Las trabajadoras de la Fundación Gaditana de Tutela, que tiene sus oficinas en Jerez, estuvieron durante dos meses costeando ellas mismas la gasolina de los desplazamientos que hacían a localidades de toda la provincia para no dejar desatendidos a los 400 usuarios que abarcan. También usando sus propios móviles para atender y realizar llamadas. O usando sus datos móviles para consultar el correo corporativo. La falta de liquidez de la fundación hace que lleven desde mayo sin cobrar y que no tengan internet ni dinero para gasolina.
¿El problema? Ni Junta de Andalucía —a través de la Fundación Andaluza Para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem)—, ni Diputación de Cádiz, patronos de la fundación, están abonando las subvenciones que le corresponden. La Junta, a través de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, está al día en el pago de sus aportaciones, pero no a través de Faisem, dependiente del Gobierno andaluz, que no pagó nada en todo 2021 ni en lo que va de 2022. A eso hay que sumar los impagos de Diputación de Cádiz. En total, más de 73.000 euros de deuda que impiden a la Fundación Gaditana de Tutela tener liquidez.
La entidad se encarga de las tutelas, curatelas, defensas judiciales y administración de bienes de personas adultas con discapacidad que están incapacitadas judicialmente para tener una vida autónoma. Su labor va desde acompañarlos a citas médicas, retirarles medicamentos y supervisar la toma de los tratamientos, hasta solucionarles un desperfecto en casa, comprarles ropa o tramitarles la Ley de dependencia.
“Ahora mismo muchos están encerrados en sus casas intentando localizarnos sin éxito”, asegura Arancha González, una de las dos técnicos de integración social de la fundación, en declaraciones a lavozdelsur.es. “Quienes tengan familia estarán acompañados, pero la mayoría no tienen”, agrega.
Los usuarios, unos 400 en toda la provincia, están desatendidos porque los trabajadores no pueden hacer llamadas desde los teléfonos de la fundación —con la línea cortada por impagos de facturas— y no pueden desplazarse porque no se les abona la gasolina. Aunque desde sus inicios usan sus coches particulares para los desplazamientos, las deudas provocan que no haya liquidez para costear el combustible de los más de 1.000 kilómetros que recorren cada mes para visitar usuarios.
A la oficina que la Fundación Gaditana de Tutela tiene en Jerez apenas acuden las empleadas, porque solo tienen luz —aunque hace varios meses que se deben facturas—, pero no pueden hacer llamadas ni tienen internet, por lo que no pueden trabajar. “El correo lo miraba conectándome con los datos móviles de mi teléfono”, cuenta la técnico de integración social. Como ella, la plantilla lleva tiempo tirando de ahorros y pidiendo ayuda a familiares para poder vivir.
Con esta situación económica, los cinco empleados de la fundación no han cobrado las nóminas de mayo, junio y julio, la paga extra de verano, y están a punto de sumar la de agosto. Diputación de Cádiz, con quien se reunieron representantes de la fundación este mes, es quien primero abonará, previsiblemente, los pagos pendientes, “pero lo peor es que si pagara hoy y se abonaran nóminas y gastos, el mes que viene estaríamos otra vez con problemas”, puntualiza González.
Las trabajadores de la fundación mandaron un escrito al presidente de la entidad, David de la Encina, diputado del área de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, expresándole su preocupación, tras lo que se reunieron y acordaron que se abonarían los retrasos antes del 15 de agosto. “Aunque estamos 19 y aún no sabemos nada”, cuenta Arancha González. De Faisem están esperando la publicación definitiva de las bases de una subvención en concurrencia no competitiva para el año 2022, sin saber qué pasará con la del año anterior.
“Sin desmerecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales ni del movimiento asociativo, esta fundación no es una entidad más del colectivo, ya que tiene una responsabilidad pública asumida por las Administraciones de cara a prestar el apoyo a las personas con discapacidad que le otorga una sentencia judicial”, asegura la plantilla en un comunicado elaborado para los medios.
Por eso, han puesto la situación en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Cádiz, sección de apoyo a personas con discapacidad, por si cabe actuación al respecto. “No podemos vernos en esta situación de precariedad sin poder atender a las personas que dependen de nuestra intervención por no disponer de los recursos necesarios”, lamenta la plantilla de la Fundación Gaditana de Tutela, que acumula casi cuatro meses —cinco nóminas pendientes— sin poder ejercer su labor.
Comentarios