El 23% de la población andaluza, cerca de dos millones de personas, se encuentra en situación de exclusión social, mientras que el 10% vive en exclusión severa. Así lo ha señalado Cáritas Andalucía este martes durante la presentación del Informe de Fundación Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la región, que advierte de la "cronificación de la desigualdad y de un proceso profundo de fragmentación social".
Según la organización, los principales factores de exclusión en Andalucía son la vivienda y el empleo. La presentación del informe contó con la participación de monseñor Jesús Fernández González, delegado para la Pastoral Social en la Asamblea de Obispos del Sur y obispo de Córdoba; Francisco José Sánchez Heras, presidente de Cáritas Andalucía; y Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del informe andaluz y miembro del equipo de estudios Foessa.
Rodríguez de Blas subrayó que Andalucía enfrenta un "proceso profundo y persistente de fragmentación social" derivado de más de dos décadas de crisis encadenadas —económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional— cuyas recuperaciones no han logrado cerrar las brechas abiertas. Según el informe, casi dos millones de andaluces tienen "dificultades para participar con normalidad en la vida social", una proporción superior a la media estatal, que se sitúa en el 19,3%.
Cáritas destacó el crecimiento de la exclusión severa, que alcanza al 10,2% de la población, lo que supone 270.000 personas más que en 2018, con "procesos cada vez más largos y difíciles de revertir". La organización añadió que "solo cuatro de cada diez personas no presentan actualmente ningún indicador de exclusión social".
Foessa apuntó que "no fallan las personas, falla el sistema", ya que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa intentan integrarse, pero se encuentran con recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus necesidades. En este contexto, la exclusión se produce "incluso cuando las personas hacen todo lo que está en sus manos".
El principal motor de la exclusión social
En materia de vivienda, el informe identifica este factor como el principal motor de exclusión social, afectando a casi una de cada cuatro personas. Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha subido un 65%, lo que obliga a más de 400.000 hogares a vivir por debajo del umbral de pobreza severa tras cubrir los gastos de vivienda y suministros. Además, "solo el 15% de la población vive de alquiler y el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza", mientras que más de 1,2 millones de andaluces residen en viviendas inadecuadas o hacinadas.
El empleo es señalado como el segundo gran eje de exclusión. En Andalucía, el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media nacional y más de uno de cada diez hogares depende de un sustento laboral inestable. Casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos inesperados, uno de cada cinco no puede mantener su vivienda a temperatura adecuada y el 16% acumula retrasos en pagos relacionados con la vivienda.
El informe también alerta sobre el deterioro de las relaciones sociales y la exclusión en salud. Rodríguez de Blas afirmó que "los problemas ligados al conflicto y al aislamiento social afectan a medio millón de personas y se han duplicado desde 2018". Además, "uno de cada cinco hogares sigue sufriendo exclusión vinculada a la salud", especialmente por dificultades económicas que impiden acceder a medicamentos o tratamientos, situación que afecta a más de 1,3 millones de personas.