Ha sido una espera larga, pero ya ha finalizado. Tras meses de debates y de, incluso, algún enfrentamiento en los tribunales, la Junta de Andalucía ha aprobado la normativa que permitirá a los ayuntamientos andaluces regular los pisos turísticos. La forma de alojamiento que ha crecido de forma incontrolable en los últimos años también ha provocado tensiones en el centro de muchas ciudades andaluzas donde vecinos de toda la vida han tenido que abandonar sus viviendas por las incomodidades provocadas por este tipo de alojamiento o el encarecimiento de los alquileres.
La Consejería de Turismo que dirige Arturo Bernal finalmente ha habilitado con esta norma a los ayuntamientos para que pongan coto a las viviendas turísticas. Algunos consistorios como el de Cádiz y Sevilla lo habían intentado en el anterior mandato, aunque el Tribunal Supremo señaló en varias sentencias que las competencias eran de la Junta de Andalucía y que, por lo tanto, los ayuntamientos necesitaban esta delegación de competencias.
El Gobierno andaluz defiende que esta nueva norma ha sido posible gracias al consenso alcanzado con los empresarios hoteleros, los gestores de viviendas turísticas, los administradores de finca y los sindicatos con el objetivo de mejorar la calidad de esta actividad y compatibilizar los derechos de los turistas con los de los vecinos. "El mapa ha cambiado en los últimos años y estas viviendas representan la mitad de la oferta de alojamientos que hay en la comunidad", ha precisado Bernal.
En total hay inscritas en toda Andalucía 116.000 viviendas de uso turísticos. La cifra no es menor y ha provocado verdaderos problemas en numerosas ciudades. Un ejemplo claro es Sevilla y el barrio de Santa Cruz, donde existen más viviendas turísticas que de uso residencial. Ahora, los ayuntamientos tendrán el pleno poder urbanístico sobre estos alojamientos.
De esta forma, los gobiernos municipales podrán limitar estas viviendas e, incluso, prohibirlas por causas de interés general. Los ayuntamientos podrán 'zonificar' las ciudades para poner fin al aumento de los pisos turísticos con el objetivo de "garantizar los derechos de los propietarios". Una de las grandes novedades para llevar a cabo el control es que el decreto crea la figura de la empresa explotadora para identificar al prestador del servicio independientemente de quien sea el propietario de la vivienda. Esto va a permitir al usuario poder reclamar sin que haya un desvío continuado de responsabilidades.
Otra de las cuestiones que incluye la norma aprobada por la Junta de Andalucía, que entrará en vigor 20 días después de su publicación en los boletines oficiales, es que el texto incluye una serie de requisitos para garantizar que estos alojamientos presten la misma calidad y sigan los mismos requisitos que los hoteles. De esta forma, estará registrado el número de baños, de ventanas o de personas que pueden habitar la vivienda según los metros cuadrados que esta presente. También se elevan los requisitos de confort incluyendo condiciones en el ajuar doméstico, la climatización u otros elementos que deba contener la vivienda.
Bernal también ha hecho referencia a las últimas sentencias que permitían a las comunidades de vecinos prohibir estas actividades en sus bloques. El decreto no dice nada al respecto porque dicha normativa viene regulada en la Ley de Propiedad Horizontal. Es decir, los vecinos tienen la capacidad que establece esta norma y que, por lo tanto, ha señalado el Tribunal Supremo recientemente.
Para controlar el cumplimiento del decreto la Junta de Andalucía está trabajando en una estrategia para automatizar los procesos y las herramientas digitales necesarias para dicho control. En este sentido, los ayuntamientos tendrán asistencia técnico-jurídica para poder aplicar el decreto. También habrá un aumento en la plantilla de inspectores, aunque desde la Consejería se dá más importancia a la digitalización para compartir información. El Gobierno andaluz y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias mantendrán próximamente una reunión para que toda la información llegue a los ayuntamientos y puedan aplicar el decreto.
Negativa a la tasa turística
Pese a la nueva norma, Arturo Bernal ha vuelto a insistir en que la Junta de Andalucía no se plantea actualmente instalar la tasa turística. Recientemente el debate se ha vuelto a instalar en el Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el Partido Popular. También es un tema que han valorado en Sevilla o Cádiz. De hecho, el responsable de Turismo en la provincia de Cádiz habló de esta posibilidad hace unas semanas.
Sin embargo, el consejero ha dejado claro que mientras los empresarios y diferentes agentes del sector no quieran saber nada de esta tasa, la Junta no abrirá el debate. "Cuando ellos quieran, la Junta buscará fórmulas", ha señalado al mismo tiempo que ha querido manifestar que no es una posición rígida del Gobierno andaluz.
Según Bernal, esta tasa turística que proponen algunos ayuntamientos y que ya está funcionando en muchas ciudades europeas es una "solución coyuntural a un problema mayor". El Gobierno andaluz defiende que no es un problema de turismo, sino de financiación local, por lo que pide al Ejecutivo central que solucione esta cuestión con un nuevo sistema.
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