La Guardia Civil ha confirmado que los nueve pozos sin licencia descubiertos en la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba, no solo provocaron un "importante daño ambiental", sino que generaron un "beneficio ilegal" que alcanzaría los 5,1 millones de euros. Según los informes, estos pozos permitieron regar más superficie de la que habría sido posible con el agua legalmente autorizada, lo que se tradujo en un incremento en la cosecha de naranjas. Los pozos fueron precintados por orden judicial tras ser detectados.
Un segundo informe pericial, elaborado por el instituto armado a solicitud de la Fiscalía y entregado en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental, confirma las conclusiones del primer estudio realizado un año antes. Las dos agentes que participaron en la elaboración del documento ratificaron sus hallazgos el pasado viernes ante el magistrado, respondiendo además a las preguntas de la defensa, que representa a Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca y otras propiedades de la Casa de Alba.
La finca Aljóbar se encuentra en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con el Parque Nacional de Doñana. La existencia de estos pozos ilegales fue revelada gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos bajo mallas que dificultaban incluso su teledetección. La denominada operación "Irrigatio" ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque la defensa sostiene que "toda la responsabilidad recaería sobre un sobrino de la familia", Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga.
El beneficio
El análisis pericial calcula el "beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua" considerando la producción de cítricos por hectárea durante los once años en que se utilizó agua sin autorización. El estudio distingue dos periodos: de 2014 a 2021, cuando se regaron 205 hectáreas, y de 2021 a 2024, con 164 hectáreas. Al beneficio ilícito se suma el daño ambiental, estimado entre 732.000 y 1,1 millones de euros, según la cantidad de agua utilizada, que oscila entre 5.000 y 6.352 metros cúbicos por hectárea.
El cálculo del daño considera tres factores: el valor del agua extraída, el coste de rehabilitar el entorno y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema. Sumando beneficio ilícito y daños, el importe total alcanza entre 5,8 y 6,2 millones de euros.
El informe también advierte que la extracción ilegal de agua del acuífero Aljarafe Sur, cercano a la sobreexplotación, "supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles", debido a las interconexiones entre suelo, agua y biota. Las autoridades insisten en que estos hechos subrayan "la gravedad ambiental de la utilización de recursos hídricos sin autorización legal".