El reciente asesinato de una casera en Madrid, confesado a principios de este mes por un joven de 20 años, ha vuelto a poner el foco en un fenómeno que preocupa a las autoridades: el aumento de los conflictos entre propietarios e inquilinos que, en algunos casos, terminan en violencia extrema.
El joven acudió a una comisaría del distrito madrileño de Carabanchel para confesar que había estrangulado a su casera, una mujer española de 31 años, tras una fuerte discusión. Ambos convivían en un piso de la calle Oropéndola, donde el presunto autor tenía alquilada una habitación y donde también residían otros subarrendados.
Aunque los homicidios en este ámbito siguen siendo excepcionales, fuentes policiales señalan que las disputas relacionadas con el alquiler han aumentado en los últimos años. Una de las principales causas es la propia situación del mercado: precios cada vez más elevados que están empujando a compartir vivienda, subarrendar habitaciones o incluso convivir con el propietario.
En ese contexto, explican los investigadores, ya no solo generan conflicto los impagos del alquiler, sino también la convivencia diaria. Situaciones aparentemente menores —como no limpiar el baño o no recoger la cocina— pueden convertirse en detonantes de discusiones que escalan rápidamente.
De discusiones por alquiler a agresiones y amenazas
Uno de los primeros ejemplos de este periodo ocurrió el 24 de marzo de 2021 en Elche (Alicante). Una pareja fue detenida acusada de agredir a su antigua arrendadora y allanar su domicilio tras una discusión por el impago de varias mensualidades. La propietaria sufrió arañazos y la pérdida de una prótesis dental.
Ese mismo año, en octubre en Valladolid, cuatro hombres —entre ellos el propietario de una vivienda alquilada— fueron arrestados por sacar a la fuerza a su inquilino. Entraron sin permiso en el domicilio, metieron sus pertenencias en bolsas de basura y lo expulsaron del inmueble.
Los conflictos también han derivado en situaciones de violencia directa. En enero de 2022, una inquilina de Arona (Tenerife) tuvo que huir semidesnuda de su vivienda cuando sus caseros irrumpieron en el piso para reclamarle deudas relacionadas con el alquiler y los suministros.
Ese mismo año, el 8 de agosto, ocurrió el caso contrario: un inquilino de Palencia atacó con un cuchillo de cocina al propietario del piso en el que tenía alquilada una habitación. El agresor acabó condenado a diez años de prisión, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2022.
Violencia extrema y abusos en el ámbito del alquiler
Otros casos han mostrado niveles de violencia todavía mayores. En Zafra, un casero mató a su inquilina golpeándola con una barra de hierro en más de 40 ocasiones. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo tres años después de los hechos, ocurridos en 2020. También se han registrado agresiones graves durante conflictos por desalojos. En Baza (Granada), un propietario acudió a comunicar a su inquilino que debía abandonar la vivienda y este le apuñaló en una pierna, por lo que tuvo que recibir asistencia hospitalaria.
Las disputas tampoco siempre se limitan a agresiones físicas. En Murcia, un hombre fue condenado por atacar a sus caseros después de que estos se negaran a renovarle el contrato de alquiler. En julio de 2024, dos mujeres fueron detenidas en Málaga tras presuntamente retener y agredir a su arrendador en una vivienda de Puerto de la Torre. Según la investigación, las inquilinas le exigieron el dinero de su pensión y, al resistirse, lo golpearon con puñetazos, patadas y una tenaza de hierro, además de amenazarlo con un cuchillo.
Las peleas también han derivado en enfrentamientos con armas. A finales de 2024, un casero y su inquilino fueron detenidos tras una pelea a martillazos y navajazos en una corrala del distrito madrileño de Puente de Vallecas. En La Rinconada (Sevilla), un hombre de 31 años sobrevivió a un intento de asesinato cuando su casero le disparó en la cabeza porque le debía dos meses de alquiler. La bala quedó alojada en el cráneo y fue extraída posteriormente en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
Otro episodio ocurrió en Nigrán (Pontevedra), donde un casero y un familiar fueron condenados a entre tres y nueve meses de cárcel tras participar en una pelea multitudinaria con ocho personas para expulsar a unos inquilinos. Durante el enfrentamiento, el propietario llegó a sacar una pistola de una caja fuerte para amenazarles.
La violencia también ha llegado a situaciones más recientes. A finales de 2025, un hombre fue detenido en Sevilla por herir con un arma blanca a su casero y al abogado de este tras una junta de comunidad de vecinos, dejando a una de las víctimas incluso ingresada en la UCI. Los conflictos continúan produciéndose. Esta misma semana, la Policía Nacional detuvo en el distrito madrileño de Retiro al propietario de una vivienda y a sus dos inquilinos tras una pelea dentro del domicilio. El casero llegó a atrincherarse con una espada y amenazó con arrojarse desde un sexto piso, antes de entregarse voluntariamente.
También en los últimos días, la Policía Nacional arrestó en Palma a tres hombres y una mujer acusados de coacciones y amenazas después de cambiar la cerradura de una vivienda compartida para impedir la entrada a una pareja que alquilaba una habitación y amedrentar a los inquilinos con varias armas.