¿Huelga en las prisiones? Los sindicatos amenazan a Marlaska con reabrir un conflicto laboral

Reclaman mejoras sociolaborales que deben repercutir en una subida salarial de al menos 400-450 euros mensuales de media

Una imagen de archivo de una huelga.
Una imagen de archivo de una huelga.

Tiempos revueltos para el Ministerio del Interior, porque los funcionarios de prisiones vuelven a reivindicar sus derechos.

Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF han anunciado este jueves un conflicto colectivo por la falta de avances en la negociación para el colectivo de trabajadores de prisiones, a la espera de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "desencalle" la situación con mejoras sociolaborales que deben repercutir en una subida salarial de al menos 400-450 euros mensuales de media.

En rueda de prensa, las organizaciones representativas del colectivo han negado la capacidad de interlocución con Instituciones Penitenciarias bajo la dirección de Ángel Luis Ortiz, a quien acusan de aplicar "un rodillo impositivo que no negocia". De ahí que quieran que Grande-Marlaska intervenga y "cumpla su palabra" de que este año sería el de las mejoras con la nueva Ley de Función Pública o el reconocimiento como agentes de autoridad.

Sin descartar la convocatoria de una nueva huelga general, ACAIP-UGT y CSIF han dicho que esperan a ser convocados por Grande-Marlaska, y que irán con "la mejor voluntad" para retomar la negociación a partir de la propuesta que se trasladó por la Administración en septiembre de 2018, para luego ser retirada, de destinar 123 millones de euros para la subida salarial. Esto equivale a 400-450 euros mensuales de media por trabajador en el complemento específico.

PIDEN COHERENCIA A MARLASKA

El colectivo mira a lo ocurrido con la Policía y la Guardia Civil --con un Acuerdo de Equiparación Salarial ejecutado de 807 millones en tres años-- y quieren que Grande-Marlaska sea "coherente" con lo prometido en las reuniones con los sindicatos y también en intervenciones públicas en el Congreso de los Diputados.

"A la espera de que el ministro del Interior desencalle la situación, le pedidos al señor Marlaska que haga ese esfuerzo, que sea verdad lo que dijo que este sería el año de los empleados públicos penitenciarios", ha comentado el presidente de ACAIP, José Ramón López Santamaría.

En la rueda de prensa conjunta con Jorge Vila y Francisco Llama, de CSIF, y Carlos Álvarez, de UGT, se han expuesto datos como que desde enero de 2016 se han registrado más de 25.000 agresiones entre internos, "unos incidentes donde los trabajadores siempre tienen que intervenir" en un contexto de "violencia muy grave".

"Somos el patito feo del Ministerio del Interior; somos necesarios pero no nos dan importancia", se han quejado, recordando que su función está regulada por normativas preconstitucionales a pesar de que hacen frente a realidades como la de los internos condenados por yihadismo o por crimen organizado. También han denunciado el problema creciente por en envejecimiento de la plantilla o por el trato con internos con enfermedades psiquiátricas.

MEDIDAS DE PRESIÓN

Los sindicatos comenzarán con su calendario de "medidas de presión" convocando una manifestación en la próxima reunión de directores de centros penitenciarios en Cuenca. En este sentido, han pedido consenso a todos los partidos políticos. "Cuando están en la oposición, todos son parabienes, pero cuando están en el Gobierno no se acuerdan", se ha quejado el representante de ACAIP.

Una de esas promesas incumplidas es la del reconocimiento como agentes de autoridad, lamentando que se tenga que volver a plantear esta necesidad a raíz de situaciones bajo investigación judicial como la reciente agresión denunciada por la subdirectora de seguridad de la prisión de Villena (Alicante), en paralelo a un presunto caso de mala praxis con un interno con problemas de salud mental.

Durante el acto se han quejado de cacheos a trabajadores penitenciarios que, en algunas situaciones como el pasado lunes en la prisión de Las Palmas I, supondría una "aberración" que fueran amparadas por la Institución Penitenciaria.

También han aludido a la polémica por los permisos durante la jornada de votación en las pasadas elecciones a la Comunidad de Madrid, así como a su discrepancia por la jornada laboral y los turnos establecidos una vez superada la fase más crítica de la COVID-19.

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