Mientras los ayuntamientos mantienen contactos con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para solicitar la declaración de zona catastrófica para facilitar la inversión necesaria para la reconstrucción de los términos municipales afectados por el incendio de Almonaster la Real, declarado el pasado jueves 27 de agosto y controlado este pasado miércoles, 2 de septiembre, la sociedad civil se organiza ante el temor a quedar desamparadas cuando las administraciones activen una recuperación en los despachos, sin contar con las personas que viven -directa o indirectamente- del territorio calcinado. La Junta ha avanzado que activará un plan de recuperación ambiental para el que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible pide colaboración entra administraciones.
La asociación Aldeas Unidas ha elevado un escrito a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva de la Junta de Andalucía para solicitar que se habilite cuanto antes una Oficina Técnica que atienda a las personas afectadas por este incendio forestal, sin dejar a nadie atrás. El texto lo firma el presidente de Aldeas Unidas, Pedro J. Marín, desde Cueva de la Mora, una aldea de Almonaster la Real, y va dirigido al titular de la delegación Álvaro Burgos con registro de entrada de este pasado miércoles.
Suma en pocas horas desde su publicación decenas de adhesiones de asociaciones y colectivos de toda Andalucía, como la Asociación Con los Pies en la Tierra, Ecologistas en Acción, A desalambrar, o Asedeca: luchan para que la población sea parte activa del difícil proceso que se abrirá una vez que los focos queden definitivamente extinguidos por el Plan Infoca. Quieren evitar que la mayoría social quede orillada en la fase de reconstrucción del área calcinada.
Al menos 55 vías pecuarias, competencia de la administración autonómica, se encuentran usurpadas en estos municipios, un patrimonio caminero que algunas voces llama a rehabilitar para facilitar en situaciones de emergencia una respuesta rápida. Al Gobierno andaluz le recuerdan que los incendios se apagan en invierno y que las comarcas afectadas suman años de incendios, por ello solicitan "la convocatoria de reuniones con los colectivos sociales, económicos, culturales y con la ciudadanía en general de los municipios afectados para hacer un diagnóstico acertado de las causas y consecuencias del incendio, para realizar las propuestas que no dejen a nadie atrás", porque está en riesgo "el futuro de las comarcas de la Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera, todas ellas demasiado castigadas por incendios similares que se están repitiendo peligrosamente a lo largo del tiempo". Las mediciones que se han realizado en las últimas horas elevan a 16.200 hectáreas la superficie quemada de territorio de dehesa, con usos para la agricultura y ganadería.
El fuego supuso el desalojo de unas 3.200 personas de sus hogares ante el riesgo de que las llamas se aproximasen a las áreas habitadas. A toro pasado, lo devastado es hoy una amenaza para la pervivencia de la población, de las familias, en el territorio. "Aunque hasta la fecha no ha habido que lamentar la pérdida de vidas humanas, sí está produciendo enormes daños materiales en fincas, huertos y entornos de los núcleos urbanos, así como la muerte de especies vegetales y animales acabando con la biodiversidad, lo que supone un enorme desastre ecológico, la destrucción de ecosistemas y del paisaje que tardarán décadas en recuperarse", detallan desde Aldeas Unidas en la demanda con la que siguen reclamando adhesiones a nivel andaluz y estatal.
Zonas que ardieron desde el pasado 27 de agosto. FOTO: CEDIDA
Consecuencias del fuego más allá del foco mediático
Cuando el Servicio de Extinción de Incendios del Plan Infoca indicó que el fuego de Almonaster la Real había quedado controlado, el foco mediático y la presencia de autoridades y líderes políticos en los puestos de control y de mando fue menguando. Una visibilidad que las cinco jornadas en las que el incendio estuvo fuera de control y pendiente de estabilizar coparon los responsables institucionales, por encima de las personas afectadas. De ahí que Aldeas Unidas pone énfasis en el papel protagonista de la colectividad frente a un número reducido de propietarios de las tierras.
