La delegación territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha aprobado una declaración ambiental estratégica que no declara viable ambientalmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, y determina que debe adaptarse a una serie de condicionantes ambientales.
El nuevo PGOU de Vejer sigue la estela de los delirios del crecimiento urbanístico ilimitado que impregnó la política urbanística en Andalucía y en todo el país, que infló la burbuja inmobiliaria y nos llevó al desastre económico y social, señalan desde Ecologistas. "El Ayuntamiento de Vejer impulsa un PGOU obsoleto, que inició su tramitación en 2007, para fomentar de nuevo el sector inmobiliario, que se ha demostrado letal como elemento dinamizador de una economía sostenible. El PGOU defiende un modelo expansivo que vulnera normas legales y planes supramunicipales", apunta en un comunicado.
Ecologistas en Acción presentó 115 alegaciones al PGOU; el Ayuntamiento las ha desestimado todas, "haciendo gala de su desprecio a la participación ciudadana y a las leyes y normas que, se advierten en las alegaciones, se vulneran", apuntan El Ayuntamiento de Vejer —del que fue alcalde el diputado del PP José Ortiz, y concejal de Urbanismo Daniel Sánchez Román, actual delegado territorial de Agricultura—, plantea urbanizar 5.000.000 de metros cuadrados, lo que significaría más que duplicar el actual suelo urbano del municipio. El PGOU incluye numerosas macrourbanizaciones, con hoteles, campos de golf y cientos de viviendas, lo que provocaría un enorme impacto en un litoral famoso por su calidad paisajística y ambiental.
La declaración ambiental estratégica, firmada por el mencionado delegado territorial, no da la viabilidad ambiental al PGOU, y concluye que “se considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Vejer de la Frontera deberá ser adaptado a las consideraciones expresadas en los apartados anteriores”. La Junta, apuntan desde Ecologistas, no entra a valorar la mayor parte de las alegaciones presentadas por la asociación. No se valoran 74 alegaciones, el 64,3%, porque “no son alegaciones ambientales”.
"Para el delegado no son alegaciones ambientales las relativas al modelo de urbanismo expansivo contrario a la ciudad compacta mediterránea, el incumplimiento del principio de sostenibilidad, el sobredimensionamiento de los crecimientos urbanísticos y la necesidad de motivarlos y justificarlos, la urbanización de suelo rústico de alto valor ecológico, el incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), las que proponen desclasificar zonas de gran valor ecológico y paisajístico como Malcucaña o Trafalgar-golf, o las que piden actuar contra la proliferación de urbanizaciones ilegales".
"Lo más sorprendente es que el delegado vuelve a negar que los planes urbanísticos aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, están obligados, desde el 21 de julio de 2006, a someterse a evaluación ambiental estratégica (EAE), lo que no hizo el Plan Parcial de Malcucaña en El Palmar, que se aprobó en 2007. Esta falta de EAE ha motivado la anulación de planes urbanísticos como Valdevaqueros y Chiclana, por recursos de Ecologistas en Acción", apuntan.
Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que se retire esta propuesta de PGOU, y se proceda a redactar y tramitar un PGOU adaptado al nuevo marco legal y normativo, que asuma las enseñanzas del estallido de la burbuja inmobiliaria y fomente un nuevo modelo de ciudad que garantice la sostenibilidad urbana, la preservación y potenciación de los recursos naturales, así como el bienestar y el futuro de la mayoría de la ciudadanía.
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