Facua-Consumidores en Acción critica que el Gobierno no vaya a ampliar la moratoria hipotecaria y la prohibición del corte de suministros de luz, agua y gas a las familias especialmente vulnerables. Ambas medidas, adoptadas para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 vencieron el 30 de septiembre. Facua es consciente de que en el Gobierno de coalición hay distintas sensibilidades y lamenta que en esta ocasión hayan vuelto a prevalecer las de quienes defienden los intereses de la banca y grandes conglomerados empresariales por encima de los de las familias que atraviesan graves problemas económicos.
La asociación considera especialmente grave que el Gobierno no amplíe una moratoria hipotecaria a la que han accedido pocas familias ya que los requisitos de vulnerabilidad económica que se exigían eran excesivos. Facua ya advirtió de que la mayoría de las entidades financieras intentaban eludir la moratoria de las hipotecas con los numerosos consumidores que la solicitaban. Sin embargo, el Gobierno, critica la asociación, cedió ante las presiones de la banca para acotar enormemente los beneficiarios de la medida. Y es que ante las distintas interpretaciones que generaba el Real Decreto que reguló la moratoria en las hipotecas, el Ejecutivo impuso reunir conjuntamente los cuatro supuestos de vulnerabilidad económica y no sólo uno, con lo que se vio enormemente reducido el número de familias que podían acceder a ella.
La asociación señala que al no ampliar el plazo de solicitud de la moratoria hipotecaria más allá del 30 de septiembre se está desprotegiendo a las familias más vulnerables que, tras el estado de alarma, continúan con una situación económica mermada y grave debido, entre otras situaciones, a la extensión en el tiempo de los ERTE. Otra de las reivindicaciones de Facua al Gobierno fue la prohibición del corte de los suministros de agua, luz y gas en los domicilios con consideración de primera vivienda. A partir de septiembre sólo estarán prohibidos los cortes a consumidores considerados vulnerables.
La asociación advierte de que serán muchas las familias que al finalizar la prohibición del corte de suministros básicos se encuentren con la incapacidad económica de afrontar el pago de varias facturas acumuladas y sin un respaldo jurídico que les permita flexibilizar y facilitar el abono de los importes adeudados.
En este sentido, Facua trasladó al Gobierno la necesidad de aprobar medidas que faciliten el pago por parte de los usuarios con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de estos servicios. Ayudas públicas destinadas a aliviar a los consumidores de la carga económica que pudiera derivarse de la prestación de servicios esenciales como la luz, el agua o el gas, o mediante la regulación de fraccionamientos de pago con márgenes suficientemente amplios que permitan su abono en atención a las circunstancias personales y económicas que pudieran presentar los usuarios.
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