política

PP, Vox y Junts tumban los dos decretos de vivienda y asestan al Gobierno una de las grandes derrotas de la legislatura

La situación abre el escenario de una posible convocatoria electoral con el 29 de noviembre como primera fecha posible

  • Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras la intervención.

El PP, Vox y Junts han tumbado este viernes en el Congreso los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una de las derrotas parlamentarias más relevantes del Ejecutivo durante la legislatura. El rechazo deja sin convalidar las dos normas aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros y vuelve a evidenciar las dificultades del Gobierno de coalición para reunir una mayoría suficiente en la Cámara Baja. La negativa de Junts, anunciada en la noche del jueves, ha decantado el resultado del primer decreto, que era el que contenía medidas del agrado de Junts y PNV. La intervención sorpresa de Pedro Sánchez al final del pleno no ha conseguido que los independentistas cambiaran de opinión.

La caída de los decretos se produce después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclamara durante el debate a Junts que apoyara el texto o se abstuviera para permitir su convalidación y abrir posteriormente la vía para tramitarlo como proyecto de ley. "Les vuelvo a pedir lo primero, que ustedes (Junts) apoyen con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley; es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas", ha señalado. La ministra también ha acusado a la derecha que votaba en contra de ser "la peor derecha de toda Europa" y ha advertido de que "los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara". Rodríguez había defendido que el texto era fruto de meses de negociación y que contenía medidas reclamadas por diferentes grupos.

El rechazo parlamentario deja en el aire las medidas incluidas en ambos decretos, entre ellas la protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, las limitaciones a determinadas compras especulativas de vivienda y la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. El primer decreto también contemplaba un IVA del 10% para los pisos turísticos, deducciones fiscales para inquilinos, bonificaciones para pequeños propietarios, la reducción al 4% del IVA de la vivienda protegida y préstamos ICO a interés del 0 % para la entrada de una hipoteca. Además, planteaba prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028 y establecer límites a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. El segundo decreto establecía la renovación automática de los contratos de alquiler, obligando a los arrendadores a acreditar una causa justificada para no renovar y, en caso contrario, a indemnizar al arrendatario.

Junts había exigido al Ejecutivo que retirara ambos textos antes de la votación y elaborara un nuevo decreto que incorporase sus condiciones. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de "engañar a la gente", de "alimentar una mentira" y de ofrecer una "falsa esperanza". "Una cosa es el titular y otra lo que recoge la ley (…) Y no se han atrevido con los fondos, el decreto permite que los fondos sigan comprando y especulando", sostuvo durante el debate. El PSOE, por su parte, rechazó retirar los decretos. Patxi López aseguró que los socialistas no darían "ni un solo paso atrás" y defendió que las medidas "funcionan", mientras que Sumar, ERC y EH Bildu reclamaron su aprobación y cargaron contra quienes habían anunciado el voto contrario. El PNV, que había anunciado su apoyo únicamente al primer decreto, también criticó el modo en que el Gobierno había gestionado la negociación.

Una posible convocatoria electoral

La derrota parlamentaria abre ahora un escenario de incertidumbre para Pedro Sánchez y la continuidad de la legislatura. En las últimas horas, distintas voces han planteado la posibilidad de que el presidente del Gobierno opte por adelantar las elecciones generales si finalmente los decretos eran rechazados, mientras desde Moncloa aseguraban que el Ejecutivo no estaba barajando esa posibilidad y que "hoy no toca" hablar de una convocatoria electoral. El PP, por su parte, ya había reclamado a Sánchez que disolviera las Cortes si las iniciativas decaían y fuentes de la formación aseguraban estar preparadas para unas elecciones inmediatas. También se ha informado de que algunos dirigentes y ministros socialistas contemplaban un adelanto electoral, con el 29 de noviembre como una de las fechas que podría encajar en ese escenario.

El rechazo de los dos decretos supone así un nuevo golpe para un Gobierno que necesita negociar cada votación para sacar adelante sus iniciativas. La propia votación había sido planteada por PSOE, Sumar y ERC como una cuestión especialmente relevante, hasta el punto de solicitar que se realizara por llamamiento, de manera que cada diputado tuviera que expresar públicamente su voto. Mientras tanto, Junts tiene previsto entregar al PSOE una propuesta propia de decreto de vivienda que pretende utilizar como "punto de partida" para negociar un nuevo acuerdo, aunque la formación catalana mantiene que la retirada de los textos del Gobierno es una condición previa.