De fondo está la máxima de que, jóvenes o mayores, las personas residentes en estos núcleos de población subsisten y viven de la dehesa, de la agricultura y de la ganadería, y combaten el paro, la precariedad laboral y los procesos de despoblación que la falta de oportunidades -por el progresivo abandono del área rural en la dinámica de las últimas décadas- ha propiciado.
Un bombero del Infoca tras intervenir en la lucha contra el fuego. FOTO: JUNTA
A la Junta de Andalucía le recuerdan cuestiones básicas que van desde los efectos del fuego para el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, a los valores antropológicos de las actividades que históricamente se han venido realizando en estos enclaves que han sido pasto de las llamas. "Estos devastadores efectos trascienden a la colectividad más allá de la mera titularidad de las tierras y elementos materiales afectados por el incendio porque estos bienes (biodiversidad, paisaje, vegetación esencial para combatir el cambio climático y los impactos de la cercana actividad minera) inciden directamente en el bienestar de la población, en el uso y disfrute de los espacios públicos y del territorio, en la continuidad de actividades ancestrales de gran valor antropológico", cita la instancia.
La Fundación Savia ha defendido la activación de la sociedad civil, "organizándose para pedir celeridad y priorizar las actuaciones", y facilita con los colectivos del entorno la creación de una plataforma que defienda a estas comarcas cuando el tiempo borre de los medios "el incendio de Almonaster", pero sus restos sigan palpitando en los enclaves impactados en los próximos años.
Empleo en labores de repoblación del monte para fijar población
La sociedad civil en esta demanda insiste en la necesidad de que las administraciones generen empleo estable en materia forestal en una comarca que suma años de depresión económica para abordar tareas como la repoblación vegetal de la zona. "La población local afectada tiene derecho a formar parte de la toma de decisiones sobre las medidas que se haya de adoptar para conseguir la más rápida recuperación del territorio, en especial las acciones de apoyo y fomento para compensar pérdidas, para revitalizar la actividad económica y social, para la repoblación vegetal que debe hacerse además con especies autóctonas resistentes a los incendios, corrigiendo los errores de pasado que apostaron por el monocultivo de especies alóctonas pirófitas como el eucalipto y el pino que han contribuido a la mayor y más rápida propagación del incendio", citan.
Los municipios afectados se caracterizan dentro de la provincia de Huelva por tener un gran número de núcleos de población, ya sean cabeceras o aldeas históricas, siendo éstas las que en general han sufrido los mayores estragos del incendio, junto con los núcleos de La Zarza–Perrunal. La sociedad civil defiende respuestas ambiciosas de las administraciones para dar respuesta a la denominada España Vaciada, en alusión al libro del mismo nombre del escritor Sergio del Molino, un área que hoy tiene hueco incluso en el Consejo de Ministros del Gobierno de España con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
"Este incendio ha puesto en riesgo una forma de ocupación del territorio, del ámbito rural, que tiene un especial valor antropológico para toda la provincia, para Andalucía y para todo el país, en un momento en el que se está reivindicando la denominada España vaciada, por ello esta población local, como parte directamente interesada, tiene derecho a decidir sobre su presente y su futuro, más allá de que sea o no titular de fincas forestales, agrarias o mineras", reivindican los agentes sociales.
Impunidad ante los fuegos
La sociedad civil afectada por el incendio exige que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de las causas del incendio "con la exigencia de depurar responsabilidades hasta sus últimas consecuencias".
Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno Andaluz que active un plan urgente de choque para la recuperación y actualización del Plan Forestal Andaluz, la investigación e información sobre causas y responsables del incendio, y la protección del pastoreo extensivo tradicional "como patrimonio cultural andaluz en apoyo a la prevención de incendios forestales".
Para la organización ecologistas es reprobable la percepción de "impunidad" ante los continuos incendios que asolan esta zona en los últimos veinte años. Explican parte de la virulencia del fuego en la repoblación de la zona con pinos y eucaliptales en densiddades muy altas, cuestiones que señala para evitar que vuelvan a repetirse en esta ocasión en un paraje que es antesala al Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
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