La Junta de Andalucía ha vuelto a lanzar un mensaje claro con cifras: financia el doble que el Estado en dependencia. En lo que va de 2025, el Gobierno andaluz ha destinado 1.587 millones de euros al sistema, frente a los 743 millones aportados por el Ejecutivo central. Es decir, Andalucía asume el 68,09% del total de la financiación, dejando al Estado con tan solo un 31,91%, y eso, según dice el Gobierno andaluz, a pesar de que la ley establece una cofinanciación a partes iguales entre ambas administraciones.El total de la inversión conjunta alcanza los 2.331 millones de euros, pero son las cifras andaluzas las que marcan una diferencia sustancial. La Junta ofrece estos datos en plena crisis de confianza en este sistema por la enorme tardanza, de casi 600 días.
Con estos recursos, mantiene el mayor número de beneficiarios del país. Según los últimos datos, cerrados a junio de 2025, hay 302.871 personas atendidas en la comunidad, que reciben un total de 455.031 prestaciones. Esto se traduce en una inversión de 7.696,35 euros por beneficiario, muy por encima de los 5.940,16 euros que se destinaban en 2018. En siete años, el incremento ha sido del 29,56%.
Además, Andalucía fue en 2024 una de las cuatro comunidades que más aumentó el número de beneficiarios. Una tendencia que consolida su liderazgo en el sistema nacional de dependencia, tanto en atención como en inversión. Un dato revelador: el gasto por persona potencialmente dependiente en Andalucía alcanzó en 2024 los 1.997 euros, situándose por encima de la media estatal, que quedó en 1.968 euros.
5.000 millones "adeudados"
Desde la Junta no solo ponen el foco en la diferencia de gasto actual, sino también en el histórico. Entre 2019 y 2025, el Gobierno andaluz ha invertido un total de 8.742 millones de euros, frente a los 3.705 millones aportados por el Estado. Una diferencia de 5.037 millones que, según la Junta, el Gobierno de España "adeuda" a Andalucía por no cumplir con la financiación del 50% que marca la ley.
Estas cifras, remarcan desde la Consejería, ponen en evidencia el desequilibrio estructural que arrastra el sistema y el peso que asume la administración autonómica para sostener una red de servicios clave para la población más vulnerable. Una inversión que sigue creciendo año tras año, pero que no va acompañada del respaldo económico que correspondería al Gobierno central.
