Puerta cerrada por correas de uno de los autobuses de la empresa AULA. FOTO: LVDS.
Puerta cerrada por correas de uno de los autobuses de la empresa AULA. FOTO: LVDS.

El Instituto Psicopedagógico Constitución 1812 Cádiz, conocido anteriormente como Afanas Cádiz, denuncia que la empresa de transportes AULA (originaria de Extremadura), responsable de la ruta entre San Fernando y Puerto Real, lleva cometiendo incidencias desde que se hicieron cargo de este servicio en 2017. "Llevamos sufriendo percances constantes desde que llegaron, desde el minuto uno", insiste Rafael Roldán, presidente del Instituto, a lavozdelsur.es. "Los alumnos van en autobuses con ruidos estridentes, a los cuales no les funciona las rampas para acceso a minusválido, además de los numerosos retrasos", enumera.

Fuentes del centro educativo informan a este medio que la anterior empresa que se encargaba de este servicio (Autocares Rico), "siempre tuvo una capacidad de respuesta rápida" y que "funcionaban genial". No obstante, desde que el servicio salió a concurso público y la Delegación de Educación de la Junta le concediese este a la empresa AULA, el trato ha sido "inhumano". Según diferentes partes de incidencias, la empresa mandaba autobuses con el aire acondicionado estropeado, puertas que se cerraban manualmente a través de cuerdas o rampas defectuosas o estrechas por las cuales no podían acceder los alumnos en silla de ruedas. Incidencias que la empresa niega en rotundo.

"Hablamos con la encargada de la empresa... Muchas promesas, pero al final nada", manifiesta Roldán, que dice que tanto el instituto como los padres de los alumnos han tenido que denunciar las deficiencias del servicio ya que "temen por la seguridad integral de sus hijos". En concreto, el autobús recoge a 60 de los 180 alumnos del centro educativo, en diferentes localidades de la provincia: San Fernando, Chiclana, Conil, Puerto Real y Barbate. "Algunos de los padres, al ver cómo la puerta estaba cogida con unas cuerdas, se negaron a meter a los niños en el autobús. Porque claro, te llega un autobús con unas cuerdas... ¿Dónde se ha visto eso?".

Fuentes de la empresa de transporte AULA declaran a este medio que todas las incidencias de las que habla el centro se llevaron a cabo tan solo en 2017 y que realizan partes que Inspección ha demostrado que son falsos. "Estamos cumpliendo con nuestro servicio y no entendemos por qué ahora hacen esto", asegura la encargada de la empresa en Cádiz. Ante las acusaciones del instituto responde que cree que "hay algunos empleados de Autocares Rico que están detrás de esto, para que nos quiten la ruta que hemos ganado por concurso". Además, destaca que el número de recursos que están ofreciendo al centro es más del contratado.

Se nos está privando un derecho fundamental, estamos hablando de personas, no de mercancías

Desde el Instituto Psicopedagógico Constitución 1812 Cádiz dicen que tan solo reclaman un transporte digno. Y es que, según cuentan, los retrasos, de hasta una hora y 45 minutos, provoca que los alumnos, con discapacidad intelectual y algunos también motórica, no puedan tomarse la medicación a sus horas pertinentes y sufran brotes de agresividad, episodios de ansiedad... "Los padres están indignados y las reclamaciones vienen a nosotros. Pero los responsables son los de Educación, que a su vez delegan el servicio en la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), encargada de los transportes de esta índole.

"Un error, vale, se admite, ¿pero tantas incidencias?", se pregunta Rafael Roldán. "Ese servicio de autobuses no se lo pone a una flota de cruceristas, pero como somos un colectivo de personas con discapacidad, nos ponen esa serie de autobuses", critican fuentes del centro educativo de Educación Especial. "Se nos está privando un derecho fundamental, estamos hablando de personas, no de mercancías", denuncian los padres de los alumnos, al tiempo en que advierten: "Si no se nos da una solución inmediata acudiremos a cuantas instancias y organismos sean necesarios para no se nos vulnere nuestros más elementales derechos". No obstante, la empresa insiste en que "no nos han sancionado" desde 2017.

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Claudia González Romero

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