquilinas ha vinculado además la derrota del decreto con el denominado "decreto Maricarmen", en referencia a las medidas reclamadas tras el desahucio de una mujer de 87 años. La organización reclama ahora contratos indefinidos, una bajada de los precios de la vivienda, la recuperación de pisos en manos de fondos y bancos, el fin de los desahucios y un aumento de la vivienda pública. Su reacción llega en plena movilización por el acceso a la vivienda, con más de medio centenar de protestas previstas este fin de semana en distintos puntos de España.
Las manifestaciones en Andalucía
En Andalucía, las movilizaciones tendrán presencia en ocho municipios. Este viernes, Sevilla acogerá una protesta a las 19.00 horas en las Setas de la Encarnación. El sábado están previstas concentraciones en Cádiz, a las 12.00 horas en la Plaza San Antonio; Granada, a las 19.00 en la Plaza Isabel la Católica; Jerez, a las 12.00 en la Plaza del Arenal; Málaga, a las 19.00 en la Plaza de la Constitución; y Huelva, a las 12.00 frente a la Subdelegación del Gobierno. El domingo será el turno de Almería, a las 11.00 en la Puerta de Purchena, y Córdoba, a las 19.00 en la Plaza de la Costa del Sol.
El colectivo ha anunciado que estas protestas serán el punto de partida de un proceso para convocar una huelga general, bajo el lema "Nosotras paramos el país". La propuesta pasa por crear comités de huelga unitarios en ciudades y pueblos, sumar otras movilizaciones sociales y coordinar las distintas huelgas de empresa o sector. La Confederación plantea que la vivienda sea el eje de esa futura convocatoria, aunque también pretende incorporar otras reivindicaciones sociales.
El rechazo del Congreso se produce después de un debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había pedido a Junts que apoyara el decreto o se abstuviera para permitir su tramitación posterior como proyecto de ley. El Gobierno había logrado previamente el respaldo de Sumar, Podemos y ERC para los dos textos. El segundo decreto, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, también estaba pendiente de la votación parlamentaria y contaba con la oposición anunciada de varios grupos.
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