"Nunca se ha visto nada igual", exclama un vecino. La situación resulta imprevisible desde primera hora de la mañana por los carriles de El Palmar. Este núcleo rural, que antaño vivía de espaldas al mar y se nutría de la agricultura como vía de sustento, vive una situación insostenible por la inexistencia de un plan urbanístico y la maniobra que la Junta tenía previsto realizar a partir de hoy, con el precinto de unas 100 viviendas irregulares. "Esto se podría haber evitado si el Ayuntamiento hubiera hecho las cosas bien", lamenta Donato.
Un grupo de vecinos, representantes de la asociación de vecinos Santo Domingo de la Calzada, abogados y propietarios aguardaban expectantes la llegada del Seprona, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, inspectores de ordenación del territorio urbano y técnicos medioambientales. "Tengo el corazón en un puño", se escucha minutos antes de que llegue uno de los mayores despliegues que se recuerdan. "Parece que estamos vendiendo droga", exclama otro de los vecinos afectados. Un séquito de furgones accede por uno de los carriles adyacentes al Camino del Camping y comienza la maniobra, marcada por un especial sigilo. Según cuenta Borja Grandal, abogado especializado en Urbanismo y que representa a buena parte de los vecinos afectados, las operaciones de Cádiz se hacen desde Sevilla y las de Huelva desde Málaga "para evitar influencias". Los presentes aguardan tranquilos porque saben que de oponer resistencia, la cosa podría ser mucho peor y se recomienda mantener la calma.
Los vecinos tienen claro que hay órdenes de precinto y varios recuerdan que decir precinto es prácticamente igual a decir desahucio, el resultado es que una vez que una casa se precinta, los residentes, habituales o no, tienen prohibido acceder a ella. Es más, si cortan el precinto, se enfrentarían a un delito penal con multas de miles de euros.
La operación contra 100 viviendas en El Palmar ha resultado menos invasiva de lo que muchos vecinos y vecinas temían. Muchas han sido precintadas, pero otras tantas han obtenido una "diligencia informativa", por la cual se accede a un periodo de 15 días para acreditar documentalmente que se trata de la vivienda habitual. El problema real llega para aquellos propietarios cuyas casas tengan una antigüedad menor de 6 años y no puedan demostrar que se trate de su vivienda estable; en definitiva, aquellos vecinos de siempre tienen garantías de poder seguir en sus casas, pero no habrá la misma suerte para aquellos que tengan esta casa como vivienda vacacional o planteada con fines turísticos. También es problemática la situación de aquellos vecinos habituales que — malaconsejados por un letrado— han decidido no presentarse. Estos vecinos, a día de hoy, tienen sus casas precintadas.
José Ortiz, actual delegado de Urbanismo y ex alcalde de Vejer, animó a los vecinos el pasado viernes a presentar una solicitud de empadronamiento como vía para evitar el precinto. Muchos fueron los que acudieron el lunes "como locos" al Ayuntamiento motivados por esta propuesta. La Junta, cuando hoy se ha enterado del consejo del delegado, no ha dado crédito por ver aquí un auténtico fraude de ley. "La maniobra del empadronamiento orquestada por José Ortiz se ha revelado como un fraude, la propia Junta se ha llevado las manos a la cabeza con que Ortiz haya inducido a la gente a cometer un fraude", explica Grandal.
A pesar de que el empadronamiento es un derecho ciudadano recogido en una ley estatal, en Vejer hacen oídos sordos desde hace años a la petición por parte de muchos vecinos. "Se saltan la ley a la torera", explica un palmareño.
¿De dónde viene esta problemática?
En El Palmar hay una mezcla de todo: nietos de colonos palmareños que han heredado terrenos y viven aquí habitualmente, otros autóctonos que tienen en El Palmar su segunda residencia y otros muchos foráneos que ahora son igual de palmareños que los colonos. Todos participan, en mayor o menor medida, de una gran trama urbanística motivada por el enclave excepcional de este rincón de la costa gaditana.
Muchos palmareños han hecho negocio con la venta de terrenos vendiendo suelo rural a precio de suelo urbano y muchos foráneos han echado raíces fundando aquí comercios y dándole vida a este núcleo costero, además de pagar al Ayuntamiento impuestos por unos servicios que no disfrutan, como es el agua potable, el alcantarillado, la recogida de basuras o el alumbrado público. En mitad de todo esto, el alquiler turístico se ha disparado y muchas de estas viviendas son vacacionales. Todos persiguen lo mismo: quieren regularizar esta situación y miran con incomprensión el abandono del Ayuntamiento de Vejer, que dio carpetazo al asunto hace más de 16 años, cuando paralizaron los planes que dejó el PSOE sobre la mesa. Ahora, con El Palmar absolutamente desbordado, han recurrido a la Junta, que quiere atajar esta situación por la vía de los precintos.
Muchos hablan de "xenofobia" y "envidia" y sienten que desde Vejer nunca han mirado bien lo que ocurría en El Palmar. Ha pasado de ser una población de gente muy pobre a convertirse en los últimos años en uno de los mayores reclamos de la provincia. Esto ha provocado que sea tremendamente difícil conseguir empadronarse en El Palmar, y que muchos vecinos lleven años intentándolo sin resultado. "Hay gente de Vejer que no entiende que hace 50 años las mujeres fueran en burra a parir a Conil y que luego los muertos se enterraran en Vejer, es una pura cuestión geográfica la que ha generado este tipo de relaciones", cuenta Manuel Martín, vicepresidente de la asociación. Este conflicto, visto así, trasciende del problema puramente urbanístico y recala en una cuestión social y territorial. La opción de convertir El Palmar en una ELA (entidad local autónoma, como lo es Zahara de los Atunes) no la consideran como una solución viable a este conflicto.
En El Palmar han sido censadas 2.340 edificaciones, durante el año viven unas 3.000 personas y en verano llegan a las 25.000. Aún así, "este es un territorio huérfano de planeamiento, ha crecido sin orden ni concierto, se ha expandido de forma desordenada con la complicidad del Ayuntamiento, que mira para otro lado".
Sus vecinos mantienen la esperanza en la llegada de un plan urbanístico, la regularización de las casas, la llegada de servicios esenciales para cualquier núcleo urbano "del siglo XXI" y el desbloqueo con la situación de los padrones.
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