El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, en funciones de guardia, ha decretado la libertad provisional de Carlos Loriente García, sacerdote de 45 años y canónigo de la Archidiócesis de Toledo, tras su detención este lunes en la localidad malagueña por presunta posesión de drogas.
El arresto se produjo de madrugada en un apartamento turístico que el religioso había alquilado, donde se encontraba con varios jóvenes. La presencia policial fue requerida cuando uno de ellos, en estado de alteración, amenazaba con lanzarse desde la terraza del complejo.
Intervención policial y hallazgo de drogas
Durante la intervención, los agentes registraron a los presentes y hallaron en posesión del sacerdote una decena de papelinas con lo que podría ser MDMA y mefedrona, sustancias cuya confirmación definitiva está pendiente de análisis. En el interior del alojamiento se encontraron además restos de consumo, una balanza de precisión y una bolsita monodosis.
Tras ser trasladado a comisaría, Loriente pasó este martes a disposición judicial. Allí se acogió a su derecho a no declarar. Pese a que el juez ha ordenado su puesta en libertad, el sacerdote sigue investigado por un posible delito contra la salud pública, ya que la cantidad de droga incautada superaría la considerada para consumo personal.
Reacción del Arzobispado de Toledo
El Arzobispado de Toledo confirmó la detención del sacerdote en un comunicado oficial, en el que expresó su “profundo pesar por los hechos” y manifestó su “rechazo a cualquier conducta delictiva que pudiera haberse producido”.
La institución eclesiástica anunció la apertura de un expediente canónico y la suspensión cautelar del sacerdote de todo ejercicio ministerial y de cualquier responsabilidad eclesial mientras se esclarecen los hechos.
“El Arzobispado pide perdón al Pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis”, concluye el comunicado, subrayando además su disposición a colaborar en todo momento con la justicia.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la presunta implicación del sacerdote en un posible delito contra la salud pública.