El Defensor del Pueblo de España ha decidido continuar y ampliar las actuaciones iniciadas en su investigación sobre los incidentes acaecidos en Peal de Becerro, en Jaén, el pasado 18 de julio tras la muerte por arma blanca de un joven de 29 años que trabajaba como portero en un pub de la localidad.
Así se recoge en la contestación que la citada institución ha remitido a la Sociedad Gitana Española tras la queja que interpuso por los hechos que afectaron a familias de esta etnia.
Se produjeron en la noche del 18 de julio tras la manifestación pacífica convocada para pedir justicia por la muerte del joven. Un crimen por el que hay en prisión provisional dos jóvenes, uno de 20 y otro de 18 años, mientras que otros dos, hermanos del de 20 años, quedaron en libertad con cargos.
Fue tras la disolución de la manifestación cuando grupos de personas se saltaron el cordón de seguridad de la Guardia Civil y volcaron los vehículos de los detenidos y realizaron algunas pintadas sobre propiedades de las familias que allí viven.
Cuando llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, los asaltantes se dispersaron, pero un grupo se dirigió a la calle donde residen familias de etnia gitana y sin ninguna conexión con los detenidos. Fue allí donde causaron daños a varias viviendas, todas ellas deshabitadas, e incluso se registró un incendio en una casa.
Estos hechos han generado críticas y actuaciones de colectivos gitanos en diversas vías e instituciones por lo que consideran antigistanismo y posibles delitos de odio.
En el citado escrito del Defensor del Pueblo, firmado por la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, se expone que en respuesta a la queja presentada por la Sociedad Gitana Española se ha recibido, con fecha 25 de agosto, la información solicitada al Ayuntamiento de Peal de Becerro.
Según indica, el Consistorio señala que la manifestación del 18 de julio "fue debidamente comunicada a la Subdelegación de Gobierno y que discurrió pacíficamente". Además, puso en marcha un dispositivo de la Policía Local "en el que se activaron todos los efectivos disponibles para velar por la seguridad de las personas y el orden público".
También informa de que, "una vez finalizada la manifestación, la Policía Local y el equipo del Parque de Bomberos se pusieron a disposición de la Guardia Civil para atender los sucesos acaecidos, ajenos a aquella: vuelco de tres vehículos e incendio de
una vivienda".
El Defensor precisa que "los ayuntamientos tienen competencia en materia protección civil" y para ello, además de tener colaboración y coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la participación de la ciudadanía, deben disponer de un sistema "capaz de responder a las necesidades de protección de la población, especialmente la más vulnerable, frente a cualquier tipo de emergencia".
"Por esto, y en atención a la situación en la que se encuentran las tres familias afectadas, que además tienen menores de edad a cargo, se ha decidido continuar y ampliar las actuaciones iniciadas en esta investigación", explica.
En este sentido, ha pedido al Ayuntamiento de Peal de Becerro información en relación con la situación de esas familias y de las peticiones de asistencia y/o asesoramiento que haya recibido de su parte para de conocer si se les ha proporcionado ayuda y asesoramiento para resolver la situación.
Igualmente, se ha solicitado "que se informe sobre el tipo de intervención que realizó la Policía Local para proteger a las personas, a las viviendas y el espacio donde estas se ubican el día en el que ocurrió la agresión y qué otras actuaciones, dentro de las competencias de protección civil, se acordaron acometer para evitar daños mayores".
Junto a ello, demanda conocer "qué tipo de sistema de protección civil se aplica en el ayuntamiento en este tipo de situaciones de emergencia causadas por graves altercados públicos". Con respecto a la escolarización de los menores, se ha solicitado también que se informe de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para ayudar a estos niños.
Además, "si persiste el problema de vivienda planteado en la queja" --por abandonar los inmuebles en los que residían--, el Defensor aconseja que las familias que se dirijan a los servicios sociales del Ayuntamiento de Peal de Becerro o de la nueva localidad donde se encuentren, "solicitando la concesión de una ayuda económica para atender sus necesidades de alquiler de alojamiento y también sus necesidades básicas diarias, con la finalidad de paliar la eventual situación de riesgo y exclusión social en la que se encuentren".
Matiza, no obstante, que según la Ley 1/2010, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, las personas que solicitan una vivienda pública deben estar inscritas en un Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y que las viviendas se adjudican con unos procedimientos tasados, en función de unos requisitos previamente establecidos y, pese a cumplirlos, puede demorarse porque es mucho mayor la demanda.
"Sin embargo, se excepcionan del procedimiento descrito las adjudicaciones de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento", añade el Defensor del Pueblo.
En estos casos, "se puede adjudicar directamente una vivienda del parque público de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mediante un procedimiento más rápido", contando, además, con la autorización del responsable del correspondiente registro municipal de demandantes de vivienda.
"Por ello, es aconsejable que las familias afectadas se dirijan a los servicios sociales del Ayuntamiento del Peal de Becerro o a los servicios sociales del ayuntamiento en el que se encuentren, con el fin de solicitar la inscripción de su expediente en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y que sea valorada la eventual urgencia de su situación social", comenta.
Al hilo, detalla que esta valoración es "requisito imprescindible en orden a que, si así procediera, se pudiera adjudicar directamente una vivienda y para que, hasta que se produjera la eventual adjudicación, se buscara alguna alternativa de alojamiento temporal".
Respecto a "la escolarización de los menores afectados por esta difícil situación", el Defensor "precisaría disponer de información sobre las actuaciones realizadas o que vayan a realizar las familias ante la Administración educativa de la Junta de Andalucía para obtener una plaza en un centro escolar próximo a su nuevo domicilio". En todo caso, traslada que, en caso de que se produzca algún retraso o irregularidad, puede dirigirse de nuevo a esta institución.
Finalmente, "en relación a la actuación iniciada ante la Subdelegación del Gobierno de Jaén, ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó", comunica que se ha reiterado la petición.
Una vez recibida la citada respuesta, la Sociedad Gitana Española ha valorado su "contundencia". "Se amplía y se sigue la investigación desmintiendo con rotundidad a las administraciones públicas que se escudan en la mentira para no aplicar la ley ni los derechos constitucionales que asisten por derecho a las familias gitanas afectadas y desamparadas tras la violencia y disturbios vividos en Peal del Becerro en la Provincia de Jaén", afirma en un comunicado.
Incide, entre otras cosas, en que "en caso de desamparo o emergencia social, como es el caso de las familias gitanas, incluidos personas mayores y niños que han sufrido la violencia y el destierro forzoso de sus hogares", "la ley dice claramente que no es necesario formar parte de una lista de espera para el acceso a una vivienda social o pública" y puede ser adjudicada "de forma directa".
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