Adiós al Libro de Familia: desde este sábado todo queda digitalizado, y hay cambios que debes conocer

El proceso legal para el nuevo modelo de registro individual digitalizado llevaba en marcha una década, pero esta misma semana ha sido necesaria una nueva reforma 'in extremis'

Adiós al Libro de Familia.
Adiós al Libro de Familia.

El Libro de Familia en formato de papel ha dejado de expedirse este viernes 30 de abril y tiene sustituto, un registro individual que se abrirá a cada recién nacido, al que se asignará un código personal, y donde se inscribirán todos los hechos relativos a la identidad y estado civil, entre otros. Así ocurrirá a partir de mañana, cuando entra en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro individual para cada persona.

La nueva norma establece que "se prescindirá del Libro de Familia -que pierde sentido dentro del modelo moderno que se ha configurado-" y, por ello, se prevé que en cada registro individual conste "una hoja o extracto en la que figuren los datos personales de la vida del individuo". En dicho registro individual de cada persona, constarán los hechos y actos relativos a la identidad, estado civil y se anotarán, "continuada, sucesiva y cronológicamente", todos los hechos y actos que tengan acceso al Registro Civil.

A cada registro individual abierto con la primera inscripción que se practique se le asignará un código personal constituido por la secuencia alfanumérica que atribuya el sistema informático vigente para el documento nacional de identidad. La ley también establece que la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad, se inscribirán en el registro individual, informa Europa Press.

Asimismo, se inscribirán la emancipación y el beneficio de la mayor edad, los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales, la declaración judicial de modificación de la capacidad o la sujeción a la tutela por una entidad pública. También son inscribibles los actos relativos al patrimonio protegido de las personas con discapacidad. La inscripción de la defunción cerrará el registro individual. En cuanto a la supresión del Libro de Familia en formato de papel, los abogados de familia lo han valorado positivamente pues consideran que reducirá los motivos de discusión en las parejas.

"Tras un divorcio, el Libro de Familia se convertía en motivo de controversia porque las parejas se peleaban por tener el original. Con el nuevo formato, se podrá tener acceso a toda la información sin recurrir al Registro Civil para pedir un duplicado, un trámite que en ocasiones no resultaba sencillo", ha explicado la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano. Asimismo, desde la AEAFA señalan que el Libro de Familia tradicional generaba inconvenientes en determinadas gestiones, sobre todo de índole internacional, ya que los ciudadanos no suelen actualizarlo e incorporar los cambios que se producen en la familia, como son las defunciones o los divorcios.

Según explican los abogados de familia, este documento es esencial para cursar el DNI o pasaporte a un menor de edad, tramitar la baja maternal, dar de alta a los hijos en la cartilla de la Seguridad Social, empadronarse en el lugar de la residencia, solicitar plaza en una guardería o en un colegio público o concertado, pedir el paro o cobrar el subsidio cuando este se termina, firmar un contrato laboral o viajar con un bebé, entre otros. Este documento tradicional, que expedía el Registro Civil y que existía en la práctica totalidad de los hogares españoles data desde más de un siglo y acreditaba las relaciones de parentesco en el núcleo familiar, entre padres e hijos y entre cónyuges. Los Libros de Familia expedidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley seguirán teniendo los efectos previstos en los artículos 8 y 75 de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, según precisa la ley.

Una ley de una década

La nueva ley del Registro Civil, que llevaba en barbecho una década, finalmente ha entrado en vigor alumbrando un nuevo modelo que se asienta sobre tres pilares: la desjudicalización, la digitalización y la implantación territorial para no dejar atrás a la España vaciada. La ley ha incorporado una reforma in extremis aprobada esta misma semana para "redefinir algunos aspectos", entre ellos "preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito" y "garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas dotada de servicios electrónicos y adecuadamente capilarizada en todo el territorio nacional", de acuerdo con su preámbulo.

