Los ocho hijos del exministro franquista Utrera-Molina (Málaga, 1926), fallecido en 2017, han presentado una demanda contra la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián; y Alfredo Díaz-Cardiel, militante de Podemos en Castila La Mancha. A todos ellos se les denuncia por vulnerar el derecho al honor y a la propia imagen en la red social Twitter el 2 de marzo de 2018. En concreto, la familia de Utrera-Molina los acusa de responsabilizar a su padre de la sentencia a muerte del militante antifranquista Salvador Puig Antich.
Así, la familia del que fuera responsable político en última instancia de la sentencia a muerte del militante anarquista Salvador Puig Antich, por validar con su firma la condena en representación del Consejo de Ministros, considera que los tuits “tienen por objetivo dañar la imagen y el nombre “ de José Utrera-Molina, además de atribuirle una responsabilidad directa, “absolutamente falaz”, en la muerte del militante anarquista catalán.
La demanda solicita a la justicia española que declare que Teresa Rodríguez, Gabriel Rufián y Alfredo Díaz-Cardiel han vulnerado el derecho al honor y a la propia imagen del exministro franquista. Por todo ello, la familia pide que los demandados sean condenados a borrar los tuits de sus respectivas redes sociales y a una indemnización de 30.000 euros entre los tres, así como a hacer pública la hipotética sentencia condenatoria en “periódicos en papel de difusión nacional” y el pago de las costas del procedimiento judicial.
La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, afirma que no se arrepiente de haber puesto el tuit contra el ministro franquista. “Creo que tengo la obligación democrática de señalar los crímenes del franquismo porque su impunidad hace que sus herederos anden crecidos. No me achanto”, ha escrito en la misma red social tras conocer la demanda interpuesta por la familia del político franquista. Por su parte, Gabriel Rufián, ha expresado que “el tema se comenta solo”.
Imputado por la justicia argentina
José Utrera Molina, suegro del que fuera alcalde de la capital de España, presidente de la Comunidad de Madrid y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue imputado por la justicia argentina por el asesinato del catalán Salvador Puig Antich, militante anarquista que fue ejecutado mediante el garrote vil en 1974 tras ser condenado a muerte por un consejo de guerra que le acusó de ser el autor del subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona.
En calidad de ministro-secretario general del Movimiento, desde enero de 1974 hasta marzo de 1975, Utrera-Molina fue quien convalidó con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, hecho criminal que le imputó la jueza argentina María Servini, instructora penal de la causa penal contra los crímenes del franquismo. El exministro franquista no pudo ser sentado en el banquillo de los acusados porque la Audiencia Nacional rechazó las peticiones de extradición de la justicia argentina.
Los Ayuntamientos de Málaga y Sevilla, así como la Diputación hispalense, le han retirado las máximas distinciones institucionales de las que gozaba el ministro franquista. En la capital andaluza, además, el Ayuntamiento le retiró una calle a su nombre en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
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