El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento de las alegaciones presentadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas al proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que regulará los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. El procedimiento de audiencia pública se abrió el 11 de septiembre de 2025 y concluyó el 6 de octubre.
El nuevo marco que plantea el Ministerio pretende fijar los volúmenes de inversión y el procedimiento de presentación de planes por parte de las empresas distribuidoras y gestoras de la red, así como los mecanismos de control de su ejecución. El texto modifica los Reales Decretos 1047/2013 y 1048/2013, que establecen la metodología de cálculo para la retribución de las actividades de transporte y distribución eléctrica.
Aunque se incluyen incrementos excepcionales en los límites máximos de inversión, estos continúan ligados al PIB nacional, con los mismos valores del 0,065% para el transporte y 0,13% para la distribución. Además, se fijan inversiones anuales entre 2026 y 2030 de 1.540 millones de euros para distribución y 720 millones para transporte, lo que supondría 3.000 millones acumulados en cinco años.
La Junta de Andalucía ha reclamado que estas inversiones se aborden de forma más estable y predecible, no como medidas excepcionales, recordando el precedente del Real Decreto-ley 23/2020, que permitió elevar temporalmente los límites al 0,075% y 0,14% para transporte y distribución durante el trienio 2020-2022.
El Ejecutivo andaluz también ha pedido que las comunidades autónomas participen en la selección de las inversiones prioritarias en sus territorios, ya que las necesidades varían según la región y las administraciones regionales son quienes mejor conocen sus carencias y prioridades.
Insuficiencia de red
El proyecto ministerial contempla criterios como las “inversiones anticipatorias” en zonas con insuficiencia de red o aquellas destinadas a mejorar la calidad del suministro eléctrico, un aspecto que Andalucía considera esencial por los problemas que sufren zonas rurales o dispersas, donde los cortes de luz son frecuentes en periodos de alta demanda. Por ello, la Junta propone reforzar la inversión en este tipo de proyectos y permitir que las comunidades definan las actuaciones críticas dentro de la planificación estatal.
Otro de los puntos clave de las alegaciones andaluzas es la necesidad de revisar los índices que miden la calidad del suministro, mediante la modificación de la Orden ECO/797/2002. El objetivo es que los parámetros reflejen mejor la experiencia real de los usuarios, incluyendo factores como la energía no suministrada, los niveles de tensión, la estabilidad del voltaje o los datos recogidos por los contadores inteligentes. También se propone segmentar por tipo de usuario —hospitales, telecomunicaciones o industrias clave— para evitar que se diluyan los problemas específicos en promedios globales.
La Junta de Andalucía reclama además un papel más activo en el diseño y seguimiento de los planes de inversión, así como en la priorización de infraestructuras críticas y proyectos estratégicos definidos por las propias comunidades autónomas. Estas observaciones se complementan con otros aspectos técnicos y formales, con el fin de contar con una normativa que reconozca el papel clave de las autonomías en el desarrollo y mejora de las redes eléctricas.
Estas alegaciones se suman a las propuestas que Andalucía ha elevado a la Comisión Europea sobre el European Grids Package, el futuro paquete de medidas para modernizar las redes eléctricas europeas, cuya aprobación está prevista para el cuarto trimestre de 2025. En este documento, la comunidad ha insistido en mejorar la interconexión entre España y Francia, eliminar topes a la inversión, reforzar la gobernanza del Plan Decenal Europeo de Redes, e integrar plenamente la distribución en la planificación europea, con el fin de acelerar la electrificación y la integración de las energías renovables.
