“Una persona que no ha cometido ningún delito no debe ser privada de libertad”, dice sin tapujos Andrés de la Peña, delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), una de las entidades sociales y sindicales que componen la Coordinadora CIE NO en Cádiz. Concretamente, está hablando del CIE de Algeciras, reabierto recientemente.
El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la localidad del Campo Gibraltar, ubicado en la antigua prisión de la Piñera, no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención con garantías. La reclusión de migrantes en las instalaciones supone para la coordinadora una flagrante vulneración de los derechos humanos, ya que están en estado ruinoso y se dispensa un trato degradante para las personas internas, para el funcionariado policial y para las entidades sociales que desarrollan su labor en ella.
Entidades públicas como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado han solicitado de forma reiterada el cierre del CIE de Algeciras, al considerar que "no reúne las mínimas condiciones para la estancia de internos", ya que tiene deficiencias en materia de seguridad, higiene, asistencia sanitaria y servicio de orientación jurídica y ocio.
"Es un edificio que tiene un problema estructural, aluminosis", recuerda el representa de Apdha en el Campo de Gibraltar, en conversación con lavozdelsur.es. La aluminosis, o fiebre del hormigón, se detecta cuando este material pierde sus propiedades, se vuelve menos resistente y más poroso, lo que pone en peligro la estabilidad de un edificio, como sucede en el CIE de Algeciras. "El antiguo comisario decía que todo el dinero que se echara aquí era como tirarlo por la alcantarilla", cuenta Andrés de la Peña. Durante la pandemia, el Ministerio del Interior ha empleado 1,4 millones de euros en reformas.
La antigua prisión, que ahora sirve como CIE en Algeciras, será historia cuando vea la luz el nuevo CIE, que contará con una inversión de casi 27 millones de euros por parte del Gobierno central, que pretende que tenga capacidad para 500 internos en una parcela de 20.000 metros cuadrados situada junto al centro penitenciario de Botafuegos. "Vamos a protestar cuando las circunstancias lo permitan", anuncia De la Peña, que habla como miembro de la coordinadora CIE No.
Los 1,4 millones de euros invertidos en el actual CIE, según la coordinadora, "no suponen más que un parche", que considera que se trata de "un dinero malgastado en un edificio que sufre aluminosis y que no tiene más solución que su derribo inmediato, pues la experiencia ha demostrado que no responde a reparaciones parciales". El nuevo CIE, agregan, "no responde a la verdadera necesidad social de la comarca del Campo de Gibraltar", por lo que solicitan "que se proceda a destinar tales importes —27 millones de euros— a otras necesidades imperiosas de la comarca, como la mejora de la conexión ferroviaria, planes de empleo y formación, modificación del tejido productivo y empresarial, infraestructuras sanitarias o educativas y sociales".
"Nos oponemos desde hace muchos años a los CIE, no sólo al nuevo. La Ley extranjería contempla el internamiento como el último recurso en estos casos", reseña Andrés de la Peña, quien asegura que "la solución no es que se interne a las personas que intentan buscar una vida mejor, de forma lícita. Llegan en patera porque no tienen otra forma y aquí los metemos en la cárcel, porque el CIE es una cárcel, con menos derechos de los que puede tener un preso común".
La coordinadora recuerda que los CIE no son los instrumentos necesarios para el control de los flujos migratorios, que existen alternativas viables a optar por estos centros de detención. Además, en mitad de una pandemia, critica que se proceda a una privación de libertad innecesaria, aumentando el riesgo de contagio para internos, funcionarios y ONG. "El CIE de Tarifa no se va a abrir más, según las informaciones que nos llegan", comenta De la Peña, "pero el de Algeciras sí, fue el último en cerrar por la pandemia y va a ser de los últimos en abrirse, pero en unas condiciones inhumanas".
La coordinadora CIE No, está formada por una veintena de entidades sociales: Algeciras Acoge, Asociación Claver SJM, Apdha Campo de Gibraltar, Ca-minando Fronteras, Marea Violeta Campo de Gibraltar, CCOO Campo de Gibraltar, UGT Campo de Gibraltar, CGT Campo de Gibraltar, Plataforma Social del Campo de Gibraltar, Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez Dimbali, Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Asociación Cardijn, Asociación Intercultural del Saladillo, Asociación Cultural y Social Bahratain, Fundación de Solidaridad Amaranta, Fundación Cruz Blanca, Agaden, Mujeres del Mundo de Conil, Marea Blanca La Janda, Vejer Sin Fronteras, Red de Acogida del Puerto, Fundación Tarik Bin Ziad, Centro Islámico del Campo de Gibraltar y Fundación Prolibertas.
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