La madre de Pablo, un adolescente con autismo, ha denunciado que su hijo, de 16 años, fue dejado solo en plena calle por los responsables del transporte escolar que debía llevarlo de vuelta a casa desde su centro de educación especial en Terrassa. El menor, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), sufrió una crisis de ansiedad durante el trayecto y, según relata su progenitora, decidieron bajarlo del autobús en lugar de activar el protocolo de emergencia. Al salir del vehículo, los responsables de Pablo afirmaron que se había escapado.
Claudia, la madre del menor, asegura que el caso refleja “el fracaso del sistema de inclusión en Cataluña” y denuncia una situación que, según ella, pone de manifiesto “la falta de recursos, sensibilidad y formación del personal que atiende a los alumnos con discapacidad”.
Un episodio de crisis y un protocolo que no se aplicó
Según el relato de la madre, el incidente ocurrió el pasado 25 de septiembre. Pablo, el menor, se encontraba en el transporte escolar de regreso a casa cuando, tras una larga espera y un momento de tensión con otro compañero, sufrió una crisis. “Se angustió y se agobió”, explicó Claudia, quien asegura que su hijo “jamás había tenido un episodio así en el autobús en casi tres años”.
La mujer afirma que la espera fue superior a diez minutos antes de la salida y el ambiente de tensión en el vehículo fueron los detonantes. “Lo vio la directora del centro. Normalmente, me llama y yo le ayudo a tranquilizarse. Me pongo con él y le digo que le voy a dary chuches o Pringles, y se calma. Pero esta vez nadie me avisó”, señala.
Lo que ocurrió después, según su testimonio, fue que “decidieron bajarlo del autobús y dejarlo en plena calle, en la avenida 22 de julio, en Terrassa”. Claudia recibió una llamada cuando su hijo ya estaba solo. “Me dijeron que se les había escapado. Yo estaba en shock”, cuenta.
Una búsqueda angustiosa y un adolescente desorientado
El adolescente, recién cumplidos los 16 años, consiguió llamar a su madre desde su nuevo teléfono móvil, que había recibido como regalo un día antes. “Mamá, me han bajado del autobús, me dijeron que me fuera”, le dijo. Pese a su desorientación inicial, el joven logró reconocer una zona cercana por una estatua que recordaba de una excursión anterior y regresar andando al colegio tras 25 minutos.
Mientras tanto, la madre conducía desde Rubí hacia Terrassa –en condiciones normales se tarda una media hora en hacer el recorrido– en estado de nervios. “Me llamó un policía local diciendo que buscaban a mi hijo, que no lo encontraban”, recuerda. “Iba conduciendo en modo automático, temblando, sin saber si estaba bien o no”. Finalmente, el menor llegó al centro por sus propios medios, donde lo esperaba su padre.
Claudia asegura que, pese a la gravedad del suceso, nadie del colegio se ha puesto en contacto con ella para ofrecer explicaciones. “La directora ha minimizado todo. Me dice que no ha pasado nada”, lamenta.
Falta de personal y supuestas irregularidades en el transporte
La madre sostiene que el transporte escolar no cumplía la normativa vigente. “La ley dice que por cada 15 alumnos debe haber un monitor. En este autobús eran 17 y solo había una monitora”, denuncia. “Con 16 niños debería haber dos monitores y no los había”.
También cuestiona la ausencia de un protocolo de actuación ante crisis conductuales o emocionales. “Si un menor con discapacidad tiene una crisis, deben detener el vehículo, llamar a una ambulancia o a la policía y nunca dejarlo solo”, afirma. “En este caso lo bajaron y siguieron conduciendo”.
Claudia asegura que la monitora “tocó a Pablo, a pesar de que hay un documento firmado y entregado en el colegio que indica que no debe ser tocado”, algo especialmente grave para un menor con autismo que “es muy sensible al contacto físico y a los ruidos”.
