Concentraciones en los Juzgados de Jerez y Algeciras: "Si la Justicia no es rápida, no es Justicia"

La coordinadora andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno al colapso de los Juzgados de lo Social

Audiencia de Jerez en una imagen de archivo.
Audiencia de Jerez en una imagen de archivo.

La coordinadora andaluza de las Marchas de la Dignidad hace un llamamiento al pueblo andaluz para iniciar un debate en torno al colapso de los Juzgados de lo Social. Este jueves, 20 de mayo, habrá concentraciones en localidades como Jerez de la Frontera —a las 11.30 horas en los Juzgado de la avenida Álvaro Domecq) y en Algeciras —a las 13.00 horas en los Juzgado de lo Social de la avenida Virgen del Carmen— para recordar que "si la Justicia no es rápida, no es Justicia". Además, también hay protestas convocadas en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Motril y Sevilla.

"En Andalucía, los Juzgados de lo Social están colapsados. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos en Córdoba, Almería o Sevilla. Demandas cuyas vistas se fijan para 2023, 2024 o 2025 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social", apuntan desde la coordinadora. "La principal causa es la gestión política. A ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la justicia. El actual ministro no es ninguna excepción. Todos sus predecesores y él mismo lo han tenido y lo tienen muy claro. Han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc".

"Las reformas del Estatuto de los Trabajadores han ido configurando una tendencia donde la pérdida de derechos por las personas trabajadoras ha sido la nota dominante del proceso. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de demandas a años vista. Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social", aseguran desde las Marchas de la Dignidad.

A finales de 2020 no se ha podido celebrar un juicio en la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se abordaba la violación del derecho fundamental a la huelga por parte de la Junta de Andalucía, por falta de medios telemáticos (ordenador, software y conexión). Finalmente se celebró en marzo 2021 y la sentencia ha puesto en vilo este derecho fundamental, al ponerse de perfil el tribunal sin sancionar a la Junta y remitir a una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo que declaraba nulos y abusivos unos servicios mínimos en la huelga general del 8M pero que no conlleva que la clase política pueda seguir conculcando el derecho fundamental a la huelga mediante un decreto de servicios mínimos ilegales que no le van a suponer ningún coste ni económico, ni social, ni responsabilidad política alguna porque los tribunales así lo han decidido.

"Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación", apuntan desde la coordinadora. "Los señalamientos a años vista obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales, que dejan ser útiles y no surten efecto. Así se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de los trabajadores", agrega.

Las Marchas de la Dignidad exigen el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y propone, entre otras medidas, el aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía, la implantación de Juzgados de lo Social de Ejecución —para agilizar las ejecuciones—, como existen en Madrid y Barcelona, y la agilización del sistema de notificaciones a las demandadas. También quiere denunciar las problemáticas que nos encontramos en los juzgados cuando se trata de tutelar el derecho a la vivienda, regulado en el artículo 47 de la Constitución.

"Los juzgados sistemáticamente incumplen la normativa contenida en los Tratados Internacionales que hemos suscrito como Estado. Con frecuencia nos encontramos ante procesos judiciales en los que no se garantizan los derechos de los menores y su protección jurídica. Son muchos los procedimientos en los que magistrados y jueces decretan el lanzamiento de familias económicamente vulnerables sin haber ponderado otras opciones menos gravosas y sin garantías de alternativas habitacionales para los menores de edad, las hijas e hijos de la clase trabajadora", lamentan desde las Marchas de la Dignidad.

La coordinadora andaluza solicita que se implementen protocolos específicos en los procesos de desahucios que tengan en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, y cree que los jueces deberían suspender los desahucios de familias con menores a su cargo para garantizar los derechos de vivienda, intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio etc.

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