El PP, Vox y Junts han tumbado este viernes en el Congreso los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, en una de las derrotas parlamentarias más relevantes del Ejecutivo durante la legislatura. El rechazo deja sin convalidar las dos normas aprobadas esta semana por el Consejo de Ministros y vuelve a evidenciar las dificultades del Gobierno de coalición para reunir una mayoría suficiente en la Cámara Baja. La negativa de Junts, anunciada en la noche del jueves, ha decantado el resultado del primer decreto, que era el que contenía medidas del agrado de Junts y PNV. La intervención sorpresa de Pedro Sánchez al final del pleno no ha conseguido que los independentistas cambiaran de opinión.

La caída de los decretos se produce después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclamara durante el debate a Junts que apoyara el texto o se abstuviera para permitir su convalidación y abrir posteriormente la vía para tramitarlo como proyecto de ley. "Les vuelvo a pedir lo primero, que ustedes (Junts) apoyen con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley; es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas", ha señalado. La ministra también ha acusado a la derecha que votaba en contra de ser "la peor derecha de toda Europa" y ha advertido de que "los próximos desahucios serán responsabilidad de esta Cámara". Rodríguez había defendido que el texto era fruto de meses de negociación y que contenía medidas reclamadas por diferentes grupos.

El rechazo parlamentario deja en el aire las medidas incluidas en ambos decretos, entre ellas la protección frente a los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, las limitaciones a determinadas compras especulativas de vivienda y la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. El primer decreto también contemplaba un IVA del 10% para los pisos turísticos, deducciones fiscales para inquilinos, bonificaciones para pequeños propietarios, la reducción al 4% del IVA de la vivienda protegida y préstamos ICO a interés del 0 % para la entrada de una hipoteca. Además, planteaba prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028 y establecer límites a la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. El segundo decreto establecía la renovación automática de los contratos de alquiler, obligando a los arrendadores a acreditar una causa justificada para no renovar y, en caso contrario, a indemnizar al arrendatario.

Junts había exigido al Ejecutivo que retirara ambos textos antes de la votación y elaborara un nuevo decreto que incorporase sus condiciones. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de "engañar a la gente", de "alimentar una mentira" y de ofrecer una "falsa esperanza". "Una cosa es el titular y otra lo que recoge la ley (…) Y no se han atrevido con los fondos, el decreto permite que los fondos sigan comprando y especulando", sostuvo durante el debate. El PSOE, por su parte, rechazó retirar los decretos. Patxi López aseguró que los socialistas no darían "ni un solo paso atrás" y defendió que las medidas "funcionan", mientras que Sumar, ERC y EH Bildu reclamaron su aprobación y cargaron contra quienes habían anunciado el voto contrario. El PNV, que había anunciado su apoyo únicamente al primer decreto, también criticó el modo en que el Gobierno había gestionado la negociación.

Una posible convocatoria electoral

La derrota parlamentaria abre ahora un escenario de incertidumbre para Pedro Sánchez y la continuidad de la legislatura. En las últimas horas, distintas voces han planteado la posibilidad de que el presidente del Gobierno opte por adelantar las elecciones generales si finalmente los decretos eran rechazados, mientras desde Moncloa aseguraban que el Ejecutivo no estaba barajando esa posibilidad y que "hoy no toca" hablar de una convocatoria electoral. El PP, por su parte, ya había reclamado a Sánchez que disolviera las Cortes si las iniciativas decaían y fuentes de la formación aseguraban estar preparadas para unas elecciones inmediatas. También se ha informado de que algunos dirigentes y ministros socialistas contemplaban un adelanto electoral, con el 29 de noviembre como una de las fechas que podría encajar en ese escenario.

El rechazo de los dos decretos supone así un nuevo golpe para un Gobierno que necesita negociar cada votación para sacar adelante sus iniciativas. La propia votación había sido planteada por PSOE, Sumar y ERC como una cuestión especialmente relevante, hasta el punto de solicitar que se realizara por llamamiento, de manera que cada diputado tuviera que expresar públicamente su voto. Mientras tanto, Junts tiene previsto entregar al PSOE una propuesta propia de decreto de vivienda que pretende utilizar como "punto de partida" para negociar un nuevo acuerdo, aunque la formación catalana mantiene que la retirada de los textos del Gobierno es una condición previa.

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