Una historia de exclusión y abandono institucional
La madre denuncia que su hijo “es el resultado de un sistema educativo que ha fallado”. Explica que Pablo fue diagnosticado con autismo hace años, aunque la administración no lo reconoce oficialmente y lo mantiene con el diagnóstico de trastorno de conducta. “Tengo ocho informes de psiquiatras y psicólogos que confirman el autismo, pero para la Generalitat sigue siendo un problema de conducta”, afirma.
Relata que el menor ha pasado por varios recursos educativos en los últimos años, desde colegios ordinarios hasta centros de educación especial. “Pensaba que en educación especial tendría más apoyo, pero veo que no”, lamenta.
Durante la pandemia, y debido a su ansiedad, el joven tuvo que recibir educación en casa durante tres meses. Posteriormente, el Defensor del Pueblo en Cataluña intervino para facilitar su entrada en un centro más adaptado, donde ahora cursa formación laboral.
Consecuencias emocionales y denuncia en marcha
El incidente del autobús ha dejado secuelas. “Llevo días sin dormir. Me ha dado un ataque de ansiedad. Cada vez que paso por la parada del autobús, me tiemblan las manos”, confiesa la madre. Además, asegura que desde entonces su hijo tiene miedo de volver al transporte escolar, pese a tener derecho a él.
Claudia ha interpuesto una denuncia formal y ha iniciado acciones legales con el apoyo de su abogada, Noelia Rebón. El caso se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde la familia acusa al sistema educativo de negligencia y maltrato institucional.
Curiosamente, tras alzar la madre de Pablo la voz por lo sucedido, el Consell Comarcal la ha suspendido al joven el servicio de transporte escolar, una decisión que Claudia califica de “represalia” y que considera injustificada. La madre denuncia que no había recibido ninguna notificación oficial –hasta la mañana de este pasado lunes– y que se enteró cuando acudió al día siguiente a la parada y el nombre de Pablo aparecía tachado en la lista de alumnos. No hay que olvidar que estamos hablando de un colegio de educación especial y de un transporte que lleva a un alumnado con discapacidad.
Según explica, el menor tiene derecho reconocido al transporte adaptado por estar matriculado en un centro de educación especial y cursar formación laboral junto a otros estudiantes que sí continúan usando el mismo servicio. “Me lo han quitado sin previo aviso y sin ningún informe que lo justifique. Ahora tengo que reorganizar mi vida durante cuatro años para llevarlo cada día al colegio”, lamenta. Además, asegura que esta medida afecta al bienestar emocional de su hijo, que “se siente castigado y señalado ante el resto de compañeros”, y denuncia que la administración no ha ofrecido ninguna alternativa ni apoyo logístico para garantizar su asistencia escolar.
“Ahora tengo que reorganizar toda mi vida para llevarlo al colegio. Si no lo hago, me derivan a servicios sociales por absentismo”, denuncia.
“Nos dejan solas. El sistema no protege”
Claudia asegura que las familias de niños con discapacidad se sienten abandonadas. “El sistema se equivoca, lo hace mal y no lo reconoce. Pero tú eres la culpable”, afirma. Añade que ha recibido llamadas constantes de psicopedagogos de la Generalitat, pero “nadie ha venido a casa, nadie ha hablado con mi marido ni con mi hija”.
“Ahora, las familias pensarán que mi hijo se ha portado mal. Pero él tiene autismo. ¿Cómo queda reflejado esto entre los compañeros?”, se pregunta. Para Claudia, el caso de su hijo “demuestra que la inclusión en Cataluña no existe. Ni siquiera un diez por ciento. Nos han hecho creer que la había, pero es mentira”.
El episodio ha reabierto el debate sobre la atención a los alumnos con necesidades especiales y la formación del personal de transporte escolar en Cataluña. La madre reclama una revisión urgente de los protocolos y mayor supervisión institucional. “Estamos hablando de un colegio de educación especial y de un transporte para niños con discapacidad. No puede volver a pasar algo así”, advierte. “Mi hijo pudo haberse perdido o haber sufrido un accidente. Esto es un maltrato institucional”.