El principal cambio es que las oficinas del Registro Civil ya no estarán en manos de los jueces, aunque se mantendrán arraigadas en la administración de justicia. Ahora, sus distintas sedes estarán dirigidas por Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y gestionadas por funcionarios públicos. Y ello, expone la propia ley, para "una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficiente de los distintos expedientes".

El Registro Civil será uno solo para toda España pero quedará estructurado en una Oficina Central, una Oficina General por cada comunidad o ciudad autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, y una red de oficinas consulares. A ellas se añaden las oficinas colaboradoras, que surgirán de la modernización de los actuales Registros Civiles Municipales en los juzgados de paz.

Victoria de Pablo, senadora socialista que ha sido ponente de la última reforma, ha destacado esta "implantación territorial total" como algo "muy importante para el mundo rural". "Hasta el pueblo mas pequeño va a poder tener la naturaleza de oficina colaboradora, lo que garantiza la cercanía de las funciones del Registro Civil al ciudadano en su territorio", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Otro de los hitos es que se pasa de un registro de hechos a un registro de personas, tal y como lo definió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una reciente entrevista. Así, se suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y se crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción se le asigna un código personal que le servirá para el resto de su vida, una especie de DNI registral.

El salto digital

El Registro Civil se transformará en una base de datos única de acceso electrónico para "eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas", señala el texto legal. Con todo, desaparece el Libro de Familia para dar paso a una hoja individual asociada a ese código personal donde constarán todos los datos de la vida del individuo, para dejar atrás la tradicional configuración del estado civil a partir de la filiación o el matrimonio.

La senadora socialista también ha querido resaltar "la huella feminista" en el nuevo Registro Civil, plasmada en "la agilización de los expedientes de cambio de apellido e incluso de identidad de los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista", que antes correspondían a los jueces encargados de las oficinas registrales, pero en su vertiente jurisdiccional, y ahora podrán decidir los Letrados de Justicia -nuevos secretarios judiciales, conocidos como LAJs- de forma más rápida.

A pesar de que el nuevo modelo de Registro Civil concita un amplio consenso, algo que se ha visto reflejado en el hecho de la última reforma se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox, los letrados de la administración de justicia han advertido sobre determinadas cuestiones. "Hay algunas sombras", ha sostenido el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Rafael Lara.

Tanto Lara como Francisco Aguilar, de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han reclamado que los LAJs que sustituirán a los jueces como encargados de las oficinas registrales reciban el mismo salario que estaban percibiendo los togados. "A igual trabajo, igual retribución", ha defendido el CNSJ. La reivindicación salarial cobra aún más sentido, han esgrimido, si se tiene en cuenta que en aquellas oficinas con competencias mixtas -registrales y jurisdiccionales- el LAJ sumará a la actual llevanza de la oficina judicial la oficina del Registro Civil. Razón por la cual también han exigido que se refuerce el cuerpo de letrados de la administración de justicia.

Interrogada sobre esta sobrecarga de trabajo, De Pablo ha apuntado que la igualdad retributiva podrá fijarse en las normas posteriores de desarrollo, como el reglamento o la relación de puestos de trabajo, recordando en cualquier caso que la "vocación" de la ley es que los LAJ que se ocupen de las oficinas registrales las asuman como función exclusiva.

Otro de los asuntos sobre los que los LAJs han llamado la atención es el hecho de que en algunos casos la designación será discrecional. Lara ha considerado que, ya que "el puesto de trabajo es de contenido jurídico y fe pública, debería ser un concurso de méritos". La UPSJ, por su parte, pide eliminar la libre designación por suponer "una devaluación profesional y una mercantilización del cuerpo inasumible", y que primen los criterios de mérito, capacidad y transparencia.

Asimismo, Javier Jordán, portavoz de CSIF, ha puesto el acento en la necesidad de formar a todo el personal de la administración de justicia que trabajará en el nuevo Registro Civil, dado el desfase tecnológico respecto al trabajo que venían realizando. "La formación continúa es clave para la prestación de un buen servicio público", ha remachado.

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