Parece que fue un mal sueño pero no, ocurrió de verdad. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el pasado 24 de enero de 2023, ha habido 664.618.938 casos confirmados de COVID-19, incluidas 6.722.949 muertes, notificadas a la OMS. A 17 de enero de 2023 se han administrado un total de 13.131.550.798 dosis de vacunas.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado que esta semana el Comité de Emergencia sobre COVID-19 de la OMS se reunirá para debatir si la situación actual sigue constituyendo una emergencia global."Casi exactamente 3 años después de declarar una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional, nuestro máximo nivel de alerta, esta semana el Comité de Emergencia sobre Covid-19 se reunirá para debatir si la situación actual sigue constituyendo una emergencia global», ha detallado en rueda de prensa.
En España según Amnistía Internacional seis instituciones del estado han abandonado a las familias de las víctimas perpetuando la impunidad. Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del estado.
“La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, incluyendo las instrucciones y/o protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.
📣 Seis instituciones del estado han abandonado a las familias de las personas fallecidas en residencias durante la pandemia perpetuando la impunidad. Murieron 35.000 personas mayores. #NoOlvidamos https://t.co/VhWWVpBHdQ
— Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) January 25, 2023
Amnistía Internacional es una de las pocas instituciones que no ha olvidado lo sucedido en las residencias de ancianos y considera necesaria la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas
“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”. Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.
1/ La mamá de Ángela murió en la 1era ola COVID. Sigue buscando justicia. Murieron + de 35.000 personas en residencias. FIRMA https://t.co/DpQ64R9VqK
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Amnistía Internacional critica la ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, incluyendo las instrucciones y/o protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.
“Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
A juicio de la organización las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, tal y como exige la normativa internacional, así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo.
El abandono del Estado
“El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del Estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”, continúa Beltrán.
Pero lo más sorprendente es que Amnistía Internacional denuncia la opacidad de la Fiscalía General del Estado ya que, tres años después del inicio de la pandemia, no existen datos de acceso público del total de diligencias penales en las que la Fiscalía ha intervenido, ni en qué ha consistido su actuación.
Tampoco existe información para saber en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias, o en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa.
La Fiscalía ha emitido dos oficios solicitando información a las fiscalías provinciales en febrero y octubre de 2022, sin que por el momento se hayan hecho públicos informes de datos o actuaciones derivadas de las mismas.
Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, el Defensor del Pueblo no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido. En el último informe anual disponible del año 2021, el Defensor plantea como preocupación la falta de datos homogéneos y otras preocupaciones sobre el modelo de residencias, sin embargo no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema.
Amnistía Internacional ha solicitado al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario.
Resulta bastante complicado investigar y llegar a conclusiones sobre lo sucedido porque los datos publicados hasta el momento son parciales, y corresponden a información que alguna de las fiscalías provinciales incluye en sus memorias anuales y no a un ejercicio de Fiscalía General de tener un mapa completo de lo sucedido.
Amnistía Internacional expone el caso de la Fiscalía de Madrid, que ha aportado datos en su última memoria referentes a sus actuaciones de 2021, el 86% de los casos han sido archivados. La Memoria de la Fiscalía de Cataluña relativa a 2021 da cuenta de su preocupación por los derechos de las personas mayores, pero ofrece escasos datos sobre los casos penales.
Amnistía Internacional considera que la ausencia de datos consolidados (cuantitativos y cualitativos) constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido, y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente. En Madrid, un juez ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y de Carlos Mur, en aquel momento Director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.
La organización solicita al Gobierno un acto público de reconocimiento de lo sucedido a las víctimas en el que se comprometa a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas ellas. “Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”, concluye Beltrán.
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