Los dependientes andaluces sufren una espera de casi 700 días, año y medio, hasta que la Junta de Andalucía resuelve la prestación. Más de un año de espera en la segunda comunidad autonómica española, tras Canarias, que más tarda desde que se registra la solicitud en el sistema, se valora y se concede la prestación. La pandemia no ha hecho más que empeorar estos tiempos de atención, según ha alertado esta semana la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En su informe del pasado 2020, se pone de manifiesto que un dependiente andaluz ha de esperar 264 días más en la resolución de su demanda de prestación que la media de dependientes del país, fijada en 430 días, ya de por sí elevada. Y es que como asegura la asociación, no todos los dependientes disponen de tanto tiempo. De hecho, tres de cada diez andaluces dependientes que salen de las listas de espera para recibir su prestación lo hacen por fallecimiento. Una tónica trágicamente habitual. A menudo, cuando van a ver resuelta su prestación, y con ella su mejora de calidad de vida, ya es tarde: o han empeorado gravemente o, en el peor de los casos, han fallecido.
55.375 personas fallecieron en España el año pasado mientras esperaban algún trámite para acogerse a esta ley de dependencia que fue pionera en aprobación, pero desesperante en cuanto a aplicación. En 2020, año de estallido de la pandemia de covid, 21.005 españoles fallecieron esperando la resolución y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. 152 personas murieron diariamente de media en la lista de espera de la dependencia. “La dependencia retrocede. El impacto de la Covid-19, el complejo procedimiento y que el Ministerio de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni en un solo euro nuevo en el año 2020, ha hecho retroceder al Sistema en los indicadores relevantes. En plazas de centros de día y residencias el Sistema ha retrocedido a datos de hace más de tres años, a septiembre de 2017”, aseguran desde la organización.
Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 138 euros/mes para los Grado I; 242 euros/mes para los Grado II y 335 euros/mes para los Grado III. Casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la seguridad social, solamente 60.293 se encuentran dadas de alta. Un 13,4 % del total de las personas cuidadoras.
Como recoge el estudio, Andalucía atendió en 2020 a 8.180 nuevas personas beneficiarias, prácticamente la misma cifra que el ejercicio anterior (8.132), con un crecimiento del 3,71%, “lo que contrasta con el débil crecimiento del conjunto nacional situado en apenas un 0,81%”. No obstante, de seguir a este ritmo interanual, “aún tardaría 6,9 años en atender la lista de espera de las 56.534 personas dependientes que se hallan a la espera de recibir una prestación (limbo)”, según el estudio de esta asociación. Como dato significativo en la comunidad más poblada de España, de las 16.080 personas que han abandonado la lista de espera en el último año, el 32,19% lo ha hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la Comunidad Autónoma.
"Andalucía —explica el informe— cuenta con una tasa limbo del 19,8% (la cuarta peor del país) habiéndose reducido en este ejercicio en más de 5,3 puntos, en línea con la tendencia del resto de CCAA, probablemente por el efecto combinado de la reducción del número de valoraciones, el alto número de fallecimientos por motivo del COVID-19, y en menor medida por las nuevas incorporaciones de un año aciago para las personas dependientes.
En solicitudes registradas (-3.32%), personas valoradas (-2,63%), y personas con derecho (-3,11%) Andalucía arroja cifras inferiores a la media de las Comunidades Autónomas en el conjunto del Estado, en un año, que ha sido de especial dificultad para las valoraciones domiciliaras por motivo del Covid-19. En cambio, "destaca un año más en Andalucía el fuerte crecimiento de los servicios 7,27%, como consecuencia —fundamentalmente— del incremento del Servicio de Ayuda a Domicilio en esta comunidad". En cuanto a las prestaciones, Andalucía cerró el ejercicio con 17.680 nuevas atenciones, de las cuales el 85% corresponden a Servicios de Ayuda a Domicilio (15.003) y el 10% restante a Teleasistencia y PECEF, registrando —en cambio— tasas de reposición negativas en el resto de las prestaciones, especialmente las de naturaleza residencial (-640) y de centro de día (-1.106) agravadas este año por la situación de la alerta sanitaria.
Así las cosas, abunda el informe de la asociación, el Sistema de la Dependencia genera en Andalucía 51.277 puestos de trabajo directos, siendo la quinta comunidad autónoma que más empleo genera por millón invertido (41,4 empleos por millón) frente a los 37,3 empleos por millón en el conjunto del Estado. "Consecuencia —fundamentalmente— de la apuesta de esta comunidad por servicios generadores de empleo como la Ayuda a Domicilio, en la que ha tenido un incremento de personas usuarias superior al 33% en los últimos tres años".
La Junta anuncia más inversión
La Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha propuesto esta misma semana al Consejo de Gobierno la tramitación de diversas transferencias de créditos que, entre otras cosas, contemplan destinar 30.005.492 euros a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para un incremento de la financiación prevista para tres de las áreas en que se desarrollan prestaciones en el ámbito del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía: el servicio de ayuda a domicilio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de atención residencial.
Este importe procede de los recursos extraordinarios del instrumento REACT EU que ofrece la oportunidad de reorientar parcialmente los recursos autofinanciados incluidos en el Presupuesto de 2021 hacia atenciones prioritarias. Con la suma de esta partida, según valora el Gobierno andaluz, se alcanzaría un incremento de 18.222 nuevas personas beneficiarias en el sistema de la dependencia respecto al cierre de 2020, con un gasto estimado final de 1.341.652.784 euros que se corresponde con el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
En concreto para esta nueva partida presupuestaria, se ha estimado la incorporación de 11.020 personas al servicio de ayuda a domicilio, otras 4.965 a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y 200, al servicio de atención residencial.
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