El doble confinamiento de Lucas: de cuidar a sus padres a ingresar en prisión en pleno estado de alarma

Su pareja, Cristina, junto a un grupo de familiares de internos de Puerto II y Puerto III reclama medidas de protección para los presos y la vuelta de las visitas

La bolsa de ropa que Lucas lleva un mes esperando. FOTO: MANU GARCÍA
La bolsa de ropa que Lucas lleva un mes esperando. FOTO: MANU GARCÍA

Lucas salió a comprar tabaco cuando lo paró la Policía Local y, tras someterse al test de consumo de drogas, dio positivo en hachís. En ese momento lo arrestaron y desde entonces lleva interno en Puerto II, donde ingresó el pasado 25 de marzo, en pleno estado de alarma, con el consiguiente riesgo para su salud que supone. Los presos no cuentan con medidas de protección frente al coronavirus. “Aún no le he podido llevar ropa”, dice su novia, Cristina, que reserva su verdadero nombre. Lucas tenía antecedentes: hace diez años le imputaron un delito contra la salud pública por transportar hachís. “Era la primera y única vez que había delinquido”, relata su pareja en declaraciones a lavozdelsur.es.

Lucas está interno en el módulo 2 (de respeto) de la prisión de Puerto II, donde ha empezado a cumplir una condena de tres años y siete meses que su pareja espera que sea menos, ya que su supervivencia económica depende de su pronta salida. Ambos tienen una empresa que, desde el inicio del estado de alarma, paralizó su actividad. Cristina hace un mes que no tiene ingresos y no prevé recibir ayudas hasta junio. “Estoy tirando de los poquillos ahorros que tenemos”, cuenta. Hace unos días se gastó 200 euros en una televisión para Lucas, al que ingresa el dinero que puede, últimamente, hasta le pide prestado a su familia. “Las comidas son pésimas, por lo menos que tenga para comprar una lata de atún en el economato”, dice.

Lucas, cinco años después del delito que se le imputó, conoció la sentencia del juicio. Quedó libre bajo pago de una fianza, y acordó acudir a rehabilitación de consumo de estupefacientes. “Estaba en su mejor momento”, comenta Cristina, quien lamenta que “haya entrado en prisión por haberse fumado dos porros”. “Es normal que dentro de un tratamiento de desintoxicación haya recaída, pero no por eso tiene que delinquir —motivo por el que se decreta su ingreso en prisión—“, añade su pareja, quien asegura que los informes de la terapeuta que lo trata son “perfectos”.

“Ahora mismo tiene la vida destrozada”, dice Cristina. Lucas estaba confinado con sus padres, de avanzada edad, a los que cuidaba él solo, ayudándoles con las tareas del hogar. “La madre sufrió un ictus en verano”, relata su pareja, quien lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus circunstancias personales. “Si no tiene partes ni nada, no sale hasta febrero. ¿Y mientras, qué como yo?”, se pregunta. “Los informes reflejan que iba evolucionando muy bien, pero el juez cree que es un peligro que este señor esté en la calle diez años después de los hechos por los que lo condenaron”, expresa.

Cristina no tiene padres, ni apenas familiares que puedan ayudarla en la delicada situación económica en la que ha quedado tras el ingreso en prisión de Lucas. “Trabajábamos 24 horas”, cuenta, por eso él tiene “ansiedad”. “Me pregunta de qué estoy viviendo. Ya estoy pidiendo a conocidos, porque no tengo paro, no tengo nada”. Aunque se las apaña para ingresarle algo de dinero y así poder hablar por teléfono. “Su único consuelo es llamarme”, señala.” Mi situación no es que sea especial, pero sin él no puedo trabajar”, cuenta.

Cristina forma parte de un grupo de familiares de internos de Puerto II y Puerto III que llevan semanas reclamando medidas de protección para los presos, que “se duchan en espacios comunes”, y no tienen acceso a mascarillas o guantes. “El Estado dio mascarillas para internos y funcionarios pero la médica de guardia dijo que no, que solo para trabajadores”, relata una de ellas. Otra de ellas, Julia, tiene a su hermano en Puerto II. “Es asmático y no tiene protección ninguna”, cuenta. Lleva 15 meses en prisión preventiva y espera que pronto pueda obtener la libertad. “La primera vez que lo solicitamos se lo denegaron, a ver ahora”.

Bolsa, con ropa de Lucas, en una imagen reciente. FOTO: MANU GARCÍA

“Está agobiado”, dice Julia, que cada domingo, sin falta, iba a verlo. Desde que empezó el confinamiento no lo hace, ya que se han restringido las visitas. “Lo está pasando mal y desde fuera no puedo hacer nada”, se lamenta. Hace unos días remitió un escrito al Ministerio del Interior denunciando la falta de medidas de protección y la delicada situación de su hermano, pero de momento no tiene respuesta. “El médico me va a hacer un informe para mandarlo al asistente social”, dice, a ver si así consigue la ansiada libertad, a la espera de juicio. “Cada vez que me llama está llorando, no sé lo que voy a hacer”.

Más de una quincena de entidades sociales han hecho llegar a los diputados y diputadas del Congreso un escrito con las medidas que urge adoptar por parte de Instituciones Penitenciarias para hacer frente al Covid- 19 en las cárceles y “garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas presas”. “Ni el Ministerio del Interior ni la comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas”, se quejan estas organizaciones.

“No se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas”, señalan en el escrito.

Las entidades sociales exigen que “se retomen, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles”. Igualmente, piden que se “retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida… por ser estas actividades las que dotan de fundamento a la pena privativa de libertad, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución”.

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